El gobierno ha sido suficientemente elusivo durante cuatro años en este tema como para que ahora se vaya a arriesgar a dar rápidamente un giro de 180 grados, aún con la presión interna e internacional. Hay algunas señales de que quiere llegar al acuerdo y otras de que no quiere hacerlo. El contexto político es favorable al acuerdo, pero el presidente sigue atrapado en una  red que él mismo construyó y que le resta flexibilidad. Sigue apegado a un lenguaje que no es favorable a la generación de confianza, pero sobre todo, sigue apostándole a la  política de seguridad como medio para imponer sus condiciones a las FARC.

Después de los comunicados públicos de ambas partes emitidos la semana pasada y que fueron reseñados en un post anterior, el Acuerdo Humanitario ha sido el tema preferido de los comentaristas y analistas políticos en los últimos días. Se han discutido ampliamente los beneficios, desventajas y riesgos del Acuerdo; y se han sentado posiciones de rechazo y apoyo. En cierta medida ese es un ejercicio que le da legitimidad al proceso, pero que el mismo tiempo lo somete a presiones innecesarias en este punto que van en contravía de la reserva que necesitan este tipo de situaciones.

 A veces, incluso, pareciera que cuando el gobierno discute públicamente las posiciones divergentes lo que busca en realidad es presentar los argumentos en contra del Acuerdo y reforzar la percepción  de riesgo político que tiene el gobierno. Otras veces, hace declaraciones que dejan entrever su desinterés en generar un mínimo margen de confianza para llegar al Acuerdo.

El fin de semana anterior (el 7 de octubre) en un consejo comunitario en Puerto Asís (Putumayo), y a propósito del debate público en el que se enfrascó con el candidato presidencial ecuatoriano Rafael Correa, Uribe reiteró una vez más que “la guerrilla sí es terrorista” y denunció la “maliciosa coquetería de la guerrilla colombiana con la hermana nación ecuatoriana”.

Luego, el martes 10 de octubre, en un evento organizado por el gremio de los aseguradores, sentó las siguientes posiciones:

-         Estaría dispuesto a aceptar que la zona de encuentro esté bajo la protección y vigilancia de una delegación internacional.

-         Si en la zona de encuentro no hay soldados armados, tampoco habrá guerrilleros armados.

-         Ha autorizado al Alto Comisionado para la Paz para entrar en contacto con las FARC para acordar las condiciones de la zona de encuentro y cuál sería “la expresión de buena fe previa de la FARC para poder avanzar en ese proceso”.

-         No se pueden tratar en igualdad de condiciones a los miembros de las FARC presos en las cárceles que a los secuestrados en poder de ese grupo guerrillero.

-         El gobierno tiene limitaciones constitucionales y jurídicas, que le impiden liberar a toda clase de presos.

-         Las decisiones políticas que adopte el gobierno no pueden desmotivar la política de seguridad.

-         Los miembros de las FARC que se liberen no pueden regresar al monte.

Con respecto a Ricardo Palmera (Simón Trinidad) y Nayibe Rojas (Sonia) dijo que hay unos temas del Acuerdo que dependen del gobierno colombiano y otros que dependen de la legislación de los Estados Unidos.

Uno de los principales escollos, según la opinión expresada por Daniel García en El Espectador, es que “Uribe dice que está dispuesto a despejar, pero que antes se deben acordar las condiciones, mientras que las FARC insisten en que primero se debe despejar para luego pactar las condiciones”. Para García no es necesaria una reunión previa para acordar las condiciones de la zona de encuentro. Dice que la zona debe tener un tiempo limitado y previamente definido; debe contarse con una comisión verificadora internacional; y destaca que las FARC hayan abierto la puerta a una negociación de paz con posterioridad al Acuerdo Humanitario y que el gobierno haya establecido un horizonte al hablar de una constituyente.  Concluye que “las conductas erráticas del Ejecutivo dejan dudas sobre la solidez de las decisiones y/o la unidad del equipo de gobierno. Se conoce que en materia de arrogancia y prepotencia, el Gobierno compite con las Farc. Ambos actúan más por sus cálculos político-militares que por acatamiento a los principios humanitarios”, aunque acepta que las dinámicas de diálogo cobran vida propia.

Se percibe un escepticismo similar en la posición de Alfredo Molano, para quien “el Acuerdo Humanitario y las negociaciones de paz con las FARC están lejos.” Para él el principal obstáculo para el Acuerdo se desprende del hecho de que “una buena cantidad de insurgentes están incursos, como dicen los abogados, en delitos atroces o de lesa humanidad y estas connotaciones son parte del hueso duro del trámite. El Gobierno pediría a su vez no sólo los retenidos o rehenes o como se les diga, sino a los mil y pico de secuestrados que las guerrillas tienen. Ese paso hará más difícil el canje. Pero donde la cuestión es más espinosa aun, es el intercambio de Simón y Sonia por los tres mercenarios presos en las selvas”.

El miércoles 11 de octubre Raúl Reyes, en declaraciones a Telesur,  acusó al gobierno de no tener voluntad política apara adelantar el Acuerdo Humanitario. Sus principales posiciones fueron las siguientes:

-         El gobierno está mezclando el Acuerdo Humanitario con las negociaciones de paz: “'(Uribe) mezcló los dos temas, tanto lo que tiene que ver el despeje de los dos municipios, como lo que puede ser la segunda etapa (de la negociación de paz) como es la liberación total de los prisioneros''.

-         Acusó la descoordinación del gobierno y la falta de claridad en sus posiciones: ''No es una buena presentación, que el presidente Uribe diga una cosa, los ministros otra y el alto mando militar también, lo que evidencia la falta de voluntad política en cuanto al canje”.

-         Los guerrilleros liberados retornarán al seno de la guerrilla: ''los guerrilleros serán recibidos por los voceros nuestros e igualmente se entregaran los del Gobierno a sus representantes''.

-         Insiste en la desmilitarización de los dos municipios como prerrequisito para que se inicien los diálogos que conducirían al Acuerdo.

En síntesis: la ilusión parecería que comienza a desvanecerse. Una vez superada la expectativa y llegados al terreno de la materialización de la voluntad política, pareciera que nos encontramos en un punto muy cercano al de hace un año. Gobierno y guerrilla siguen aferrados a sus posiciones iniciales. Los dos utilizan sus declaraciones y sus manifestaciones de voluntad política como recursos de propaganda. El gobierno  sigue encerrado entre las paredes de su doctrina de seguridad, que ha reforzado con errores como haber extraditado a Palmera y Rojas. La guerrilla, como sostiene Molano, se siente fuerte después de haber resistido las embestidas del Plan Colombia y el Plan Patriota. El saldo neto es un empantanamiento prolongado de la situación actual.

 Mientras tanto, los secuestrados siguen en el monte.