Uno de los aspectos más polémicos de la política de seguridad del actual gobierno de Colombia es su rechazo a aceptar la existencia del conflicto armado interno. Este enfoque ha sido utilizado como una herramienta para deslegitimar a la guerrilla, particularmente a las FARC, para darle coherencia interna a la doctrina de seguridad oficial y para mantener cohesionada a la opinión pública.

Por su puesto, es una tesis tan débil desde el punto de vista histórico, teórico y práctico, que cuando la recuerdo solo puedo sonreir con amargura,  en momentos en que dentro del gobierno se debate la posibilidad de realizar el Acuerdo Humanitario. Y por qué con amargura? Porque resulta que al desconocer la existencia del conflicto y de una fuerza beligerante, el gobierno ha intentado ocultar una realidad y se ha privado de alternativas útiles para resolverlo o, al menos, para aliviarlo. A eso es a lo que yo llamo guardar la mugre debajo de la alfombra.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con la humanización del conflicto (y el Acuerdo Humanitario solo es una pieza del engranaje del Derecho Internacional Humanitario). Al desconocer el conflicto el gobierno ha buscado volver invisibles los problemas derivados del mismo. Es lo que ha ocurrido con los secuestrados en poder de la guerrilla, pero también con las víctimas del conflicto, los desplazados y los niños combatientes.  Sencillamente, porque el esquema lógico del gobierno tiene profundas contradicciones.

Por ejemplo, cómo es posible que se acepte que existen desplazados internos y se defina una política pública seria para abordar este drama, si al mismo tiempo se desconoce la existencia del conflicto que los genera? La misma situación se presenta en otros campos. Los efectos prácticos de esta contradicción saltan a la vista, siendo uno de los más notables la debilidad  intrínseca que esto conlleva para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y para el desarrollo de los principios de Verdad, Justicia y Reparación.

Al desconocer la existencia del conflicto armado, el gobierno ha cerrado torpemente la puerta a la posibilidad de pactar acuerdos humanitarios con la guerrilla, ha conducido a una mayor degradación del conflicto y ha desconocido los avances que había logrado la sociedad colombiana en su conjunto en esta materia. Más de 15 años de trabajo humanitario fueron borrados de un solo plumazo por el actual gobierno.

Ayer 18 de octubre, justamente, la UNICEF manifestaba su desconcierto por el estancamiento en la desmovilización de menores combatientes en Colombia y el aumento en el número de eventos fatales derivados de las minas antipersonal, mientras solicitaba $2.5 millones de dólares para fortalecer su trabajo en el país.

Según la UNICEF, en el país existen entre 2,5 y 3,5 millones de desplazados, la mitad de los cuales son niños. Existen también alrededor de 6.000 niños combatientes en las filas de los grupos armados y otros 6.000 que pertenecen a grupos de milicias urbanas. Un porcentaje muy bajo de esos niños se ha desmovilizado mientras que muchos otros niños son reclutados diariamente.

Las minas antipersonal son otro grave problema en Colombia, habiéndose detectado su presencia en 31 de los 32 departamentos del país. No existe un programa serio de desminado en Colombia, mientras que uno de cada tres víctimas de tales minas son civiles, según UNICEF.

La tasa de homicidios en Colombia sigue siendo muy elevada. UNICEF reconoce que esta tasa ha disminuido desde el 2003. Sin embargo, el año pasado hubo en Colombia una tasa de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más elevadas del planeta.

También existe preocupación en la UNICEF porque el nivel de violencia en Colombia sigue siendo muy elevado y continúa produciendo un gran impacto sobre la sociedad y sobre los niños, y porque constituye un obstáculo para el desarrollo de operaciones humanitarias.

Estos son temas que la propaganda oficial tiende a ocultar o a tratar de una forma parcializada. No me cabe la menor duda que el enfoque general que tiene la administración Uribe sobre el conflicto armado es algo que no ayuda a resolver estos problemas. Como tampoco me caben dudas sobre los beneficios que recibiría la sociedad colombiana con un cambio en la doctrina de seguridad. Avanzaremos cuando el Estado colombiano acepte que es socialmente más responsable cuando en materia de acuerdos humanitarios deja de lado los cálculos políticos. Que es una posición ingenua? Es posible. Pero es socialmente más responsable que la que tenemos en este momento.