Dicho
fallo responde a la demanda puesta ante la Corte por un grupo de más de
100 colombianos encabezados por el abogado Gustavo Gallón. La demanda
versaba sobre aspectos de forma-procedimiento y contenido de la ley, y
recaía tanto sobre aspectos puntuales de la misma como sobre su
totalidad.
El fallo fue publicado integramente en los
principales medios de comunicación de Colombia. Hasta el momento no se
ha producido un análisis de fondo, suponemos que debido a que los
expertos constitucionalistas se encuentran estudiando el complejo
documento. Los voceros de los grupos paramilitares han dicho que no se
pronunciarán de manera oficial hasta mediados del próximo mes.
Por los análisis preliminares se deduce que los cambios más sensibles tienen que ver con aspectos como los siguientes:
- No se contará como parte de la pena cumplida el tiempo que los paramilitares llevan recluidos en la zona de ubicación.
- No pagarán condenas por delitos por los que hayan sido condenados anteriormente.
- Cada uno de los grupos regionales que conforman el paramilitarismo deberá responder en su propia zona con sus bienes, para efectos de la reparación de las víctimas.
- Los paramilitares no tienen estatus político.
El proceso con los paramilitares entra ahora en un punto crítico, pues ellos se oponen a los términos de la sentencia de la Corte Constitucional. La garantía que tienen es que continúan teniendo un interlocutor sensibilizado frente a sus demandas y existe un Congreso con un sector favorable a sus intereses. En útima instancia ambas partes podrían acordar un nuevo proyecto de ley que subsane el retroceso que ellos perciben ocurrió con el fallo de la Corte.










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