La semana pasada el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tomó dos decisiones con respecto a la "desmovilización" de los paramilitares: detención de los jefes paramilitares en estaciones de policía en diferentes regiones del país y aceptación de un reconocido narcotraficante como desmovilizado paramilitar.  Las visiones en torno al curso que ha tomado el proceso de judicialización de narcotraficantes colombianos y de "desmovilización" de grupos paramilitares, pueden resumirse en tres posiciones principales.  Ellas reflejan, grosso modo, lo que están pensando los colombianos en este momento:

Apoyo a la política del gobierno. En esta posición se encuentran quienes consideran que el gobierno actuó de buena fe la semana pasada el ordenar el traslado de los jefes paramilitares a las estaciones de policía. Consideran que de esta manera el gobierno toma nuevamente las riendas del proceso y que aunque es una decisión que el gobierno debió tomar hace muchos meses, todavía estaba a tiempo de enderezar su curso. Creen que la Corte Constitucional está violando el fuero presidencial y se está inmiscuyendo indebidamente en el proceso legislativo. Les parece que la ley de justicia y paz es un camino aceptable para conseguir la desmovilización de los "grupos al márgen de la ley". En el fondo parece que consideran que los paramilitares le prestaron un servicio al país y por tal razón el Estado debe ser flexible con ellos y facilitar su desmovilización. Ejemplos de esta posición:

Rafael Nieto en Semana: "el Presidente, con el apoyo del Alto Comisionado, decidió retomar las riendas del proceso, refundidas en los pasillos del Ministerio del Interior, y apostar fuerte al ordenar la 'conducción' de los jefes paras a unidades policiales. Con la extradición como arma explícita ("los beneficiarios de la suspensión condicionada del envío en extradición, deben acatar estas determinaciones. Caso contrario, perderán el beneficio", dice el comunicado presidencial) y la vuelta al ruedo de Luis Carlos Restrepo, Uribe se la jugó toda. Con los jefes desmovilizados bajo control y reunidos, las posibilidades de una rebelión contra el decreto reglamentario próximo a expedirse y de que el proceso colapsara eran menores".

Alfredo Rangel en Cambio: "Tanto el Gobierno como la Fiscalía tienen argumentos de filigrana jurídica y probablemente cualquier decisión en uno u otro sentido podrá ser defendible por los exégetas del Derecho ante cualquier corte nacional o internacional. Yo me quedo con la posición del Gobierno porque considero que apela al principio de favorabilidad, que es básico en el derecho penal, y porque creo que la Corte Constitucional reconoció explícitamente en su sentencia que no concedía efectos retroactivos a sus decisiones sobre la Ley de Justicia y Paz".

Mauricio Vargas en Cambio: "Ha hecho bien el presidente Uribe en apretar las tuercas. ¿Qué ha habido presión de los Estados Unidos? Sin duda. Incitada, entre otras, por las declaraciones ligeras tanto del ministro de Interior y Justicia saliente, Sabas Pretelt, que abrió las puertas a que nunca hubiese extradición de estos sujetos, como del nominado, Carlos Holguín Sardi, que anunció un nuevo proyecto de Justicia y Paz al Congreso, que sería un desastre y que, por las conocidas presiones paramilitares en las cámaras, sólo conduciría a más impunidad. Ojalá el Gobierno se mantenga en esta línea y los jefes de las Auc que aún no han sido detenidos, lo sean o abran con su rebeldía las puertas a nuevas extradiciones".

Editorial de agosto 20 de El Tiempo: "En todo esto debe primar el realismo y la norma de 'ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre'. A cambio de una real desmovilización y desmonte del paramilitarismo, de garantías ciertas de no repetición y de medidas de reparación de las víctimas y esclarecimiento de la verdad, el país puede ser generoso con temas como las penas y los lugares y condiciones de reclusión de los paramilitares".

Distanciamiento de la posición del gobierno. Quienes están en esta posición eran hasta hace poco defensores incondicionales del gobierno en este tema, pero ahora creen que existe evidencia de que el proceso con los paramilitares se le salió de las manos al gobierno. Creen que el gobierno ha sido desmedidamente generoso con los paramilitares y comienzan a sospechar que existe algo oculto en la negociación. Les parece que el fallo de la Corte Constitucional limitó la política del gobierno, pero al mismo tiempo introdujo en la ley de justicia y paz algunos ajustes que eran necesarios. Son quienes apoyan la política general, pero tienen dudas o están en desacuerdo con elementos de su diseño o ejecución.  Ejemplos de esta posición:

Alvaro Sierra en Cambio: "Por una parte, la decisión presidencial, por errática que sea, hace tiempo era necesaria para salvaguardar un proceso cuestionado y que hacía agua por los cuatro costados. El problema es que es tardía y, quizá, desafortunada.(...) El otro error estratégico es más simple. Este es un Gobierno -y un Presidente- víctima de sus propias improvisaciones. Los jefes paramilitares serán los peores, pero de otro lado de la ecuación, merecen claridad. Ni siquiera eso les han dado".

María Elvira Samper en Cambio: "Confieso que no me cogió fuera de base la decisión del Presidente. El proceso en el que los jefes de las Auc y sus abogados han estado imponiendo sus criterios ya no daba más y por eso Washington, que está metido hasta el cogote porque considera que los paramilitares son simple y llanamente narcotraficantes, metió a fondo el acelerador y el Presidente -también preocupado por la no aplicación de la Ley- se vio forzado a ponerles el tate quieto".

Rechazo a la posición del gobierno. Son quienes rechazaron las condiciones de la negociación prácticamente desde el primer momento o quienes lentamente venían tomando distancia de la posición oficial y con los acontecimientos de la semana pasada terminaron por convencerse de que el proceso realmente es completamente contrario a los intereses del país. Creen que la generosidad del gobierno va más allá de lo admisible, que la ley de justicia y paz era una burla a las víctimas de la violencia paramilitar y a la propia justicia. Aceptan y encuentran positivo el fallo de la Corte Constitucional. Creen que el proceso encubre la judicialización de narcotraficantes que buscan evadir la cárcel, legalizar sus fortunas y legitimar su poder regional. Les parece que el proceso se ha caracterizado por la improvisación. Ejemplos de esta posición:

María Jimena Duzan en El Tiempo: "Bueno sería que este confuso proceso, tan atado a la palabra del presidente Álvaro Uribe, lo estuviera más a una estrategia integral de paz. Hoy no hay políticas para la negociación, ni para la desmovilización, ni mucho menos para la reinserción, hecho que ha sido criticado hasta por los propios narcoparamilitares. Este es un proceso basado más en feelings y en la palabra de Uribe".

Armando Benedetti en El Tiempo: "En ese contexto, nada tan pertinente, pero también tan tardío, como el "tatequieto" presidencial que precipitó las entregas "voluntarias". No proceden por eso aplausos a la morosidad del Gobierno sino reproches. El espectáculo de los señores de la muerte en los almacenes de productos de marca, o en los clubes sociales que todavía los acogen, se compadece poco con el destino trágico de su empresa. Y constituye una grosera e innecesaria afrenta a las víctimas. El tatequieto no garantiza nada en términos de impunidad, pero ayuda a adecentar, por lo menos adecentar, un proceso que así era perfectamente obsceno".

Editorial de agosto 20 en El Espectador: "El fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, que en palabras de alguno de los voceros de las autodefensas constituyó un “golpe mortal a la paz”, desató esta nueva crisis. Son tan inaceptables las intenciones de un posible decreto reglamentario por parte del Gobierno para hacerle el quite al fallo, como la propuesta de los ‘paras’ de una Constituyente contra la extradición, que sólo refleja su falta de conexión con la opinión nacional e incomprensión de la realidad global. Y resulta cuando menos curioso que haya sido la Embajada de Estados Unidos la que tuvo que interceder para poner de presente reclamos similares a los que desde hace años vienen haciendo las ONG y políticos de la oposición en relación con la ley".

Ramiro Bejarano en El Espectador: "No es cierto que los paramilitares hubiesen sido capturados, pues se presentaron voluntariamente, como lo anunció con arrogancia Ernesto Báez, lo que, por supuesto, implica que todo fue parte de una negociación, que aún no conocemos en qué términos y por qué causas se produjo. Eso explica el porqué aún hoy siguen campantes otros jefes paracos, que no le jalaron a rendirse y que el Gobierno no podrá detener fácilmente".

César Gaviria: "Uno nunca sabe qué está pasando realmente con esta negociación. Esa decisión que tomó el presidente, aunque me parece conveniente, no ha tenido ninguna explicación. No tiene detrás una enunciación de los propósitos de lo que se busca".

Alfonso Gómez: "No se sabe si el Presidente se ‘endureció’ o si la orden de captura fue producto de una negociación secreta con ellos, un montaje, pero el Gobierno debe dar una explicación clara al país".

Senador liberal Luis Fernando Velasco: “Con esa decisión del presidente Uribe, no solo el Gobierno sino el proceso se quitaron las máscaras porque la negociación es con el narcotráfico”.

Senador del Polo Gustavo Petro (en declaraciones a Caracol): se requiere de un diálogo "de cara al país con el narcotráfico", generando confianza dentro de Colombia y en la comunidad internacional, pero eso implica una ley diferente a la de justicia y paz. (...) "Tenemos que redefinir el proceso y colocarlo en la tierra que es donde esta la realidad. Consiste simplemente en ubicar el centro de la discusión y es el tema de la extradición y admitir que la sociedad puede blindar a ciertos personajes del la extradición, de la Corte Penal Internacional cuando se trate de delitos de lesa humanidad."

Lo que sucede normalmente en esta situaciones es que es más fácil que quienes están en contra del proceso se radicalicen y quienes tienen dudas terminen oponiéndose. Siempre habrá un núcleo duro de apoyadores de la posición oficial. Creo que este proceso se ha podido sostener hasta el día de hoy en parte gracias al respaldo popular del presidente y a su credibilidad. Lamentablemente para el gobierno, esta situación cambió. La improvisación, los errores y las ambiguedades del gobierno son protuberantes. En este momento este es el principal talón de Aquiles del gobierno y podría llegar a convertirse en su peor pesadilla.