En los Estados Unidos George Bush pasó de ser uno de los presidentes más populares de la historia a convertirse en un presidente aislado (con una aprobación del 30%); su capital político le permitió reelegirse y mantener una campaña militar en Irak y otra en Afganistán. En noviembre próximo los electores muy probablemente lo castigarán inclinando la balanza del Congreso hacia el partido demócrata, creando con ello un nuevo escenario para el gobierno colombiano. Mientras tanto, continúa siendo una incógnita qué hará el presidente Álvaro Uribe con su capital político después que fue reelegido.

Durante los últimos cuatro años, las relaciones bilaterales han girado en torno a tres temas claves:

• Comercio
• Narcotráfico
• Conflicto armado interno.
  

En el campo comercial, la administración Bush prorrogó en el 2002 las preferencias arancelarias de las que se benefician las exportaciones colombianas por cuenta del ATPDEA (que expirará en diciembre 31 de este año); se inició y concluyó la negociación de un Tratado de Libre Comercio (que tiene amigos y enemigos poderosos); y aumentó la inversión norteamericana en Colombia, especialmente en el área de hidrocarburos.

En la llamada “lucha contra el narcotráfico”, el gobierno colombiano continuó aplicando la receta norteamericana, que consiste en “atacar el narcotráfico en la fuente” (así lo llaman ellos), lo cual se ha materializado en una campaña intensa, sostenida y relativamente inútil de erradicación de cultivos; en una política de puertas abiertas en materia de interdicción marítima y aérea; y en un aumento significativo en la extradición de colombianos (la administración Uribe declara orgullosamente que ha extraditado el mayor número de ciudadanos colombianos –más de 400— en toda la historia).

En el terreno del conflicto armado (claro que existe un conflicto armado!) la administración Bush continuó reservándose los ases en su juego con el gobierno colombiano y mientras por un lado extendió la duración del Plan Colombia, reforzando su componente militar a través del Plan Patriota, por el otro pidió y consiguió la extradición de comandantes guerrilleros de nivel medio (por primera vez en la historia), y le dio un compás de espera a la aplicación de los acuerdos entre los grupos paramilitares y el gobierno colombiano dejando en suspenso, por ejemplo, las solicitudes de extradición que pesaban sobre algunos voceros sentados en Santafe de Ralito.

En materia de comercio, narcotráfico y conflicto, los dos gobiernos han llegado a acuerdos que le dan un margen de maniobra al país, pero donde quien tiene la sartén por el mango son los Estados Unidos. Colombia asume los costos, y los beneficios se reparten en partes desiguales. Qué sigue ahora?

Básicamente hay dos fórmulas a la vista. Hay temas de la agenda que se van a profundizar y otros que pueden entrar en revisión. Los Estados Unidos seguirán exigiendo y presionando para que el gobierno colombiano no baje la guardia en la erradicación de cultivos ilícitos. Aquí debe mencionarse como un punto a favor del gobierno colombiano que esté intentando practicar la erradicación manual en los parques nacionales, así en el resto del país siga envenenando el medio ambiente con glifosato. Ya deben tener listos los nuevos objetivos en esta materia, con su correspondiente cronograma georeferenciado: . Ellos toman las imágenes satelitales, fijan los objetivos, diseñan las estrategias, financian las operaciones de asperción y evalúan los resultados; nosotros hacemos la tarea, para que el narcotráfico se pueda seguir combatiendo en la fuente y no en el destino.

También seguirán exigiendo la extradición de ciudadanos colombianos, y el gobierno colombiano seguirá entregándolos, a menos que el siempre espinoso tema se lleve a reforma constitucional, como parece ser el caso. Los amigos de la no extradición, por convicción política y jurídica, tanto como los potenciales beneficiarios de la derogación, están comenzando a cavar un hueco muy grande en la relación de Colombia y los Estados Unidos y por ese lado el pronóstico es de “cielo parcialmente nublado con probabilidad (alta) de lluvia”.

Es probable que los norteamericanos comiencen a mirar con lupa algunos temas, en particular el proceso de desmovilización de los jefes paramilitares, la aplicación de la ley de justicia y paz, y eventualmente la ampliación de recursos para el Plan Patriota o para cualquier otra fase de la misma estrategia. En muchos círculos del gobierno norteamericano existe la creencia de que la ayuda militar debe estar condicionada a que los empresarios colombianos hagan un mayor esfuerzo tributario. Así las cosas, la reforma tributaria que se viene, responde tanto a urgencias domésticas como a presiones externas (sin mencionar al FMI y al Banco Mundial). En Colombia, el TLC entrará a debate por parte de un congreso mayoritariamente afín al presidente. No debe tener mayor problema su aprobación, aunque no es claro si este será uno de esos temas donde las mayorías uribistas buscarán conseguir (más) prebendas del gobierno a cambio de su aprobación (esto debe sonar muy extraño para los lectores no colombianos). En los Estados Unidos la aprobación es incierta y no es automática. En síntesis, este es un tema que todavía está a medio camino. En reversa, es decir con ojo crítico o decididamente acusador, pueden entrar asuntos como derechos humanos, especialmente en cuanto tiene que ver con las condicionalidades frente al desempeño de las Fuerzas Militares y de Policía.

En síntesis, las condiciones políticas han cambiado en los dos lados de la relación. Lo que funcionó hace cuatro años no funciona necesariamente en el actual escenario. La apuesta que hizo el gobierno colombiano de alinearse automáticamente con los Estados Unidos (que por supuesto no es nueva, ni exclusiva de este gobierno) le ha dado beneficios a un sector de la sociedad colombiana, aunque le ha dado mayores beneficios a los Estados Unidos y, especialmente, menores costos. La ventaja que continúa teniendo el gobierno colombiano es que los Estados Unidos ha perdido muchos interlocutores en la región y, en esa medida, Colombia sigue siendo su punta de lanza. Por otro lado, eso significa que el gobierno colombiano debe continuar haciéndole los mandados a los Estados Unidos para poder disfrutar de los “beneficios marginales” de una relación especial.

(imágenes: www.washingtonpost.com y www.news.bbc.co.uk