El 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 se tomó a sangre y fuego el edificio de los máximos tribunales de justicia de Colombia, el Palacio de Justicia, generando una reacción del Estado de iguales o mayores proporciones.  Como resultado de la batalla campal que se produjo durante las 48 horas siguientes, murieron 55 personas entre magistrados y otros civiles, miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros; y 11 personas sufrieron desaparición forzada.

Veinte años después, los fantasmas del Palacio de Justicia no dejan dormir ni a la justicia ni a los familiares de las víctimas ni a las Fuerzas Militares ni a los ex M-19 ni a la opinión pública ni al gobierno ni a los medios de comunicación. Y está bien que así sea, porque si hay algo que sigue envenenando a Colombia no es la verdad, por cruda que sea, sino el ocultamiento. 

Veinte años después, la Fiscalía General de la Nación ha llamado a rendir indagatoria al quien fuera en el momento de los hechos el Jefe del Servicio de Inteligencia Militar (B-2), coronel Edilberto Sánchez, por el secuestro y la desaparición forzada de once civiles, sobre quienes existe evidencia que salieron vivos del Palacio de Justicia y después estuvieron en poder de las Fuerzas Militares.  La Fiscalía sostiene que existe como evidencia un video que muestra que Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, salió vivo del edificio; y testimonios suficientes de que otros diez trabajadores de la cafetería también salieron vivos.

La Fiscalía también llamará a declarar a Virginia Vallejo, quien ha dicho que posee evidencia sobre la implicación del narcotráfico en los mismo hechos.

La decisión de la Fiscalía es polémica, tanto por el momento como por el contexto que estamos viviendo. Como mínimo me parece curioso que la Fiscalía haya decidido dar este paso después de veinte años. El video que la Fiscalía ahora quiere reconocer, así como los testimonios, existen desde hace veinte años. Por qué en este preciso momento sí se quieren aceptar esas prubas? Por ahora asumamos que existe un interés legítimo del Fiscal General Mario Iguarán y que no se trata de una jugada a varias bandas.

En todo caso no perdamos de vista que la decisión de la Fiscalía abrirá nuevamente —una vez más— el debate sobre la ley de amnistía que cobijó a los militantes del M-19 al finalizar el proceso de paz que adelantaron con el gobierno de César Gaviria. Esto, en momentos en que está en una aguda crisis el proceso con los paramilitares y en que estamos a la espera de que se expida un decreto relativo a la Ley de Justicia y Paz o que se tramite una ley complementaria en el Congreso. Este mismo recurso ya su utilizó cuando el proyecto de Ley de Justicia y Paz estaba haciendo trámite en el Congreso y resultó relativamenmte útil para silenciar a los opositores del proyecto. Ojo con esto.

Además, está el caso de Santofimio y el antecedente de que Virginia Vallejo no pudo rendir su declaración ante la Fiscalía. Pareciera que existe un interés por crear las condiciones para que su testimonio pueda ser judicializado de alguna manera, lo cual no estaría mal. Ojo ahí también.