Si asumimos que una crisis institucional implica el bloqueo de una o varias instituciones para el ejercicio de sus funciones constitucionales, o el enfrentamiento entre diferentes instituciones del Estado al punto que se vea amenazada la gobernabilidad democrática, pues en realidad no estamos en ese punto. En ese sentido no existe una crisis institucional. Pero eso no significa que no exista un riesgo político; lo que ocurre es que aún no existe consenso entre la misma oposición y los medios de comunicación sobre el verdadero alcance del riesgo político.

Tal vez la aproximación que más me gusta es la de Pedro Medellín cuando dice que el presidente está promoviendo la desinstitucionalización del Estado. Para ponerlo en términos sencillos, estaríamos asistiendo a una etapa de fortalecimiento del poder presidencial en desmedro de las otras instituciones del Estado y aún de las diferentes instancias del poder ejecutivo. Además, el presidente estaría cooptando las otras ramas del poder público, proceso que se profundizaría una vez se formalice su reelección. A esto se ha referido también el Director del Partido Liberal. Y es por esa vía, por la de la concentración de poder en la figura del presidente Uribe, que el Estado de derecho puede encontrarse en riesgo en Colombia si se impide que funcione el sistema de pesos y contrapesos propio del régimen democrático. El presidente puede fortalecer el poder presidencial, está en su derecho, pero es indispensable que facilite y no obstaculice el ejercicio de los contrapesos. Eso es lo que está en duda en estos momentos.