LOS HECHOS: La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el día  de ayer, jueves 9 de noviembre de 2006, la detención de tres congresistas de la coalición uribista por sus vínculos con el paramilitarismo. Se trata de los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y del representante Eric Julio Morris, todos ellos políticos del Departamento de Sucre, localizado en el norte del país.

La Corte ordenó la detención de los congresistas  por el delito de concierto para delinquir agravado y en el caso de García, además, por homicidio agravado y peculado por apropiación.

García está acusado por la Corte de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley en el Departamento de Sucre desde 1997; de participar como determinador en la masacre de Macayepo, ocurrida en el año 2000 y donde fueron asesinados 20 campesinos; del asesinato de Georgina Narváez Wilchez en 1997; y de la apropiación de recursos públicos para financiar a los paramilitares. Merlano está acusado de pertenecer al grupo paramilitar liderado por los alias “Diego Vecino” y “Cadena”.

Los congresistas entran ahora en un proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia que puede tomar alrededor de un año y eventualmente enfrentarán penas superiores a los 10 años de cárcel.

Otros congresistas esperan también el pronunciamiento de la Corte por delitos similares, específicamente por sus vínculos con “Jorge 40”. Entre ellos se encuentran Zulema Jattin, Dieb Maloof y David Char.

ANTECEDENTES: La determinación de la Corte Suprema de Justicia se sustenta en un proceso abierto en el año 2005 como resultado de la denuncia instaurada por la dirigente opositora y candidata a la Cámara de Representante por el Polo Democrático Alternativo durante las pasadas elecciones, Clara López Obregón. La denuncia de López fue secundada por el senador Gustavo Petro, del mismo movimiento político, quien realizó dos debates en el Congreso en relación con estos mismos hechos, uno el año pasado y otro hace un mes.

La decisión judicial se produce en el marco del proceso de desmovilización y judicialización de los grupos paramilitares, como resultado de los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Igualmente, en momentos en que el país y la comunidad internacional se encuentran a la expectativa por la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los antiguos miembros de los grupos paramilitares.

Ocurre, también, en momentos en que el país y el sistema judicial aún no terminan de digerir la cantidad de información que se encuentra disponible en el llamado “computador de Jorge 40”, incautado hace pocas semanas a un jefe paramilitar de la Costa Atlántica, y que ha destapado el nivel de violencia generalizado que los grupos paramilitares habían sembrado en el Departamento de Atlántico.

Cabe recordar que en diferentes oportunidades a partir del año 2002, algunos jefes de los grupos paramilitares reconocieron ante los medios de comunicación que contaban con el respaldo de entre el 30% y el 40% del Congreso de Colombia.

REACCIONES: Según el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, "estamos frente a un hecho más grave que 'el 8.000' porque no sólo se trata de financiar las campañas con el ilícito (sino) también de atentados contra el derecho a la vida e igualmente la repartición de los recursos del Estado".

En el mismo sentido se manifestó el Ministro de Interior, Carlos Holguín, quien además advirtió que es probable que otros congresistas sean vinculados a la investigación. Holguín dijo que el gobierno recibe la determinación de la Corte “con sorpresa y dolor”. 

Para el senador Petro la decisión de la Corte es un síntoma del renacimiento de la justicia en Colombia, en un caso que es mucho más grave que el “proceso 8.000”, ya que en esta oportunidad los delitos por los que se encuentra acusado el grupo de congresistas incluyen la integración de grupos paramilitares y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Petro pidió al presidente Uribe la inmediata expulsión de los tres congresistas de la coalición gobernante. Advirtió además que la penetración paramilitar es generalizada e incluye a gobernadores, concejales, diputados, alcaldes, jueces, fiscales, oficiales de la policía y el ejército, y hasta miembros de la iglesia católica.

Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión de la Corte, así como no lo ha hecho el senador Mario Uribe, director de Colombia Democrática, partido al cual pertenecen y a cuyo nombre fueron elegidos García y Morris. Para el día viernes se espera la expulsión de Merlano del Partido de la U.

La decisión del gobierno de ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Vicente Castaño puede interpretarse como una reacción a la decisión de la Corte, en el sentido de querer mostrarse como más duro y menos tolerante con los grupos paramilitares, especialmente si se tiene en cuenta que se encuentra en vísperas de su visita a los Estados Unidos para adelantar actividades de lobby frente a quienes serán las nuevas autoridades demócratas en el Congreso.

CONSECUENCIAS: La decisión de la Corte tiene consecuencias en diferentes niveles. Sin duda, el mayor impacto se produce sobre el proceso de sometimiento a la justicia de los jefes de los grupos paramilitares, porque pone al descubierto, con pruebas desde el punto de vista judicial, la penetración del paramilitarismo en el Congreso y en las altas esferas del poder regional y nacional.

También termina de afectar la imagen y credibilidad del gobierno en la negociación con los paramilitares, y más específicamente la del propio presidente de la República quien, como se recordará, según los resultados de la más reciente encuesta publicada por los medios de comunicación nacional, ha sufrido un descalabro en su imagen como resultado precisamente de la escasa transparencia de dicha negociación.

Afecta la confianza en el gobierno en tanto los congresistas acusados forman parte de la coalición gobernante y ellos apoyaron políticamente —con sus votos y con el respaldo paramilitar que ellos tenían— la elección del actual presidente de la república.

El Congreso sufre un golpe adicional en su ya menguada credibilidad, siendo como es una de las instituciones nacionales con menor credibilidad dentro de la opinión pública.   

A nivel regional, la determinación de la Corte implica un remezón en la estructura de poder en el Departamento y en los municipios de Sucre. Sin duda, se producirá un vacío de poder, aunque aún es muy prematuro determinar cuáles grupos se beneficiarán con el cambio de liderazgo que se producirá durante los próximos meses.

La credibilidad internacional de Colombia sufre un serio golpe, particularmente al nivel de aquellas organizaciones que se encuentran vinculadas al país mediante actividades de cooperación relacionadas con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.

Lo más importante en este momento es que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación se mantengan firmes en su decisión de enfrentar la penetración paramilitar. Que se mantengan firmes para avanzar en las investigaciones y para rechazar las presiones que ya se vienen produciendo para frenar el avance y el fortalecimiento de la justicia. En las actuales circunstancias los únicos enemigos de las decisiones de la Corte son quienes se encuentran por fuera de la ley y quienes los apoyan.