El
fallo de la Corte Constitucional emitido el día de ayer con respecto a
la Ley de Justicia y Paz, mediante el cual se elimina el delito de
sedición, se aumentan en la práctica las penas a que pueden ser
condenados los paramilitares y se revisan los procedimientos para la
aplicación de la ley, ponen al país frente a una encrucijada. Por una
parte fortalece el Estado de derecho, pero por otra parte se enreda la
busqueda de la paz.
En
efecto, el fallo de la Corte busca garantizar los derechos de las
víctimas al tiempo que brinda a la justicia herramientas que permitan
juzgar a los paramilitares sin la laxitud que existía en la ley. En ese
sentido la Corte recogió algunas de las críticas que se manifestaron a
la ley durante su discusión en el Congreso, específicamente en términos
de introducir garantías para que haya justicia y reparación a las
víctimas. Uno de los efectos prácticos del fallo es que personas como Mancuso se
enfrentan ahora no a una pena de 4 o 5 años, sino probablemente a una
de 30 o 40 años, básicamente porque tenía condenas previas al
acogimiento a la Ley de Justicia y Paz que ahora con el nuevo marco no
son cubiertas. En su esencia, el fallo la Corte Constitucional está
admitiendo que los delitos cometidos por los paramilitares no pueden
ser considerados como delitos políticos. Por este lado, el fallo de la
Corte entra a llenar un vacio gigantesco que había aprobado el Congreso y que respondía a los términos pactados por el gobierno y los paramilitares en Ralito.
Pero
por otra aparte, el fallo de la Corte constituye un obstáculo
monumental a los acuerdos de Ralito. Hay que esperar el pronunciamiento
oficial de los paramilitares, que posiblemente se producirá en las
próximas horas, pero es de esperarse que se produzca una crisis en ese proceso. Desde la perspectiva de las paramilitares el
fallo de la Corte desconoce el esfuerzo que ellos han realizado por la
paz de Colombia y el significado que tiene la desmovilización de 30.000
hombres en armas. El fallo endurece los términos de los acuerdos en
momentos en que los paramilitares aparentemente han desmontado su
estructura militar. Y digo aparentemente, porque de todas maneras se
sabe que ya hay nuevas organizaciones armadas listas a reemplazar a las
desmovilizadas. Con esto quiero decir que si el Estado fortaleció su
posición por el lado de la aplicación de la justicia, los paramilitares
pueden tener sus estructuras militares listas para ejercer presión
armada.
Lo ocurrido
ayer simplemente pone nuevamente sobre el tapete la discusión que se
viene dando desde hace tres años alrededor de los sacrificios que está
dispuesto a hacer el país en la búsqueda de la paz. Si está dispuesto a
sacrificar justicia, verdad y reparación en aras de la paz o si, por el
contrario, debe existir un mayor balance en la ley que permita alcanzar
está última sin hacer grandes sacrificios en lo primero.
El
tema entra a partir de ahora el terreno de la discusión de la
extradición. En lo inmediato, los paramilitares podrían mantenerse en
el proceso si reciben alguna garantía de que en el futuro no serán
extraditados. Tal como estaba la ley de justicia y paz, y con el
ordenamiento legal vigente, ellos no tenían ninguna garantía de que en
el futuro no llegaran a ser extraditados. Ahora, han perdido beneficios
de la ley y el riesgo de extradición sigue latente. Es probable que
ellos puedan soportar las nuevas condiciones de la ley de justicia y
paz, pero lo que si es seguro es que en los próximos meses el Congreso
recibirá una gran presión para que apruebe una reforma constitucional
prohibiendo nuevamente la extradición. Algo de eso ya ha comenzado a
cocinarse en el Congreso. Donde sí va a ser muy difícil que ejerzan
presión los actores armado de la guerra en Colombia es ante la Corte
Penal Internacional.
Finalmente,
se rumora con insistencia la posibilidad de que las Farc entren en una
negociación con el gobierno en los próximos meses. El fallo de la Corte
Constitucional, es decir los nuevos términos de la ley de justicia y
paz, en teoría podrían aplicar por igual para ellos. Si no se consigue
el auténtico desmonte del paramilitarismo, la negociación con las Farc
tampoco avanzará. Adicionalmente está el escenario electoral: cómo
afectará este fallo las posiciones de los candidatos? Debilitará este
fallo al imbatible presidente-candidato? Amanecerá y veremos.
Comments