Sorprende la facilidad con que en Colombia nos hemos acostumbrado a perder de vista los puntos de referencia importantes. De ahí creo que viene nuestra desorientación como opinión pública, la cual se refuerza con los intereses de los grandes medios de comunicación, cada vez más “entrepiernados” con el poder político y con los poderes económicos.

Es lo que pasa, por ejemplo, con el actual proceso de sometimiento a la justicia de un grupo de narcotraficantes que se ha puesto bajo el paraguas de las AUC y simula, junto con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se trata de una negociación de tipo político y entre “partes en conflicto”.  Para entender cómo se llegó a este “Estado simulado” vale la pena tener un ojo puesto en la relación que ha existido entre el paramilitarismo, el narcotráfico, el Estado colombiano y el gobierno de los Estados Unidos.

El origen del paramilitarismo es claro y sobre ello existe consenso tanto desde el punto de vista académico como periodístico. Recordémoslo brevemente: el primer antecedente se sitúa en la conformación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa; posteriormente, Gonzalo Rodríguez Gacha y Escobar promueven las “Autodefensas del Magdalena Medio”.

En ese momento el ejército colombiano facilitó el ingreso al país de ex oficiales del ejército israelí, como Yair Klein, con el propósito de entrenar al primer “grupo de autodefensa” (el mismo Carlos Castaño tomó los primeros cursos y viajó poco tiempo después a Israel a perfeccionar su entrenamiento militar), aunque las cabezas visibles del paramilitarismo durante los ochentas fueron Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez. Si existe interés por conocer más a fondo los vínculos entre militares y paramilitares pueden usar este link.

Ese fue el núcleo del paramilitarismo que desató el terror, primero en el Magdalena Medio, después en el Urabá antioqueño y finalmente en el resto del país.  El éxito que tuvieron en el Magdalena Medio, al conseguir expulsar a la guerrilla de una zona que se había convertido en  uno de sus principales bastiones, y consolidar su posición a través de ACDEGAM, demostró que la guerrilla podía derrotarse y fue un estímulo para que la alianza buscara replicar la misma experiencia en otras zonas del país.

El fenómeno paramilitar se multiplicó rápidamente. En 1988 César Gaviria, como Ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la existencia en el país de más de 163 grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. Durante la década del ochenta los paramilitares fueron responsables de decenas de masacres.

Esos primeros grupos paramilitares sirvieron como ejércitos privados de la “clase emergente” del momento, que no era otra que los narcotraficantes convertidos en terratenientes y gamonales locales. Sus enemigos eran los grupos guerrilleros (FARC, Eln, Epl y M-19), en cuanto ellos buscaban beneficiarse de las rentas de los nuevos terratenientes a través de la extorsión y el secuestro. Las Fuerzas Militares de Colombia en ese momento continuaban absolutamente imbuidas por los principios y prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional y su enemigo era el mismo enemigo de los narcotraficantes-terratenientes.

También hay que recordar que para ese momento el país todavía era un peón en el juego global de la Guerra Fría. Pero fue en el nivel local que se produjo, en principio, la identidad de intereses —la alianza estratégica— entre las fuerzas militares y los nacientes grupos paramilitares. Existía, además, una base legal que le había permitido a las fuerzas militares patrocinar la formación de esos “grupos de autodefensa”.

Lo interesante es que la guerra declarada por los Estados Unidos contra el narcotráfico, y acogida silenciosamente por los diferentes gobiernos colombianos, no afectó sustancialmente la alianza entre fuerzas militares y grupos paramilitares, y esta alianza no fue un obstáculo insalvable para las relaciones bilaterales de Colombia y los Estados Unidos. Al contrario, los grupos paramilitares terminaron por convertirse en el Sexta División de las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos asumieron la creciente crisis de derechos humanos en Colombia como un coste marginal de la política antidrogas y del conflicto de baja intensidad que se libraba en Colombia.   

En desarrollo de esa alianza los paramilitares combatieron a la guerrilla bajo la orientación, con la complicidad o con la complacencia de las Fuerzas Militares.  Así, la órbita de acción de los paramilitares se amplió constantemente en la medida en que los intereses de los narcos y de las fuerzas militares se cruzaban con la presencia de la guerrilla.

Fuerzas militares y grupos paramilitares acordaron una eficiente distribución y especialización del trabajo, donde a estos últimos les correspondió encargarse de practicar la “guerra sucia”, entendiendo por ello la represión de las bases sociales, políticas y logísticas de la guerrilla, y de todos aquellos sectores que percibieran como directa o indirectamente vinculados o afines a la guerrilla.

Con el nacimiento en 1984 de la Unión Patriótica (UP), como producto de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, sus militantes y simpatizantes se convirtieron automáticamente en objetivo militar. Más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados como resultado de la guerra sucia desde 1985.

Con la muerte de Rodríguez Gacha y Escobar —lo que significó la ruptura del Cartel de Medellín tal como se conoció hasta 1993—, con la atomización de los grandes carteles en pequeños carteles, con el surgimiento de una segunda generación de narcotraficantes y con el fortalecimiento de los grupos paramilitares, se produjo un cambio cualitativo en el proceso evolutivo de estos últimos. Pero lo que vale la pena mencionar en este momento es la complementariedad que se produce entre los líderes paramilitares y las autoridades estadounidenses.

Entre 1992 y 1993 el Bloque de Búsqueda (Policía Nacional y Ejército), el Delta Force de los Estados Unidos y los Pepes (“perseguidos por Pablo Escobar”, antiguos socios de Escobar, en ese momento convertidos en sus enemigos como resultado del asesinato de los hermanos Moncada y Galeano en La Catedral) actuaron mancomunadamente con el propósito de dar de baja a Escobar. Quienes comandaban los pepes eran Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo (“Don Berna”, antiguo guardaespaldas de Fernando Galeano, socio de Escobar) y fueron ellos los responsables de aplicar las tácticas paramilitares en la cacería de Escobar.

Delta Force, a través de procedimientos de inteligencia electrónica, conseguía información que transmitía al Bloque de Búsqueda y este, a su vez, la transmitía a los Pepes. Valiéndose de esa información, los Pepes ejecutaron extrajudicialmente a decenas de colaboradores y auxiliadores de Escobar. El método fue el mismo que habían perfeccionado anteriormente frente a la guerrilla en regiones como el Magdalena Medio, Urabá y los Llanos Orientales y, sin duda, resultó efectivo para aislar a Escobar, facilitar su ubicación y darlo de baja.

Las relaciones entre Delta Force y los Pepes dieron origen a investigaciones en los Estados Unidos que finalmente no condujeron a nada. Los miembros del grupo fueron distribuidos en diferentes unidades militares y el asunto se silenció. Sin embargo, como señal de reconocimiento, en 1993 los Estados Unidos le otorgaron a Carlos Castaño una visa para visitar ese país, la cual utilizó para llevar de paseo a su familia  a Disney.  Posteriormente, Diego Murillo recibió también una visa, la cual empleó en 1993 para viajar a Los Angeles.

Pero tal vez lo más interesante es que entre 1999 y 2002 Carlos Castaño participó activamente en el denominado “Programa de rehabilitación de narcotraficantes colombianos”, a través del cual canalizó la entrega de 114 narcos colombianos a la justicia de los Estados Unidos. El informante y mediador Baruch Vega dice que el objetivo del programa era financiar a las AUC mediante un programa de operaciones encubiertas, al igual que ocurrió en el caso Irán-Contras entre 1985 y 1986.

Castaño fue el contacto entre los narcos y Nicolás Bergonzoli, quien a su vez los refirió a la DEA por intermedio de Vega. El programa existió y aunque se manejaba con perfil bajo estaba institucionalizado a través del Blitz Committee.  Cuando fue denunciado públicamente en el 2002, salió a la luz que el programa tenía muchos contradictores dentro del gobierno americano y finalmente fue desmontado. Para ese momento muchos narcos colombianos se habían quedado por fuera de la negociación con la justicia de los Estados Unidos. 

La divulgación del Programa dejó al descubierto también, y esto es lo más importante por destacar, que en paralelo con las medidas oficiales contra el narcotráfico (la guerra contra las drogas en Colombia, la fumigación de cultivos, la interdicción marítima y aérea, etc.), los Estados Unidos llevaron a cabo una masiva  negociación judicial con narcotraficantes colombianos tendiente al desmonte de los carteles en Colombia.

Dicha negociación se realizó directamente entre las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los narcos colombianos. Vale decir, sin la participación de las autoridades colombianas y con la intermediación de Castaño. Los términos de la negociación incluían, en algunos casos, el otorgamiento de una nueva identidad a los narcotraficantes y el ingreso a un programa especial de testigos, la entrega de rutas y laboratorios, la cooperación con la justicia, el pago de elevadas multas y la legalización de una parte de sus fortunas. 

Pero, como se mencionó anteriormente, no todos los principales narcotraficantes se acogieron al Programa, puede suponerse que bien porque no los aceptaron o bien porque no les interesaban los términos del acuerdo.

Con la inminente llegada a la presidencia de Colombia de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, se abrió una nueva oportunidad para Carlos Castaño. En el 2001 inició una agresiva ofensiva de medios, que no era otra cosa que la ambientación de los eventos que se desencadenarían algunos meses más adelante. 

En septiembre de 2002 Castaño denunció que las AUC estaban infiltradas por el narcotráfico y anunció que si llegara a ser solicitado en extradición colaboraría con la justicia de los Estados Unidos. A los pocos días los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Castaño y Mancuso.  En octubre de 2002 las AUC declaran el cese al fuego e inician negociaciones con el gobierno de Uribe. En diciembre se produce la primera desmovilización. El primero de abril de 2004 los Estados Unidos formalizan la solicitud de extradición de Mancuso y el 16 de abril desaparece Castaño. Sólo en junio de 2005 los Estados Unidos piden en extradición a Diego Murillo.

En síntesis, Castaño cooperó con las autoridades de los Estados Unidos al menos entre 1992 y el 2002.  Entre 1992 y 1993 colaboró con Delta Force y con el Bloque de Búsqueda en la captura de Escobar, cuando dirigía los Pepes junto a “Don Berna”. En 1993 recibió una visa del gobierno de los Estados Unidos.  Entre 1999 y 2002 colabora con un programa del Departamento de Justicia  y facilita la entrega de 114 narcos colombianos a la justicia de los Estados Unidos. 

Como consecuencia de lo anterior, las AUC se financiaron a finales de los noventas con recursos de un fondo de operaciones encubiertas del gobierno de los Estados Unidos, alimentado con dólares de los narcotraficantes colombianos. En el 2002 Castaño denuncia ante los Estados Unidos que las AUC están infiltradas por el narcotráfico y declara su voluntad de entregarse a la justicia de ese país.

La anterior es una parte importante del contexto de la “negociación” del gobierno colombiano con los grupos paramilitares. ¿Cuál es la conclusión a la que se puede llegar después de revisar estos antecedentes?  La principal es que la “desmovilización de los grupos de autodefensa” no existe como tal.

La desmovilización de algunos grupos paramilitares oculta el proceso de sometimiento a la justicia de un grupo de importantes narcotraficantes colombianos.  Este proceso de sometimiento a la justicia es un nuevo intento por desmontar los carteles del narcotráfico en Colombia, cuyo antecedente inmediato se encuentra en la negociación llevada a cabo entre 1999 y 2002 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y 114 narcotraficantes colombianos.

Es posible que los narcotraficantes colombianos que se ampararon bajo el paraguas de las AUC hubieran llegado a la conclusión, en algún momento entre 1999 y el 2002, que les resultaba menos costoso y más beneficioso someterse a la justicia de Colombia que a la de los Estados Unidos.  En Colombia podrían conseguir una rebaja sustancial en sus condenas, conservarían un porcentaje mayor de sus fortunas y aumentarían su influencia político a nivel local y regional. 

El único obstáculo es la extradición.  Pero si consiguieran impulsar una nueva reforma constitucional que prohibiera la extradición y tuvieran una representación política que les permitiera defender políticamente dicha prohibición en el futuro, sin duda resultaría más beneficio para ellos someterse a la justicia colombiana que a la de los Estados Unidos. Esa es la escena que estamos observando los colombianos en este momento.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos en esto? Primero, hay que decir que los Estados Unidos tienen “rabo de paja”. Lo tienen porque ellos han negociado con los narcotraficantes y porque metieron la mano directa o indirectamente en el auge del paramilitarismo. Ellos lo saben y la administración Bush no está exenta de que se le abra un nuevo frente en este campo, lo cual sería nefasto especialmente en vísperas de las elecciones de noviembre próximo.

Pero además, algo que pesa mucho es que el gobierno colombiano, salvo en este punto, se ha plegado completamente a las indicaciones de los Estados Unidos. Los resultados así lo demuestran:

• Es el gobierno que ha autorizado el mayor número de extradiciones de nacionales en la historia.
• Ha fumigado el mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos en la historia.
• Es el principal aliado de los Estados Unidos en Suramérica, particularmente en una coyuntura en que han surgido en la región gobiernos con una política exterior autónoma.

¿Qué papel juega el gobierno de Álvaro Uribe? Pues es este gobierno el que firmó acuerdos con los “paramilitares”, el que sancionó la Ley de Justicia y Paz, el que decide a quien extradita y a quien no, el que dice quienes son voceros paramilitares así antes los declarara narcotraficantes. Existe una conjura. 

El rey está desnudo.