El caso de la posible participación de miembros de las fuerzas militares de Colombia en la planeación y ejecución de atentados terroristas atribuidos a la guerrilla es de una gravedad inmensa. La credibilidad de la fuerza pública y del propio gobierno se encuentran bajo escrutinio público, aún más que en los escándalos anteriores. El gobierno tiene muy claro lo que está en juego y por eso se está empeñando a fondo para desactivar la crisis. Lo que esperamos los colombianos es que la verdad salga a la luz y que la justicia pueda operar con total independencia. Este es un caso en el cual, inevitablemente, los intereses de la justicia y los del gobierno entran en fuerte contradicción y por tal razón es esencial que la justicia —la Fiscalía para ser más precisos— y los medios de comunicación actúen con libertad y autonomía.

Cómo está reaccionando el gobierno? Pues lo primero que hay que decir es que le está metiendo toda la artillería a la crisis. Y no era para menos teniendo en cuenta la seguidilla de escándalos y las implicaciones de esta última. Después del comunidado del Ministerio de Defensa del viernes pasado, que se acercaba a un mea culpa, el gobierno parece haber concluido que la situación no es tan desesperada y que inclusive es posible convertir la crisis en una oportunidad política. Para ello era necesario, primero, cambiar el foco de atención y, segundo, aprovechar la exposición a los medios para reforzar el mensaje que quiere enviar el gobierno: "el presidente está al mando de la política de seguridad y es necesario que los colombianos sigan confiando en la fuerza pública".

En este momento estamos en esa fase de la crisis. Son seis los argumentos centrales en la administración de esta crisis:

1. Cooptación de competencias. El presidente se puso la camiseta y asumió directamente la solución de la crisis. Durante el fin de semana el consejo de seguridad sesionó de foma casi permanente, pero con el objetivo tácito de asumir funciones de policía judicial, las cuales son competencia de la Fiscalía General de la Nación y no del Presidente de la República. El presidente convocó al consejo de seguridad al Fiscal, al Vicefiscal, al Fiscal Director de la Unidad de Antoterrorismo y a los fiscales investigadores, con lo cual se ha roto completamente el sigilo de la investigación.  A lo largo de su alocución del domingo el presidente quiso dar la impresión de que la investigación se encontraba a su cargo ("en el curso de nuestras indagaciones...", "qué más hemos encontrado en ese consejo de seguridad?") . Por momentos parecía que el Fiscal General fuera un subordinado suyo, cuando no lo es. La injerencia en la justicia se está escundando en la responsabilidad que tiene el presidente en el tema del orden público. En este caso la investigación debe estar exclusivamente a cargo de la Fiscalía; el presidente se debe hacer a un lado y no interferir con la justicia.

2. Transferencia de responsabilidad. Para el gobierno lo grave no son los hechos denunciados sino que ellos hubieran sido filtrados a los medios de comunicación. Muy mal comienzo. Para el gobierno, el periodista, al filtrar la información sobre la posible vinculación de las fuerzas militares a los antentados,  está alternado el curso de la investigación. Puesto en otros términos, resulta que es más peligrosa la libertad de prensa que la corrupción; es mejor tapar que destapar. Sin embargo, aunque critica las filtración, el gobierno no tiene reparos en mencionar pormenores de la investigación y hacer referencias abiertas a la participación de "Jessica" (el chivo expiatorio) en el caso. "La filtración, que tanto daño ha hecho, debe investigarse", dice el presidente. Al salir en defensa de los oficiales y pretender que está protegiendo sus derechos de defensa frente a un linchamiento publico derivado de la filtración producida por los medios, por exclusión, el presidente está sembrando la idea de que no hay responsabilidad del gobierno o de los altos mandos militares: "no hay aún elementos para asignar responsabilidad política al alto mando".

3. Dilatación del tiempo. Dice el presidente que no se pueden asignar responsabilidades políticas hasta tanto no concluyan las investigaciones (investigaciones en las cuales el Ejecutivo está metiendo no solo las narices, sino también las manos). Pero no podemos olvidar que en decenas de casos anteriores el presidente adoptó decisiones políticas —hablamos de la destitución de los responsables— antes de que concluyeran las investigaciones. Tenemos casos recientes como el de Jamundí y el de la guaca de las Farc. En este caso parece que se quieren proteger a unos oficiales del ejército y tal vez a personajes que se encuentran aún más arriba. Lo anterior demuestra que hay raceros diferentes para medir a los funcionarios y miembros de la fuerza pública dependiendo de las condiciones políticas y de los riesgos involucrados.

4. Reducción de importancia. El gobierno está minimizando la gravedad de los hechos. Inicialmente se habló de seis militares involucrados, luego de cuatro y ahora el presidente está reforzando la idea de que son "sólamente" dos.

5. Presentación de conclusiones.  Aún cuando se supone que las investigaciones están curso, el gobierno ya ha fabricado las conclusiones que desea que se produzcan. Se trata de un manejo de medios muy sutil, pero eficaz.  Para el gobierno "hasta ahora lo que hay, es que [los militares] se encontraban en un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía". Dice también que "hasta el momento no hay prueba que evidencie un móvil económico para presumibles delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública".

6. Un mensaje fuerza que lanzó el presidente es que la política de seguridad no está fuera de control, e incluso intentó poner la crisis a su servicio: "yo ejerzo un control diario sobre la política de seguridad" y resaltó su participación directa en resultados positivos de la política en el nivel nacional, regional y local.  Aprovechó la oportunidad para salir en defensa del programa de recompensas, la transparencia de la política de seguridad y su compromiso con los derechos humanos.

Vamos a ver cómo termina de resolverse la crisis. En 48 horas el presidente puso en duda el papel de los medios de comunicación, alineó a la Fiscalía dentro de la agenda del gobierno, asumió directamente el liderazgo en el manejo de la crisis, apeló a los sentimientos de la opinión pública ("doy buen ejemplo a la fuerza pública", "he sido muy exigente con la fuerza pública") de forma directa y buscó su solidaridad.

Y dónde está la verdad? La verdad es lo de menos. En este caso importan más las percepciones, las lealtades y los intereses.