Transcribimos a continuación los comunicados emitidos por las Farc, el día primero de octubre de 2006, y por la Presidencia de la República de Colombia, el día 2 de octubre, relacionados con la posibilidad de que se lleve a cabo el intercambio humanitario.

Pero antes, quisiéramos expresar sintéticamente nuestra opinión sobre este intercambio de comunicados: creemos que la actual coyuntura es la prueba ácida para la política de seguridad democrática de la administración Uribe. Es el momento en que veremos si en realidad las Farc están tan debilitadas como nos ha dicho el gobierno durante los últimos cuatro años y si esta guerrilla aceptará con relativa facilidad las condiciones que busca imponer el gobierno para realizar el acuerdo humanitario. En este caso, no quedará ninguna duda de que la estrategia del gobierno fue la correcta, y que el fortalecimiento de la seguridad interna nos conducirá al tipo de paz  visualizada por el gobierno en 2002.

Lo que no aceptaremos muchos colombianos es la posibilidad de que el gobierno pretenda prolongar indefinidamente la guerra irregular (con sus consecuencias nefastas sobre la salud del Estado social de derecho, la democracia y las libertades públicas) con el argumento de que se necesitarán otros cuatro años para, ahora sí, doblegar de forma definitiva a las Farc. El escenario del acuerdo humanitario, el pulso que estamos viendo en estos días, tiene el alcance limitado del intercambio de secuestrados por presos, pero es un indicador clarísimo de la actual correlación de fuerzas entre los principales actores del conflicto armado. De llevarse a cabo el acuerdo en el corto plazo, quedará demostrado, tristemente, que los secuestrados estuvieron inútilmente en cautiverio durante los últimos cuatro años. La única forma en que su sacrificio no habrá sido en vano es si, al menos, con el intercambio se abre una posibilidad cierta para que se inicien conversaciones formales tendientes a la negociación definitiva.

La gran ausente hasta el momento ha sido la Sociedad Civil, porque ha estado adormecida y embrujada; y porque también ha resultado damnificada como resultado de la política de seguridad. Esa cuña hace falta. Falta una movilización popular vigorosa —no partidista— que exiga el acuerdo humanitario y el inicio de negociaciones.  Parecería que existen las condiciones políticas para su emergencia.

Ahora sí, los comunicados:

Comunicado de las Farc:

"El futuro de Colombia no puede ser el de la guerra civil". Jacobo Arenas.

La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo  el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial.

La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San Vicente, fueron oportunidades perdidas porque las oligarquías en el poder solo querían la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras.
Cinco décadas perdidas, cientos de  miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia, han sido el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo. Todas las operaciones militares, del 64 al 2006, desde el Plan LASO hasta el Patriota de los gringos, terminaron en el fracaso. Todos los presidentes desde Guillermo León Valencia hasta Álvaro Uribe se fijaron plazos breves para la derrota militar de la guerrilla, y terminaron más distantes de ese objetivo.

Si el gobierno actual decide otorgar las plenas garantías para adelantar el canje de prisioneros de guerra, desmilitarizando por 45 días los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca,  una vez liberados todos ellos, quedará  al orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país.
Ustedes bien saben que nuestra lucha no busca privilegios personales para quienes conformamos las FARC sino el bienestar del conjunto de la sociedad y, en primer lugar, de los sectores mayoritarios de la población. Es nuestro juramento, compromiso de vida e hilo conductor de cualquier aproximación que intentemos mancomunadamente hacia la reconciliación nacional.

Por ello, le proponemos al Estado colombiano que una vez realizado el canje y frente a la imperiosa necesidad del país por encontrar la solución política del conflicto:

1. Desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putumayo para iniciar conversaciones de paz.
2. Suspenda las órdenes de captura para los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC.
3. Solicite a la comunidad internacional suspender la calificación como organización terrorista a las FARC. Resuelto este problema, quedan abiertas las puertas para que los distintos países, si lo estiman conveniente, jueguen su rol como mediadores, o facilitadores, etc.
4. Reconozca la existencia del conflicto social y armado.
5. Suspenda los operativos militares a escala nacional y regrese las tropas  a sus Cuarteles, Divisiones, Brigadas y Batallones.
6. Otorgue plenas garantías para el desplazamiento de miembros del Estado Mayor Central en los dos departamentos donde se efectuaran los diálogos Gobierno- FARC.
7. Los encuentros Gobierno- FARC serán de cara al país.
8. Bajo estas condiciones las FARC, en acuerdo con el gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar caminos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a analizar la solución política al conflicto social y armado llevando a la mesa los siguientes materiales para su discusión:

a) Agenda Común del Caguán y Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.
b) Paramilitarismo de Estado.
c) Depuración de las fuerzas armadas ligadas al paramilitarismo.
d) Libertad inmediata para la población civil sindicada de nexos con la guerrilla.
e) Reparación económica por parte del Estado a todos los afectados por el conflicto interno.
f) El TLC con los Estados Unidos.
g) Reforma Agraria inmediata que incluya la restitución de propiedad sobre fincas y parcelas al campesinado afectado por el conflicto.
h) Retorno de los desplazados a sus  áreas con plenas garantías personales, económicas, sociales y políticas por parte del Estado.
i) Reforma Urbana inmediata.
j) Política de Estupefacientes.
k) Tratado de Extradición.
l) Asamblea Constituyente.
ll) Política Energética.
Sobre estas bases, los invitamos a trabajar conjuntamente por la construcción de caminos de entendimiento,
Compatriotas,

(octubre 1, 2006)

Comunicado de la Presidencia de Colombia:

El Presidente de la República ha autorizado al Alto Comisionado para buscar con las FARC un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro.

Zona de encuentro que sea eficaz para el acuerdo humanitario y un proceso de paz. Con garantías de buena fe que además deberían incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los 3 países europeos.

Consistente con la propuesta formulada públicamente por el Alto Comisionado hace más de un año, el Gobierno considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas.

Por ningún motivo se permitirá el debilitamiento de la política de seguridad democrática.

(octubre 2, 2006)