El presidente sentó su posición el día de hoy sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención de tres congresistas de la alianza uribista por sus vínculos con el paramilitarismo. Lo hizo durante un acto protocolario en la propia Corte.

Uribe salió en defensa nuevamente de su política de seguridad; no hizo un rechazo fuerte y vehemente del paramilitarismo, sino que defendió el mal llamado proceso de paz con los grupos paramilitares.

Las siguientes son las ideas fuerza del discurso presidencial que definen la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis política que está comenzando:

• El desmonte del paramilitarismo es un resultado directo de la política de seguridad. Le presentó al país una imagen exitosa de dicha política.
• Los anteriores gobiernos con su ineptitud permitieron que se entronizara en el país un clima de inseguridad. Ellos son los culpables de la inseguridad, Uribe le dio seguridad al país.
• Tiene una hoja de vida limpia.
• El proceso de paz con los paramilitares es un resultado de la política de seguridad democrática. Gracias a esta política el país le perdió el miedo al paramilitarismo.
• El desmonte del paramilitarismo es más importante e incluye más justicia que los acuerdos de paz de los años noventas.
• Los contradictores del gobierno y los líderes de la oposición que están exigiendo claridad del gobierno frente al paramilitarismo tienen todavía que ofrecerle muchas explicaciones al país por sus actuaciones del pasado, particularmente César Gaviria (La catedral, la extradición) y Gustavo Petro (amnistía e indulto).  
• No habrá cárceles privilegiadas para presos privilegiados.
• Respaldo a la verdad judicial y política, para los hechos pasados y presentes, tanto del paramilitarismo como de la guerrilla.
• La responsabilidad penal es individual. La lógica subyacente es que pueden ir a la cárcel los congresistas y funcionarios del ejecutivo que determine la Corte, pero que ello no comprometerá al Congreso o al gobierno como instituciones.
• Apoyó del Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia.
• Cárcel para todos los funcionarios públicos que se encuentren vinculados con el crimen.