El gobierno ha comenzado a mover algunas fichas con el objeto de reforzar su política de seguridad, al tiempo que continúa administrando los problemas provenientes del proceso de sometimiento a la justicia de las AUC e intenta tímidamente aproximarse a una agenda de paz con las FARC. Las decisiones que el presidente viene tomando en este campo complementan los movimientos que ha hecho en los otros dos durante las últimas semanas.

Como hemos mencionado anteriormente, desde el 7 de agosto de 2006 hasta el día de hoy el gobierno se ha visto desorganizado en sus reacciones políticas y desbordado por eventos que han puesto a tambalear su propia credibilidad, como fueron la masacre de Jamundí, las denuncias sobre falsos "positivos" y los engaños en el proceso de sometimiento a las justicia de las AUC, entre otros. Dichos eventos han generado la percepción pública de que la política de “seguridad democrática” se encuentra en el preámbulo de una crisis y han deteriorado la credibilidad de las Fuerzas Militares.  

El gobierno ha expresado su voluntad de alcanzar un Acuerdo Humanitario con las FARC, bien sea por los efectos de la cadena de escándalos sobre la imagen presidencial, porque las encuestas comienzan a registrar un cambio en las preferencias de la opinión pública que ahora comienza a deslizarse nuevamente hacia una salida política del conflicto armado o por una voluntad sincera de aliviar la situación de los secuestrado en poder de las FARC. Sin embargo, la voluntad del gobierno se ha expresado de forma ambigua, tal vez en consonancia con la preocupación que presentó el Presidente el día de su posesión al sugerir las contradicciones que encontraba entre la búsqueda de un acercamiento con las FARC y su política de seguridad. De manera que para la Administración Uribe el reforzamiento de la política de seguridad es un complemento de cualquier iniciativa en  el campo de la paz; como dos caras de una misma moneda. Para el Presidente colombiano la continuidad de la "seguridad democrática" —no su ausencia— conducirá a la paz.  Ese es el dilema del momento.

Elementos del Ajuste

La situación actual en el campo de la política de seguridad está determinada por los ajustes que está planeando introducir el gobierno a través del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.  Ajustes que responden a factores coyunturales, como los escándalos anteriormente mencionados, y sin duda también a factores más estructurales como pueden ser los de tipo presupuestal, operativo y logístico.

Las primeras movidas importantes se produjeron con el cambio de la cúpula militar en los albores del nuevo gobierno. Posteriormente, se introdujeron algunos cambios en la Justicia Penal Militar, justamente en el contexto de la avalancha de críticas que recayeron sobre las Fuerzas Militares luego de la masacre de Jamundí.

El pasado 7 de octubre asumieron, además, siete generales y 13 coroneles con la responsabilidad, en palabras del Ministro Santos, de “liderar el proceso de consolidación de la Política de Seguridad”.  Algunos de esos coroneles serán destinados a áreas críticas como el Catatumbo en Norte de Santander, Valle, Cauca, Nariño, oriente de Antioquia y La Macarena, en el Meta.

Dicho proceso incluirá:

• La consolidación de áreas rurales y reubicación de tropas en puntos estratégicos del Plan Patriota (fortaleciendo además a la Fuerza de Tarea Omega).
  
• La reforma de la Justicia Penal Militar.
  
• Mayor capacitación en derechos humanos, mejor selección del personal de inteligencia y reforzamiento del área de contrainteligencia.
  
• Reingeniería en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales, soldados y policías (www.eltiempo.com 10/7/06).  

La Estrategia Política

No es menos importante la estrategia política del gobierno para neutralizar el desprestigio de las Fuerzas Militares, particularmente a raíz de las acusaciones sobre los falsos “positivos”. Primero se empleó directamente el presidente de la República a través del Consejo de Seguridad que se reunió los días 9 y 10 de septiembre de 2006, en donde asumió prácticamente funciones de policía judicial, transfirió la responsabilidad a los medios de comunicación por la filtración de la noticia, evadió la responsabilidad política convirtiendo el caso en uno de competencia de la justicia, minimizó la importancia de las denuncias y fabricó las conclusiones del caso.

Posteriormente, los días 11 y 12 de septiembre proyectó idénticos mensajes a la opinión pública a través de una bien planeada ofensiva de medios. Coincidencialmente, a los pocos días explotó la crisis en la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de la presencia de un mentalista en sus altas esferas, y a principios de octubre el gobierno expresó su deseo de realizar el Acuerdo Humanitario.

El pasado 11 de octubre el Ministro de Defensa afirmó que los supuestos montajes de “positivos” de las Fuerzas Militares, eran “un gran montaje” y desestimó las declaraciones que habían realizado dos detenidos de la cárcel Picota de Bogotá ante los medios de comunicación, donde explicaban  cuáles miembros de las Fuerzas Militares participaron en los falsos positivos, cómo se planearon y en dónde (www.caracol.com.co 10/11/06).

Las declaraciones del  Ministro Santos tuvieron eco en el Fiscal General de la Nación, quien al día siguiente afirmó que “no cuenta con evidencia o material probatorio … para acusar a militares por falsos atentados en Bogotá” (www.wradio.com.co 10/12/06). De tal forma, el Fiscal Mario Iguarán desvirtuó de plano las declaraciones hechas previamente por el ex Vicefiscal Jorge Armando Otálora, en el sentido de que habían serias evidencias para vincular a la investigación al menos a dos oficiales del Ejército Nacional.

Quien no comparte la visión del Fiscal y del Ministro de Defensa es el Procurador General de la Nación, quien el pasado 12 de octubre anunció que su despacho investigará a tres coroneles, un mayor y dos capitanes del Ejército por su participación en los supuestos montajes de atentados en Bogotá en julio y agosto pasados.

Según informa eltiempo.com: “En un documento de 19 páginas, el Ministerio Público dice que hay evidencias de que los atentados frustrados entre julio y agosto pasados sí serían montajes…Además, considera que los oficiales pudieron haber cometido faltas disciplinarias “gravísimas”. Y añade que esas faltas podrían estar relacionadas con delitos como terrorismo, porte de explosivos y concierto para delinquir” (www.eltiempo.com 10/12/06).

El Peso de la Carrera Política del Ministro

Finalmente, no deben subestimarse las implicaciones que pueden tener sobre la política de seguridad las aspiraciones políticas del Ministro de Defensa. Juan Manuel Santos llegó a una cartera que desde 1991 se ha manejado más con criterio gerencial que como un escalón más en las ambiciones personales del ministro de turno (con la excepción notoria de Fernando Botero). 

El Ministro percibe que debe proyectar una imagen de mando, cuando tiene a un general en la Casa de Nariño y a unos veinte generales en el mando de la tropa. Un ejemplo de ello fue la salida en falso en que puso al general Mario Montoya a raíz de las denuncias sobre los falsos atentados. Durante su corta estadía en el Ministerio ha puesto bajo la mira de la opinión y de la oposición en el Congreso a las Fuerzas Militares, e indirectamente a la política de seguridad del gobierno y a la figura del presidente.  Está demasiado preocupado por sacar adelante su propia agenda política, como se puso en evidencia durante el debate al que fue convocado esta misma semana en el Congreso.

En síntesis, los cambios que se están comenzando a introducir en la política de seguridad buscan producir, en el corto plazo, un efecto sobre la opinión pública, y después, su propio reforzamiento. Pero aún existen desafíos que parecen encontrarse por fuera del alcance de las decisiones del gobierno nacional. La principal de ellas es la sostenibilidad financiera y presupuestal de la política de seguridad y la fatiga de la opinión pública.  Además, no parece claro que la agenda de seguridad del Presidente coincida plenamente con la agenda política del Ministro de Defensa.

Mucho se especula sobre el fracaso del Plan Colombia y el Plan Patriota, pero las cifras oficiales sobre sus resultados continúan ocultas; en tales circunstancias, un buen indicador de los resultados de la política de seguridad es el producto que arroje el actual pulso que llevan a cabo el gobierno y las FARC.  De esa manera se despejará el horizonte en materia de seguridad, al menos para los próximos cuatro años.