Naciones Unidas Condena a Farc y Eln

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó ayer el homicidio selectivo, el reclutamiento de niños y niñas, el reclutamiento forzado de adultos y el desplazamiento forzado del que están siendo víctimas centenares de personas en Arauca. Según información recogida por la Oficina los combates entre las FARC-EP y el ELN, el homicidio selectivo de por lo menos 20 personas –ocurrido entre marzo y agosto de 2006- el reclutamiento de niños y niñas, y el reclutamiento forzado de adultos por parte
de ambos grupos guerrilleros han provocado el desplazamiento forzado de un número indeterminado de familias que habitaban las áreas rurales de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena.

La Oficina reiteró a los miembros de las FARC-EP y del ELN que los crímenes citados anteriormente constituyen graves infracciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. La Oficina instó al Secretariado de las FARC-EP y al Comando Central del ELN a impartir entre los miembros de su organización ilegal la orden estricta de respeto por las normas humanitarias. La Oficina reitera a ambos grupos guerrilleros que todas las personas que participan en las hostilidades tienen la obligación de respetar a la población civil.

El pronunciamiento de las Naciones Unidas pone de presente la fragilidad de la situación de  los derechos humanos en Colombia como resultado del conflicto armado y nos recuerda la impotancia de que un organismo supranacional e independeiente haga presencia en el país para hacer un monitoreo en este campo. Igualmente, nos muestra que con su independencia está en capacidad de condenar por igual a los diferentes actores armados del conflicto. Finalmente, con su pronunciamiento la Oficina de la ONU nos recuerda el carácter que le otorga a esas organizaciones guerrilleras, al hacerlas objeto del derechos internacional humanitario. Nos queda faltando la respuesta de las Farc y el ELN, los que, sin más demora, deberían terminar de manera definitiva todas las prácticas militares que afecten directamente a la población civil.


 

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