Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al aceptar que en el 2002, cuando el general Leonardo Gallego era comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, se infringió el Derecho Internacional Humanitario. La sanción también contempla una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas y cobija además al coronel (r) Álvaro Botero Mejía, ex subcomandante operativo de la Policía de Medellín.

Según la Procuraduría: "Concluye la investigación que el Brigadier General omitió impartir las órdenes precisas y adoptar los medios y métodos para proteger de manera efectiva la población civil no combatiente de la Comuna 13, en desarrollo de la operación el 21 de mayo de 2002".

La Policía se excedió en el uso de la fuerza, al detener injustificadamente a civiles y al disparar indiscriminadamente en el desarrollo de  la operación 'Mariscal', la cual dejó 9 personas muertas, entre ellas varios menores de edad; 38 civiles y 7 policías heridos; y 41 personas detenidas. Para la Procuraduría también se hicieron numerosos allanamientos ilegales.

"La Procuraduría comprobó que la Fuerza pública se excedió en el uso de la fuerza, ya que detuvieron indiscriminadamente civiles, no hubo una disciplina de fuego, se presentó un cruce indiscriminando de disparos sin tomarse las medidas para preservar y proteger los derechos de la población civil que habitaba el lugar de los hechos y se violó el principio de distinción por cuanto no se distinguió entre combatientes y no combatientes.