Como si la "detención" de los paramilitares la semana pasada no hubiera sido suficientemente confusa, ahora se viene a saber que el gobierno ha decidido dar reversa con la orden de extradición de un narcotraficante que se hace pasar como comandante paramilitar. En marzo del año pasasdo Uribe había ordenado que Juan Carlos Sierra, quien estaba pedido en extradición por los EU al igual que Mancuso,  se retirara de la mesa de negociación en Ralito, denunciando su carácter de narcotraficante.

Pero el pasado jueves Sierra llegó a una estación de policía de Antioquia junto con otros jefes paramilitares. Ayer viernes en un comunicado expedido por la Casa de Nariño el gobierno decidió reconocer al señor Sierra el carácter de desmovilizados de las AUC. Para el gobierno parece ser suficiente con que "El señor Juan Carlos Sierra Ramírez se presentó antes las autoridades, reconoció su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, solicitó ser reconocido como desmovilizado de esa organización y aceptó cumplir las condiciones impuestas por el Gobierno Colombiano a todos los desmovilizados en el marco del proceso de paz que se adelanta con las AUC".

Con este hecho queda confirmado una vez más que el llamado proceso de paz con los paramilitares tiene varias facetas, siendo una de las más importantes —menos reconocida y más ocultada— que constituye  un proceso de sometimiento a la justicia de un importante grupo de narcotraficantes colombianos.

En ese sentido, el actual proceso de sometimiento a la justicia no sería sino una nueva etapa del "plan de rehabilitación de narcotraficantes colombianos" (recomiendo especialmente la lectura del anterior link) puesto en práctica por la DEA entre, aproximadamente, 2001 y finales de 2004, y que permitió la "normalización" de la situación de más de 120 narcotraficantes colombianos a cambio de unas condiciones impuestas por las autoridades de los EU, entre las que estaban convertirse en colaboradores de la justicia americana, retirarse de esa actividad delictiva y pagar millonarias "multas". Lo más interesante es que el plan de la DEA buscaba justamente financiar con esos dineros a los paramilitares colombianos, de una forma similar a como ocurrió en el caso Irán-Contras durante los ochentas.

La diferencia entre el sometimiento a la justicia de los EU a través de la DEA (con la intermediación de Baruch Vega) y el proceso montado en Ralito, es que en este último caso los narcos habrían llegado a la conclusión de que el sometimiento les salía "más barato" si lo hacían con las autoridades colombianas, pero con la condición de que se retire la extradición.

Como dice el adagio popular: "El que quiera ver que vea".