La Procuraduría comprobó que Fino recibió 4 mil millones de pesos por adjudicar a una firma alemana un contrato por más de 40 mil millones de pesos para la atención de pacientes con insuficiencia renal. El 10 por ciento del valor del contrato fue depositado en sus cuentas bancarias.

Además de la inhabilidad, Fino deberá pagar una multa cercana a los 30 millones de pesos por usar su posición, jerarquía y autoridad para obtener un indebido provecho. Fino se encuentra en la cárcel.

El caso de Fino es un ejemplo más de lo que constituye una práctica generalizada en la administración pública colombiana. Es lo que en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos de Colombia se conoce simplemente como el “CVY” (¿cómo voy yo? un eufemismo para asegurar un porcentaje en todo contrato público) y la ley del 10%. En algunos casos el porcentaje asciende al 15% y aún al 20% en obras públicas en el nivel municipal.

La corrupción es uno de los peores cánceres que carcome al país. Probablemente le cuesta al país más que la violencia y el narcotráfico. Pero se convive con ella en sus “justas proporciones”, como diría el ex presidente Turbay Ayala, porque ella es el combustible que alimenta al régimen político colombiano. Sin ella, nada ni nadie se mueve.

Recordemos que el señor Fino fue Subdirector General de Impuestos Nacionales. Fue el segundo de a bordo de la señora Fanny Kertzman en la DIAN, cuando juntos le mostraron a los colombianos los dientes de un Doverman como método persuasivo para aumentar la recaudación de impuestos. Fueron implacables ante los ciudadanos morosos y ejercieron su cargo con la soberbia que da la proyección de una autoproclamada solvencia moral.

Mencionemos de paso que la señora Kertzman todavía le debe explicaciones al país con respecto a su papel en el caso del Banco del Pacífico, junto a otras eminencias de la elite colombiana. El señor Fino reemplazó después a la señora Kertzman; posteriormente fue premiado con la presidencia del ISS y finalmente montó su propia empresa política, con la cual consiguió una curul en el Consejo de Bogotá. Como puede verse, este es un caso que ilustra de cuerpo entero la forma como se manejan los hilos del poder en esta tierra llamada Colombia. El caso de Fino no es una excepción. Es la regla general.

Soy de la opinión que a los colombianos pobres, más del 50% y que en su abrumadora mayoría son personas trabajadoras, sacrificadas y honestas, debemos erigirles un monumento gigantesco (que sería sacarlos de la miseria!) por el simple hecho de permanecer rectos en medio de tanto abuso. Por generaciones han carecido de una vida digna. Hay que ver la situación generalizada de las cárceles colombianas para entender lo que le espera a un ciudadano corriente cuando viola la ley.

En el otro extremo, tenemos a unos colombianos privilegiados, muchos de ellos nacidos en el seno de familias ricas y poderosas, educados en los mejores colegios y universidades y que llegan sin mayor esfuerzo a las más altas posiciones de dirección del Estado. Llegan allí en muchos casos simplemente a seguir saqueando el botín. Para ellos existe todavía la casa por cárcel y cuentan con los mejores abogados para su defensa.

Estas personas, justamente por sus privilegios y por la responsabilidad que les fue conferida, deberían estar en las peores cárceles del país, sin ningún tipo de privilegio. Porque es más hampón y peor delincuente quien habiendo tenido todas las oportunidades de una vida cómoda se apropia de los bienes públicos, que quien finalmente nunca ha recibido nada de la sociedad y delinque para subsistir.

Llegados al final también debemos decir que es igual de delincuente quien ofrece el soborno: la famosa “empresa alemana” en el caso de Fino, y en general las grandes empresas nacionales y multinacionales que saben cómo funcionan las cosas en Colombia y siempre se las arreglan para salir por la puerta de atrás en medio del escándalo. Ellos están por encima del bien y del mal; están por encima de la ley. Y no deben estarlo.