500 colombianos víctimas del desplazamiento interno como resultado del conflicto armado interno completan cuatro días a la intemperie en un parque de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, esperando a que el gobierno (nacional y distrital) le dé solución a sus necesidades de vivienda y salud, informó hoy Noticias RCN. Entre los desplazados hay decenas de niños y mujeres embarazadas.

De acuerdo con la página Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): “El problema de los desplazados internos en Colombia es una de las situaciones más graves del mundo. Hay más de un millón de desplazados internos y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno. Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda internacional para dar asistencia a este sector extremadamente vulnerable de la sociedad y apoyar la búsqueda de soluciones.”

En febrero de 2004 un fallo de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Alvaro Uribe atender con carácter prioritario el problema (el drama!) del desplazamiento. En su comunicado a la opinión pública, la Corte dice que “la situación en que viven los desplazados representa un “estado de cosas inconstitucional”. La Corte adoptó esta determinación debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias entidades públicas.”

“Los derechos fundamentales que la Sala estimó violados fueron los siguientes: derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños.

En ese momento la Corte “ordenó al Consejo Nacional para la Atención Integral de los Desplazados por la Violencia, responsable de “garantizar” los recursos económicos para proteger los derechos de los desplazados, que adopte las decisiones encaminadas a asegurar la coherencia entre, de un lado, los compromisos que, mediante leyes y decretos, ha adquirido el Estado con todos los desplazados y, de otro lado, los recursos realmente destinados a lograr el goce efectivo de los derechos de los desplazados y la capacidad institucional para responder de manera oportuna y eficaz a las necesidades de la población desplazada.

“La Corte fijó el 31 de Marzo como fecha límite para definir cómo se logrará dicha coherencia entre lo jurídicamente debido y lo realmente cumplido y concedió un año para que se consigan los recursos suficientes o, de no ser posible, se redefinan las prioridades de manera pública y transparente, después de permitir la participación de las organizaciones que representan a los desplazados en la adopción de estas decisiones.

“La Corte también ordenó que los funcionarios administrativos se abstengan de exigirle a los desplazados que presenten acciones de tutela como única vía para acceder a los programas y proyectos estatales. Ordenó que los servidores públicos respondan dentro de los 15 días siguientes a su presentación, como lo dispone la ley, las peticiones que en el futuro les sean formuladas.

“Además, como la Corte constató que los desplazados no conocen sus derechos básicos, ordenó a la Red de Solidaridad Social informar a los desplazados de manera inmediata, clara y precisa cuáles son los derechos orientados a garantizarles un tratamiento digno por parte de las autoridades y verifique que ello realmente suceda.”

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, existen entre 2 y 3 millones de desplazados en Colombia (esta Fundación señala en sus documentos las inconsistencia que existen entre las cifras oficiales y las que han logrado depurar algunas organizaciones de la sociedad civil). En su documento “El Desplazamiento Interno Forzado en Colombia” señala que “aún no se superan algunos desbalances entre los distintos componentes de la política, tales como el hecho de que se sigue poniendo mucho énfasis en la atención de emergencia, mientras que es muy débil la acción en la estabilización socioeconómica, y hay escasísimos resultados en materia de prevención del desplazamiento.

“El gobierno del Presidente Alvaro Uribe ha establecido como primera prioridad de su política la promoción de los retornos de la población desplazada (PD), con pocas acciones en la integración local y todavía menos en el reasentamiento.”

El Estado colombiano tiene una responsabilidad política y social frente a los desplazados, a quienes se le están violando sus derechos y han sido arrojados a las ciudades colombianas, en muchos casos a vivir en condición de indigentes, ante la mirada indiferente de la sociedad y el propio gobierno. La mayor deuda social que tiene el Estado colombiano es la que tiene con los desplazados. Ellos deben ser también los primeros beneficiarios de las decisiones de la Comisión Nacional de Reparación.


Imagen: news.bbc.co.uk