El día de ayer fue detenida por orden del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, la cúpula de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en operativos policiales realizados simultáneamente en diferente lugares del país. La operación fue un desarrollo del comunicado presidencial del lunes pasado y busca cambiar el curso del proceso de judicialización de los jefes paramilitares. La movida del presidente hay que entenderla tanto en sus causas como en los riesgos que entraña.

El proceso de desmovilización está en crisis

El proceso ha perdido credibilidad nacional

Además, el proceso carece de credibilidad nacional e internacional. En el orden nacional, los colombianos finalmente entendimos que el desmonte del paramilitarismo no puede hacerse a cualquier precio. El país no terminó de aceptar que narcos “puros” figuren como comandantes paras. La discusión de la ley de justicia y paz puso en boca de todo el país los principios de justicia, verdad y reparación, los que hace apenas cuatro años eran conocidos solamente por los especialistas en justicia transicional. La velocidad del proceso y la espectacularidad de las desmovilizaciones hizo que muchos colombianos perdieran de vista la magnitud de los crímenes del paramilitarismo; crímenes que lentamente resurgen de las sombras, especialmente con el descubrimiento de las fosas comunes y con fallos como el reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para rematar, el despliegue de arrogancia e indolencia de algunos jefes paramilitares ha terminado por minar la credibilidad que algunos colombianos tenían en el proceso.

La negociación carece de respaldo internacional

Por otra parte, el proceso nunca ha contado con un respaldo amplio de la comunidad internacional. La Unión Europea y las Naciones Unidas han estado al margen y si en algún momento han desempeñado un papel este ha sido mínimo. La Misión de la OEA fue, en ese sentido, un salvavidas que le lanzó Gaviria a Uribe cuando el proceso amenazaba colapsar por falta de legitimidad internacional. Pero en un país dependiente como Colombia lo que verdaderamente cuenta es la posición de los Estados Unidos. Y para ellos la desmovilización paramilitar es algo en lo que no han creído mucho pero en la que han decidido dar un margen de espera a Uribe, con el único propósito de conseguir una reducción en  la oferta de narcóticos a ese país. Esta situación me recuerda la posición que asumieron cuando Gaviria puso en práctica la ley de sometimiento a la justicia.

Sin embargo, como ellos mismo suelen decir, la justicia de los Estados Unidos “tiene una memoria larga”. Y para eso mantienen las ordenes de extradición sobre algunos jefes paramilitares. Por eso la extradición es el principal “garrote” que mantiene atornillados a los paramilitares al proceso. El proyecto de decreto que buscaba “corregir” el fallo de la Corte Constitucional (qué vergüenza!) y que produjo el pasado fin de semana una tensión entre la Embajada de los Estados Unidos y la Fiscalía, por un lado, y el gobierno, por el otro, estaba redactado de tal forma que constituía otra concesión “generosa” a los paramilitares. La detención de ayer busca aplacar a los Estados Unidos, aunque el tema de fondo, el marco legal que los va a cobijar, aún sigue sin resolver.

El gobierno necesita ambientar otros temas de la agenda política

¿Cuáles son los riesgos que se corren con esta decisión?

La movida del presidente no está exenta de riesgos:

1. Poner a los paramilitares bajo la vigilancia de la policía significa que esta institución estará en grave  riesgo de sucumbir al ya conocido poder corruptor del narcotráfico. La situación existente hasta ayer no era deseable. Pero ahora el país asistirá al surgimiento de otra “catedral”. No es sano para la policía que ejerza funciones del Inpec sin que, además, se hayan aclarado completamente los casos de infiltración paramilitar en el DAS.
2. Los problemas de fondo del proceso no se resuelven con la medida de ayer. Sin duda, el presidente hizo un ejercicio de autoridad, que puede mejorar su posición ante los ojos de los Estados Unidos, de la opinión pública y de los propios paramilitares. Pero los problemas de fondo (el vacío legal, las solicitudes de extradición de los EU, el empantanamiento de los programas de reinserción) seguirán aumentando y siguen siendo una bomba de tiempo que nadie sabe cómo va a explotar.
3. Los paramilitares tienen claro ahora que la siguiente carta que podría utilizar el presidente es la extradición. No se puede descartar que ellos decidan fortalecer su presión sobre el propio gobierno y la clase política. Su meta es, como lo era hace veinte años, evitar las cárceles de los Estados Unidos, cumplir una condena mínima en Colombia y legalizar sus fortunas.

La movida del presidente fue tomada de una forma muy racional, como se desprende del comunicado del lunes pasado y de la planeación que fue necesaria para adelantar los operativos policiales simultáneos de ayer. De igual forma, el presidente debió medir todos los factores involucrados en la decisión, aunque un detonante hubiera podido ser la crisis con la Embajada de los Estados Unidos del fin de semana. Sin duda, apagó un incendio y ganó tiempo. Pero el alud que viene montaña arriba es de proporciones monumentales.