El jueves 20 de julio se inauguraron las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso del Presidente de la República donde presentó los principales componentes de su agenda legislativa. Allí figuran los que serán elementos centrales de su gestión durante el nuevo periodo presidencial: reforma tributaria, firma del TLC, reglamentación de la tutela y de la dosis personal, y reelección de alcaldes y gobernadores, entre otros asuntos.

Eso ocurrió en el Congreso porque por fuera de él el vicepresidente Francisco Santos anunció al país la intención del gobierno de promover una reforma constitucional que buscaría remover el mandato a alcaldes y gobernadores por causales de corrupción administrativa. Hoy vamos a revisar el primer tema, sobre la reforma constitucional hablaremos en un momento más oportuno.

La entrada del día de hoy es larga. He decidido hacer una lectura detallada del discurso del presidente y lo que voy a hacer es transcribir los apartes del discursos del presidente y a continuación hago un comentario sobre el aparte respectivo.

De antemano les digo que después de leer este discurso saqué cuatro conclusiones generales:

DEMOCRACIA. “Defendemos un concepto de democracia moderna, que se caracteriza por la búsqueda de la seguridad democrática, el respeto a las libertades públicas, el imperativo de construcción de cohesión social, la transparencia como eje vinculante de los individuos entre sí y a través del Estado, y el acatamiento a las instituciones independientes, obligadas a la colaboración armónica. “

Por ningún lado se mencionan elementos fundamentales de la democracia moderna: participación ciudadana, rendición de cuentas, separación de poderes, derechos de la oposición.

METAS. “Los años que vienen deben conducirnos a la plena cobertura en educación básica, al avance en la formación técnica y su integración con la universitaria; la ampliación sustancial en la cobertura de apoyo a las familias más pobres para estimular la educación de sus hijos, programa que se denomina Familias en Acción; más investigación y más aplicación de conocimientos para ser más competitivos; multiplicar mínimo por 2.5 el crédito universitario; la plena cobertura en aseguramiento de salud con más calidad en la prestación del servicio; acceso de los colombianos al crédito con apoyo de la Banca de Oportunidades; enfrentar el crecimiento del déficit de vivienda social; poner en movimiento la ejecución de obras de competitividad. En fin, un conjunto de metas para una Nación equitativa, solidaria y próspera. “

AUV omite mencionar en cuanto tiempo se cumplirán las metas. Simplemente se dice “en los años que vienen”. ¿Cuatro años? ¿8, 20,25? Simplemente no hay una meta fija. En cuanto a educación básica, todo el mundo sabe que Colombia ha aumentado la cobertura. El problema no está ahí. El problema consiste en que la educación es de mala calidad; para ser más precisos: los más pobres reciben educación de peor calidad. Lo que se necesita es mayor cobertura y de mejor calidad, según unos estándares determinados que sean cuantificables y comprobables. La formación técnica requiere un revolcón en el Sena para que se ajuste a las exigencias del desarrollo humano y la competitividad. De nada sirve aumentar el crédito universitario –e incluso el aumento de la cobertura- si los profesionales jóvenes no encuentran empleos bien remunerados. Sí se requieren más viviendas de interés social, pero este propósito debe estar acompañado de un sistema de financiación preferencial para estratos uno y dos, y particularmente para la población desplazada.

FILOSOFÍA DE LA REFORMA TRIBUTARIA. “La reforma tributaria debe estimular el crecimiento, mejorar la equidad social, responder al clamor de ser estructural, ayudarnos a recuperar el grado de inversión, simplificar la normatividad y contribuir a la formalización de la economía".

No se menciona lo que más afecta a la gente corriente: la reforma debe ser equitativa, deber ser progresiva y no regresiva. Debe apuntar al fortalecimiento de los impuestos directos sobre los indirectos, y debe limitar el régimen de excepciones mediante mecanismos que sean transparentes y estén sujetos al control político y social.

REDUCCIÓN DE TARIFAS DE RENTA. “Para impulsar la inversión y el empleo, se propone una reducción de tarifas de renta, que nos sitúe en mejores condiciones competitivas en el entorno internacional.

"Esta propuesta, favorable además para las empresas nuevas, sustituiría la deducción del 30% del valor de las inversiones generadoras de renta. Entraría a sustituir exenciones sectoriales por un incentivo general.”

Esta es la zanahoria. Es un mensaje claro y directo a los empresarios que en síntesis consiste en que la liberación de exenciones será compensada mediante una reducción en las tarifas de renta, particularmente asociada a la inversión. La premisa aquí es que una reducción en la carga impositiva se traducirá en un incremento en la productividad. Suena bonito, ¿pero, es verdad? Tendría más sentido aplicar el beneficio a posteriri: aquellas empresas que demuestren un determinado esfuerzo en inversión, en generación de empleo, en reconversión, pueden acceder a una reducción en las tarifas de renta. Además no es necesario que sea igual para todas las empresa; se requieren unos criterios de tipo económico y social.

AUMENTO DEL GASTO MILITAR. “Necesitamos un impuesto razonable al patrimonio o a la riqueza. Durante los primeros años se destinaría a modernizar las Fuerzas Armadas. Posteriormente, sus recursos ingresarían al monto general aplicable a destinos sociales.”

Más claro no canta un gallo. El país seguirá aumentando el gasto militar, que ya es uno de los más elevados de Latinoamérica. Si hubo algún consenso en la opinión pública durante la pasada campaña electoral, como lo demostraron diversas encuestas, fue que el país requiere mejorar con urgencia la terrible desigualdad social (la segunda o tercera peor de la región). Pero ahora el mensaje que recibimos es: primero, garanticemos las condiciones que requieren los empresarios para crecer; luego, garanticemos la seguridad para generar un ambiente favorable para los inversionistas. Después, si queda platica, reforzaremos la inversión social.

ENFOQUE SOCIAL DE LA REFORMA. “La reforma es consistente con las metas sociales que deben ser financiadas y contiene elementos de esencia redistributiva. En efecto, se propone devolver el valor del impuesto al valor agregado, IVA, por anticipado, a los estratos populares. Se haría con base en el SISBEN, a través de la red financiera y con apoyo de la Banca de Oportunidades. Sería un desafío para corregir definitiva y velozmente las fallas que todavía acuse el SISBEN.

"La administración de impuestos ha devuelto, de manera cumplida, los dos puntos de IVA que ordena la ley, a los contribuyentes que pagan con dinero plástico las compras de bienes y servicios sometidos al gravamen.

"Se eleva hasta 7 salarios mínimos la exención a los ingresos laborales".

Buena filosofía. Esperamos que la red financiera no cobre comisiones sobre esas operaciones y que no ponga trabas para que la devolución del IVA sea efectiva. La exención para los ingresos más bajos es, sin duda, progresista.

EXENCIONES DE TIPO SOCIAL. “Los retos para superar rezagos en acceso a computadores, internet y banda ancha, aconsejan eliminar el IVA a computadores populares y de calidad.

"Las exenciones a la salud, educación, transporte y servicios públicos, se complementarían mediante el mecanismo de subsidios cruzados, con tarifas reducidas para estudiantes, niños y ancianos en el transporte colectivo, urbano e intermunicipal. El respectivo proyecto también será presentado en los días siguientes".

La intención, o la forma como está presentado, suena bien. En el caso de los computadores y la banda ancha, la medida debe ir acompañada de un riguroso sistema de control para prevenir que esto se convierta simplemente en un boquete que termine favoreciendo solamente a las grandes empresas y los beneficios no lleguen a los usuarios que se busca cubrir con la medida. Sería bueno saber qué son los “computadores populares”.

FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. “La formalización de la economía es prioritaria a cualquier aumento de impuestos. Ayuda a despertar en cada ciudadano el sentido de pertenencia por el colectivo nacional, sus responsabilidades con el fisco y la vocación de vigilancia para la transparencia”.

La formalización de la economía pasa por el tema tributario, peto debe comenzar por donde se ha demostrado internacionalmente que debe comenzar: la modernización del sistema catastral, la normalización del sistema de propiedad y el acceso a crédito. 3 millones de desplazados a quienes se despojó de sus tierras y a quienes se dice ahora que no hay dinero para compensarlos, no parece un buen comienzo (ni es un buen mensaje) para la formalización de la economía.

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES. “El Congreso que inicia debe legislar sobre la regla de transferencia de recursos nacionales a departamentos y municipios. Ojalá, como en todo, logremos el mayor nivel posible de consenso. Nuestro sentimiento de región nos hace comprender la aspiración de los entes territoriales por más recursos. Se requieren para el logro de metas en educación, salud y saneamiento básico”.

Mensaje para los entes territoriales: no habrá aumento en las transferencias. Con esta lógica, debería revisarse en su conjunto la descentralización política y administrativa. Las inequidades entre las regiones y dentro de ellas, amenazan con profundizarse en el mediano plazo, en detrimento del desarrollo armónico de las regiones.

REFORMA ADMINISTRATIVA. “La Reforma Administrativa ha llegado a más de 280 entidades públicas, con positivas consecuencias en la sostenibilidad de lo público y su eficiencia. Ha sido refrescante para la Nación, los departamentos y los municipios. Ya varias entidades de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía han obtenido la certificación de ISO 9000. Cuánto mejor contar con patrimonios estatales prósperos y útiles a la comunidad que en estado de quiebra, con incumplimientos a usuarios, trabajadores y pensionados. Debemos continuar la Reforma Administrativa”.

Lo que no se puede es borrar con el codo lo que escribe con la mano. La Reforma Administrativa debe ir acompañada de una mayor limitación a la injerencia de la clase política en la nominación y postulación de los funcionarios públicos. Por ejemplo, la carrera diplomática y consular se ve menoscabada cuando el servicio exterior colombiano es simplemente un fortín de los caciques políticos de todos los pelambres. El espectáculo grotesco de los barones políticos repartiéndose los principales cargos de la administración pública después de elecciones va en contravía de la Reforma Administrativa. La llamada “meritocracia”se convierte en una simple campaña de marketing político si el mérito continúa siendo la excepción y no la regla para el ingreso y la promoción dentro de la administración pública.

ACCESO AL CRÉDITO. “Las normas a introducir al sector financiero deben facilitar el acceso de los colombianos al crédito, presupuesto necesario para una sociedad con igualdad de oportunidades. Es justo concebir condiciones para obtención de crédito de deudores reportados por moras ya superadas.”

Efectivamente, los colombianos necesitan acceder al crédito. En los últimos seis meses hemos visto un rápido crecimiento en la cartera de créditos hipotecarios como resultado de la reducción en las tasas de interés ofrecidas por la banca comercial. Hay un Boom. ¿Qué va a suceder con esos créditos – y con los deudores- cuando las tasas de interés se disparen nuevamente? Nos han vendido la idea de que con la eliminación del sistema UPAC se disipó el fantasma de la quiebra de los deudores de créditos hipotecarios. Por estos lados no somos tan optimistas.

FIRMA DEL TLC.”Enorme reto es el estudio y aprobación del Tratado de Comercio con los Estados Unidos, cuya urgencia es un hecho ante el vencimiento de las preferencias unilaterales para exportar a ese País el 31 de Diciembre.

No asignamos contenidos ideológicos a los tratados de comercio; son instrumentos de generación de empleo y aumento de ingresos”.

Aquí está resumida la esencia de la discusión sobre el TLC. Para el gobierno y los defensores del TLC, este es un mecanismo comercial de naturaleza técnica. Desde esa lógica, la discusión debe girar en torno a partidas arancelarias, normas de origen, legislación comercial, etc. Para la mayoría de los críticos del TLC, esa discusión queda incompleta si no se complementa con un análisis de tipo geopolítico y si no se tiene en cuenta el peso que tiene el desbalance de poder dentro la negociación, y los efectos que esto tiene sobre los interese nacionales (no solo los de tipo comercial). En ese sentido es inexacto que el TLC sea solamente un instrumento de generación de empleo y aumento de ingresos. Esa puede ser la visión de un empresario, pero no debe ser la del Presidente de la República.

EL CAMPO. “Los menores precios externos de productos básicos de la canasta de alimentos no pueden ser pretexto para permitir la extinción de sus siembras en nuestro País. Imposible descartar el escenario de la eliminación de subsidios a productores en los países ricos, con el subsiguiente encarecimiento de precios, que de llegar a coincidir con la abolición de áreas sembradas en nuestro medio, crearía grave riesgo a la seguridad alimentaria. Esta es razón fundamental para el proyecto de ley”.

Pareciera que hay esquizofrenia en el gobierno o episodios de personalidad bipolar. La firma del TLC es incompatible con la reactivación agrícola y con la seguridad alimentaria de los colombianos. (¿se acuerdan del famoso cuento de la bandeja paisa importada?).

VIVIENDA. “Tiene el nuevo Congreso la oportunidad de concluir la aprobación del proyecto de ley que aumenta sustancialmente los recursos para vivienda social. Dimos el paso, cuya evaluación es positiva, de liquidar Inurbe y administrar los subsidios por intermedio de las cajas de compensación familiar. Un gran reto es la construcción y mejoramiento de vivienda social con la apelación a bancos de materiales, que tuvieron gran éxito en la reconstrucción de Providencia”.

Esperamos vehementemente que así sea.

RÉGIMEN LABORAL. "Las reformas laborales ya aprobadas en nuestra patria han configurado un marco de normas que no desalientan al empresario y dan garantías de equidad y estabilidad al trabajador. El reto de la hora es cumplir la ley laboral.

"Una sociedad cristiana, sin exclusiones y sin odios, demanda armonía entre empleadores y trabajadores. Observar la ley laboral es construir armonía social".

El pacto social que propone el presidente es una buena intención, pero va en contravía de la filosofía del régimen laboral colombiano y de las reformas recientes. Lo que se ha buscado justamente es la flexibilización del mercado laboral. Aquí cabe señalar otra diferencia entre el presidente y algunos de sus críticos. El presidente gobierna desde una perspectiva y ética confesional. Para el presidente cumplir con la ley laboral es una cuestión de ser buenos cristianos. El asunto no es por ahí y hay que recordarle al presidente que existe separación entre iglesia y estado. El conflicto básico entre trabajo y capital no se resuelve desde la moral cristiana; así pretendieron resolverlo en el pasado regímenes que se pueden consultar en cualquier manualito básico de historia de las ideas políticas.

TUTELA, DOSIS PERSONAL Y JUSTICIA PRIVADA. "Debe reiterarse la competencia de la Corte Constitucional como guardián específico de la Carta para conocer las acciones de tutela contra providencias judiciales. Es necesario reglamentar el alcance de dicha competencia frente a la tutela contra sentencias de otras Cortes. Se debería considerar por ejemplo un término de caducidad y la alegación previa de la vulneración para su procedencia.

"Uno de los retos de la justicia del Estado es eliminar los resquicios de justicia privada con todas sus derivaciones como las famosas oficinas de cobro, asesinas y perturbadoras, que han operado en ciudades como la mía, donde todavía obstaculizan la recuperación definitiva de la tranquilidad. "

Es bueno saber que el presidente respeta y quiere mantener una institución emblemática de la Constitución de 1991. Hace un par de meses había dejado entrever su intención de desmontar la tutela, pero ahora se ve que busca su reglamentación. Me parece ver entre líneas un puente hacia el ex presidente César Gaviria. En el tema de la penalización de la dosis personal el mensaje es para el otro Gaviria. Antes de tomar una decisión en esta materia el gobierno debería revisar los resultados de los estudios sobre la materia a nivel internacional; en esta materia no nos sirve una decisión tomada con un criterio puramente ideológico (como no nos sirve una política de salud sexual guiada por el rechazo al “gustico”). En cuanto a la justicia privada, cuánto hubiera servido hacer una referencia explícita y de rechazo al paramilitarismo como la forma más perversa de justicia privada.

REELECCIÓN DE ALCALDES Y GOBERNADORES. "La reelección no es una prerrogativa del elegido sino un derecho del pueblo.

"Resulta muy difícil llevar una aspiración de reelección al tener que asumir la responsabilidad por la violencia, la pobreza, el desempleo y en general por los clamores colectivos sin respuesta.
A diferencia de la reelección con intervalos, la inmediata provoca un escrutinio riguroso del Gobierno. Por ende, hay más posibilidad de conocimiento pleno de la tarea de Gobierno en la reelección inmediata que en la que se surte con intermedios. "

Qué bueno hubiera sido escuchar estas ideas el 20 de julio del 2002. Cuántos dolores de cabeza se hubiera ahorrado el país. La posición llega cuatro años tarde, y ahora no es claro si se trata de otra premonición. Qué bueno que el país recordara que hace un mes cuando le preguntaron al presidente (Roberto Pombo en El Tiempo) si buscaría nuevamente su reelección, respondió con una expresión jurídica en latín. Sí, en latín. El diablillo que lleva dentro no le permitió ser inequívoco y respondió como para que no le entendieran. Dijo: “rechazo in-limine” .

Los anteriores, pues, serán los temas sobre los que girará buena parte de la discusión publica durante los próximos meses. Sobre estos temas se dará la discusión entre las bancadas y opinarán los especialistas en los medios de comunicación. Lo que no significa que ahí se agote el temario de la política colombiana. Quedan por fuera, por ahora, otros temas gordos: el eventual reencauche de la ley de justicia y paz, el anunciado proyecto sobre extradición. Y no se asombren si más adelante este gobierno intenta promover mediante alguna pirueta político-legislativa (reformar otro articulito) una reforma constitucional de gran envergadura.