Lamentable, muy lamentable, lo que se nos viene encima. La ausencia de una política de paz nos va a llevar —otra vez— a un proceso desorganizado e improvisado, esta vez con las Farc. La actual voluntad del gobierno para realizar el acuerdo humanitario parece que surge menos de su fortaleza y más de su fragmentación y de la cantidad de problemas que lo copan por todos los costados. Nada bueno resulta de una negociación que es el producto de la debilidad y la improvisación.

Habíamos dicho anteriormente en este blog que no creíamos que existieran las condiciones para que pudiera realizarse en el corto plazo una negociación conducente al acuerdo humanitario entre el actual gobierno y las Farc. Pues bien, al parecer ha llegado el momento de cambiar de posición. Y no es propiamente por los rumores que circularon hace unas tres semanas cuando se mencionó el inminente despeje de Pradera para negociar el acuerdo humanitario, o  anteriormente, cuando se dijo que habría anuncios concretos durante la posesión del presidente.

Cambiamos de opinión y creemos que el acuerdo ahora sí es inminente porque el gobierno está desbordado, está dando palos de ciego todos los días y necesita agarrarse de algo que lo saque al otro lado; hay grietas en el pedestal, como titula la Revista Semana. Y cree el gobierno que ese "algo" es el acuerdo humanitario. Es una paradoja que las condiciones para el acuerdo humanitario estén determinadas por la debilidad del gobierno y no por su fortaleza, o por la debilidad de las Farc, como esperaba el gobierno.

La improvisación es el sello característico de este gobierno (o mejor, la dependencia total de las encuestas de opinión). El gobierno le había vendido a la opinión pública desde hace cuatro años la idea de que sí tenía voluntad política de realizar el acuerdo humanitario, cuando evidentemente eso entraba en contradicción con su política de seguridad. En cambio se realizó una generosa "negociación" con los paramilitares que no ha tenido ni pies ni cabeza, que está llena de problemas, pero que parece que satisface las expectativas del gobierno.  El propio presidente le dice a la  revista Cambio: "Estábamos fallando en el proceso con las AUC y estábamos perdiendo credibilidad", aunque se cuida de situar las fallas en el pasado cuando permanecen en un presente muy concreto. Pareciera que en el punto en que se encuentra ese proceso, más bien se trata de un problema al que el gobierno quiere echar tierra encima y quitar del foco de los medios de comunicación y la opinión pública internacional.

Por la razón que sea, en todo caso a los secuestrados que se encuentran en poder de la guerrilla les conviene que se realice el acuerdo humanitario lo más pronto posible. Lo lamentable del caso es que quedaría demostrado que el intercambio pudo realizarse hace muchos meses, de no ser por la pretensión de las partes de querer sacarle ventajas estratégicas a una gestión humanitaria.

El panorama será aún más sombrío a partir de la culminación del eventual acuerdo humanitario.  El gobierno apostó todo al éxito de su política de seguridad y esta parece que se encuentra en el preámbulo de la crisis.  Como sugiere Maria Jimena Duzán: "La política de seguridad democrática, la joya de la corona de este régimen, se le salió de los cauces a Uribe y necesita ser revaluada. Es mejor que la verdad salga a la luz, que optar por el tapen, tapen. Y ya no se puede ocultar que una política concebida para acabar con la violencia se está convirtiendo en una fuente para el fortalecimiento del hampa". Tanto por lo que alude Duzán, como por otras razones de mayor profundidad, si dicha crisis se produce en realidad, el presidente se encontraría en el peor de los mundos: con una gobernabilidad resquebrajada, con un apoyo popular en descenso, con unos paramilitares envalentonados y con una guerrilla que no está derrotada, como prometió en la campaña de 2001.

Preparémonos porque viene mayor confusión. Y eso que aún no se completan cien días de este nuevo gobierno...