Mucho se ha hablado en Colombia durante la última semana sobre el tipo de oposición política que tendrá el nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ello en razón de las declaraciones de Carlos Gaviria, en nombre del Polo, de César Gaviria, en nombre del Partido Liberal, y de Ernesto Samper Pizano, en entrevista con El Espectador. De lo que muy poco se ha hablado es de que las garantías que existen para el ejercicio de la oposición política en Colombia son mínimas y es convieniente que ellas se amplíen para la salud de la democracia colombiana.

Lo primero que es necesario aclarar es que la oposición política es legítima e indispensable en un régimen democrático (por eso las declaraciones que hizo Uribe como candidato sobre el “comunismo disfrazado” para referirse a un sector de la oposición fueron nefastas para el país y me atrevo a afirmar que tuvieron un objetivo que va más allá de las elecciones presidenciales, aunque acepto que esta es una interpretación que todavía no se puede demostrar y por tanto forma parte de una especulación). El punto es que el país debe aceptar —comenzando por el gobierno— que la oposición es necesaria y conveniente, no solamente durante la campaña electoral sino, igualmente, durante el ejercicio de gobierno.

Por eso coincido con Eduardo Pizarro cuando dice que la oposición política:

• Permite la canalización de los desacuerdos por los canales institucionales.
• Aumenta la fiscalización, con lo cual se reduce la corrupción y la ineficacia de la gestión pública.
• Es un instrumento para fortalecer a los partidos y definir mejor sus perfiles programáticos, tanto para aquellos que gobiernan como para aquellos que se oponen y aspiran a convertirse en una opción de poder.
• Presiona al gobierno para que centre su gestión en su programa y no en el resultado de simples pactos burocráticos.

Lo que ocurre es que para que la oposición se pueda ejercer cabalmente en Colombia es necesario que esté reglamentada y ampliamente protegida por la ley. En nuestro caso, la Constitución Política le dedica un artículo que al mismo tiempo es amplio y estrecho. Es amplio comparado con el contexto latinoamericano en donde en la mayoría de los casos sus constituciones se refieren al tema de una manera mucho más vaga. Es estrecho tomando en cuenta que le falta desarrollo legislativo. Me explico.

La Constitución Política establece en su capítulo tercero, artículo 12, que: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.” (Subrayado mío).

Entonces, la legislación colombiana se ha quedado corta porque no ha expedido dicho Estatuto. En diciembre de 2004 se hundió en el tercer debate el proyecto de ley estatutaria de la oposición porque la bancada uribista disolvió el quórum necesario para deliberar. Inmediatamente, el Partido Liberal y el Polo denunciaron que dicho vacío representaría una ventaja indebida para la campaña reeleccionista.

En 2005 organizaciones internacionales como International Crisis Group solicitaron al gobierno colombiano “Implementar las disposiciones del estatuto de la oposición política de una manera completa y oportuna, con el fin de garantizar elecciones imparciales para presidente y Congreso en el 2006.” La mira de ICG estaba en las elecciones pasadas, pero la solicitud sigue abierta.

Hace un par de días el Diario La Tarde señalaba que “una de las falencias que tiene Colombia es que carece del Estatuto de la Oposición Política que se debe hacer a través de una ley estatutaria...”. En síntesis, el vacío sigue ahí.

La legislación colombiana se ha quedado corta en esta materia por el módico término de quince años (desde la expedición de la Constitución en 1991 hasta hoy). Es de suponer que el actual gobierno, que ya hundió el proyecto en una oportunidad, no será el que va a impulsarlo en este cuatrienio, máxime cuando lo que está en juego es el riesgo real de que el "establecimiento" pierda el control sobre el aparato del Estado en 2010.

Entonces, estamos en una situación en que el país uribista (¿el gobierno uribista?) tiene la tendencia a no aceptar la legitimidad de la oposición y esta no tiene un marco jurídico que la proteja. ¡Que diferencia con la filosofía política liberal de Virgilio Barco y Don Mario Latorre!

Parte del problema está en que existen dos tipos de oposición en Colombia: una armada, anti-sistema e ilegal, representada en la guerrilla. Y otra reformista (incluso bastante afín al gobierno de turno, en el caso del Partido Liberal), pro-sistema y legal.

En el caso del Polo ya se vio que por su origen de izquierda hay sectores del país que quieren ponerlo en el mismo saco de la guerrilla. Este parecía ser un obstáculo para el desarrollo de la izquierda democrática, pero los resultados del 28 de mayo demostraron que la realidad va por otro lado y que muchos colombianos no comen cuento.

En el caso del Partido Liberal, una vez con Serpa fuera del escenario por “mandato popular” parece probable que el liderazgo del partido, no solo el formal sino especialmente en cuanto a su contenido, seguirá en manos de la corriente gavirista (la de César). Y esa corriente tiene diferencias de matices con el gobierno de Uribe. El Partido Liberal entrará en una etapa de acercamiento progresivo con el gobierno, porque Ernesto Samper y César Gaviria son políticos profesionales, son pragmáticos y su oficio es "lidiar"con el poder. En el fondo, la diferencia que hay entre sus posiciones es sobre los tiempos y el modo de ese acercamiento.

Bastante al margen quiero decir que las elecciones pasadas realmente reagruparon las fuerzas políticas en Colombia. Por un lado se está formando una fuerza política que, por sus orígenes, podríamos llamar “frentenacionalista” que agrupa a conservadores y liberales de derecha. Por el otro lado tenemos una fuerza “liberacionista” que agrupa a la izquierda democrática tradicional, el partido comunista, liberales de izquierda y muchos de los antiguos militantes de grupos guerrilleros reinsertados en los noventas. En la primer fuerza política falta por entrar el sector de origen “neoliberal” del Partido Liberal (Gaviria, Pardo, Rivera, etc.). En la segunda fuerza faltan por entrar quienes para ese momento serán antiguos militantes de los grupos guerrilleros que tarde o temprano se reinsertarán en la vida civil.