Nos informa El Tiempo hoy, que la Comisión Nacional de Reparación estimó que el conflicto armado colombiano se inició en 1964 y que podrán pedir reparación incluso las víctimas que se remonten hasta ese año, que coincide con el nacimiento de las Farc. Dice la noticia: "Y aunque en un primer momento la atención se concentrará en los afectados por los crímenes de los paramilitares, la histórica decisión busca dejar claro que todos los actores de la guerra tendrán que reparar por sus actos." (...) "Incluso, según anunció Ana Teresa Bernal, una de las comisionadas, las víctimas de acciones y omisiones de la Fuerza Pública también se beneficiarán de los programas de reparación."

Las declaraciones de Ana Teresa Bernal son trascendentales y sería importante que fueran incorporadas en la normatividad de la Comisión para que tengan un carácter institucional y no sean solamente las declaraciones de una comisionada. Nuestra interpretación es que lo que ella está diciendo y reconociendo desde su posición en la Comisión es, en últimas, algo que los diferentes gobiernos han negado sistemáticamente a lo largo del conflicto, particularmente el gobierno actual. Lo que ella dice equivale a reconocer, ni más ni menos, que el Estado, a través de la fuerza pública, es responsable por la violación de los derechos humanos de los colombianos.

Epecialmente durante los ochentas, los diferentes gobiernos sostuvieron que las violaciones de los derechos humanos atribuíbles a la fuerza pública eran hechos aislados que comprometían a individuos dentro de la fuerza pero que no respondían a una política oficial. Sin embargo, cuando las cortes internacionales han condenado a Colombia en esa materia, la sanción ha recaído sobre el Estado (en su conjunto) y no sobre individuos. Aún después del surgimiento del paramilitarismo, esas mismas cortes han encontrado que existe complicidad entre los paramilitares y la fuerza pública (esa es una realidad jurídica, que corresponde también a una realidad histórica y política).

Los términos de la negociación con los paramilitares y la ley de Justicia y Paz tienden a desconocer esa realidad, al descargar la responsabilidad del desplazamiento, los homicidios, las torturas y el despojo ocurridos durante los últimos veinte años de la guerra contrainsurgente, en cabeza de los paramilitares y las guerrillas, y desvirtuar de manera tácita la responsabilidad que le corresponde por esos mismos hechos al Estado colombiano. Puesto de manera simple: los crímenes de Estado estarían cayendo en la impunidad, porque ninguna ley está obligando a los agentes estatales a confesar y reparar.

Porque si el Estado, a través de la fuerza pública, permitió el surgimiento de dichos grupos (por omisión, en principio) y se asoció con ellos en el desarrollo de la guerra contrainsurgente, es válido suponer que aquél tiene una responsabilidad compartida frente a los crímenes cometidos por los paramilitares. Será por eso que el gobierno y el congreso resultaron tan generosos con los paramilitares?