En una decisión trascendental, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) decidió ayer que la justicia penal militar no es competente para juzgar a los militares implicados en el asesinato de 10 miembros de la Policía Nacional en Jamundí, el pasado 22 de mayo. El caso era muy turbio desde el primer momento y nuestra posición se ha centrado en que el mismo sea remitido al estudio de la justicia ordinaria. Creemos que la decisión de las Fuerzas Militares al enviar el caso al estudio del CSJ es un antecedente honorable, que queda ahora respaldado con la decisión del día de ayer. Queda ahora en las manos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación aclarar los hechos. Confiamos en que la justicia ordinaria será capaz de esclarecerlos y castigar ejemplarmente a todos los responsables dentro de la linea de mando.

Nuestra posición ha sido consistente en este caso. El 23 de mayo publicamos Entre Jamundí y Guaitarilla, y dijimos, en medio de lo que calificamos como una táctica de ocultamiento y desinformación que se estaba apoderando de los medios de comunicación tradicionales, que "en medio del dolor de los familiares de las víctimas y de los anuncios de las siempre oportunas "investigaciones exhaustivas", nos viene a la memoria el caso Gauitarilla".

Posteriormente, el 25 de mayo, anunciamos que "Jamundí sí es otro Guaitarilla", y dijimos que "más allá del episodio judicial Guaitarilla y Jamundí (y muchos otros casos) ponen en evidencia una degradación dentro de las Fuerzas Armadas. Ponen en evidencia la penetración del narcotráfico en una esfera del Estado que también debe velar por el mantenimiento del Estado democrático. Ponen de manifiesto no solo la corrupción que hay dentro de sus filas, sino el alcance de sus tentáculos, los mismos que son responsables normalmente del ocultamiento y la desinformación (la noticia sobre "fuego amigo" le dio rápidamente la vuelta al mundo, ocultando así los hechos desde el primer momento). Finalmente, estos casos ponen en evidencia la fragilidad estructural de la política de seguridad en Colombia."

Finalmente, el pasado 20 de julio recordamos que "lo peor que podría suceder sería justamente que el caso pasara de la justicia ordinaria a la militar. Esta última está en libertad de recibir o no el caso. Tendrán la suficiente sensatez como para devolver el caso a la justicia ordinaria? O predominará la solidaridad de cuerpo y se buscará conducir el caso a la impunidad? La masacre de Guaitarilla es pésimo antecedente que nos muestra claramente cómo opera la justicia penal militar en estos casos."

El caso empieza su proceso en la justicia ordinaria. Para nosotros eso es suficiente, por ahora. A partir de este momento será necesario que la Procuraduría, y eventualmente algunas ONGs interesads en los temas de justicia, estén atentos para que ese crimen no quede en la impunidad.