PARAMILITARES COLOMBIANOS ABREN CAJA DE PANDORA

Las delaciones y confesiones que están haciendo los paramilitares desmovilizados ante las autoridades judiciales están poniendo al descubierto crímenes que permanecieron ocultos por más de una década.


A raíz de la desmovilización de 30.000 paramilitares iniciada en el 2002, y como resultado de la entrada en vigor de la Ley de Justicia y Paz expedida en 2005, algunos de los antiguos combatientes han decidido confesar sus crímenes ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz e incluso delatar a sus antiguos compañeros de armas con el fin de conseguir los beneficios legales y económicos contemplados en la ley.

Los fiscales estiman que solamente con las confesiones recibidas hasta la fecha sería posible encontrar más de 1.880 cuerpos que se encuentran enterrados en fosas comunes en seis departamentos del país. Las revelaciones que han hecho los paramilitares son apenas la punta del iceberg de una realidad donde confluyen múltiples intereses.

El Poder Judicial tiene por delante el desafío de responder a las expectativas generadas con la ley de Justicia y Paz –particularmente en términos de que la desmovilización de los paramilitares no conducirá a la impunidad total– y al mismo tiempo impedir que el proceso se vea frustrado por su propia congestión e ineficiencia.

Los familiares de las víctimas, así como los desplazados, que suman entre 2,5 y 3 millones de colombianos, aspiran a un nivel de justicia, verdad y reparación, que, según se observa al día de hoy, aún se encuentra distante del nivel que está en capacidad de garantizar el Estado colombiano y la comunidad internacional.

Por otra parte, la colaboración con la justicia no es homogénea en las filas paramilitares. Los cabecillas no están dispuestos a pagar treinta o cuarenta años de cárcel, ni a ser extraditados hacia los Estados Unidos, ni a ser entregados a la justicia penal internacional. Si en algún momento decidieran ayudar a esclarecer la verdad probablemente lo harían a través de algún chivo expiatorio (tipo Carlos Castaño). La tropa paramilitar, mientras tanto, busca maximizar los potenciales beneficios, aunque se encuentra bajo la presión simultánea de sus antiguos jefes y de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Ella podría estar menos cohesionada que la dirigencia y tendría mucho menos que perder al colaborar con la justicia, y tal vez por eso ya ha comenzado a hacerlo.

 

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