El Ministerio de Defensa de Colombia reconoció esta tarde que un atentado con carro bomba ocurrido en Bogotá el 31 de julio pasado, así como otros seis atentados que fueron descubiertos antes de su consumación, podrían haber sido ejecutados por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. La explosión del carro bomba ocasionó la muerte a un civil y heridas a diez soldados. Los autores de los atentados son un mayor, un coronel, un capital y un teniente adscritos a la sección de inteligencia de la XIII Brigada. El propósito de los militares era mostrar resultados positivos en vísperas de la posesión presidencial. En su momento, la autoridades atribuyeron el atentado a las Farc.

El hecho viene a sumarse a una cadena de escándalos que han sacudido a las Fuerzas Militares a lo largo del 2006 que ponen en evidencia la existencia de una profunda crisis en las filas militares. También nos recuerdan el caso del DAS de Barranquilla donde el director regional —aparentemente— organizó atentados que después descubría oportunamente para ganar puntos ante sus superiores en Bogotá.

Lo que se ha destapado hoy, más los antecedentes similares que hay sobre la mesa, nos ponen frente a dos hipótesis.

1. La presión del presidente Álvaro Uribe sobre  las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad para que muestren resultados positivos habría conducido a elementos corruptos dentro de las propias fuerzas a inventar situaciones donde puedan ofrecer los resultados que les están exigiendo. Esta línea de argumentación se ha utilizado para explicar situaciones como las de Cajamarca (abril de 2004) y el DAS de Barranquilla. Los positivos falsos les servirían a los corruptos para reducir la presión del alto gobierno y al mismo tiempo para colgar esos resultados dentro de sus hojas de vida y justificar ascensos.

2. Existiría una estrategia de guerra sicológica concebida y alentada desde las altas esferas del poder gubernamental tendiente a  desinformar a la opinión pública con el propósito de legitimar la política de seguridad de la actual administración. La estrategia consistiría en alimentar el miedo y el odio de la población civil a la guerrilla con el fin de garantizar el apoyo ciudadano a la principal bandera política del gobierno. Algo similar ocurrió en España al finalizar el gobierno de José Maria Aznar cuando el Palacio de La Moncloa intentó acusar a ETA como responsable de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, atribuidos posteriormente a Al-Qaeda, con el propósito de conseguir dividendos políticos.

El caso de las "autobombas" lo puso al descubierto una investigación de la Fiscalía y el apresurado comunicado del Ministerio de Defensa no fue sino un recurso para aparecer ante la opinión como acusador, en lugar de acusado. En este punto, hay que decir que el Fiscal Mario Iguarán se está convirtiendo en una estrella de la justicia y con sus posiciones está desafiando a uno de los principales poderes del país, como son las Fuerzas Militares (Jamundí, Palacio de Justicia, y ahora esto).

Es válido preguntarse: dónde y cuándo las Fuerzas Militares han realizado estos montajes anteriormente? O realmente se trata de "casos aislados" que comprometen a individuos pero no a las instituciones? Podemos estar tranquilos porque de antemano sabemos que las "investigaciones exhaustivas" realizadas por las propias Fuerzas Militares NO arrojarán ninguna claridad sobre este punto. Y para confirmarlo no basta sino esperar los intentos, que ya deben estar en camino, por dejar este caso en manos de la Justicia Penal Militar.

Mientras tanto, si a la explosión de una bomba en medio de una ciudad, que ocasiona muertos y heridos, se le llama "atentado terrorista", debe calificarse del mismo modo ese acto si sus autores intelectuales y materiales son miembros de las Fuerzas Militares de Colombia? O es mejor llamar a eso un "error del servicio"? La respuesta nos la dará el gobierno en los próximos días.