Una de las preocupaciones que comienza a rondar en la cabeza de algunos analistas políticos y económicos tiene que ver con las posibles consecuencias de la crisis política sobre la economía colombiana y el clima de inversión.

Sin duda, un resultado tangible de la administración Uribe ha sido el mejoramiento del clima para los negocios y el desempeño general de la economía. En ello, desde la perspectiva del gobierno, ha jugado un papel central la recuperación de la seguridad en las carreteras y la percepción general de seguridad, aunque no puede subestimarse la confluencia de un entorno económico internacional estable y favorable al cumplimiento de las metas económicas.

La economía colombiana ha crecido de forma sostenida durante los últimos cuatro años, y para el 2007 tanto el gobierno como los analistas independientes esperan un crecimiento igual o superior al 6%; ninguna maravilla desde el punto de vista internacional pero, sin duda, un resultado que sería positivo para el contexto nacional.

La disyuntiva que enfrenta en este momento el país no es sencilla. Por un lado tenemos la opción de continuar por el camino que venimos trasegando desde el 2002, con un panorama de estabilidad económica y crecimiento de la inversión extranjera (aunque algunos cuestionan el origen de este crecimiento), pero en un contexto de creciente fortalecimiento del poder presidencial a costa del debilitamiento de las instituciones, de desbordada paramilitarización del país y con señales de agotamiento de la política de seguridad. 

Por otro lado, tenemos la opción de entrar en un proceso político que va a implicar la judicialización de miembros del Congreso y probablemente del Ejecutivo por sus vínculos con los grupos paramilitares, la reorientación de la negociación con dichos grupos y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz con todos sus efectos desde el punto de vista del enfrentamiento del país con la verdad histórica del paramilitarismo, y cuyos efectos probablemente reducirán la capacidad de maniobra política y de gestión del gobierno,  la capacidad operativa del Congreso y, eventualmente, conducirán a un enfrentamiento entre los poderes públicos.

Evidentemente, desde la perspectiva del crecimiento económico y el desempeño de las empresas, la crisis política constituye un obstáculo y un desincentivo. Se entiende perfectamente que esta sea una preocupación del gobierno, los empresarios colombianos y los inversionistas extranjeros. Sin embargo, la otra cara de la moneda está conformada por la necesidad que tiene el país, para la salud de su sistema político y la viabilidad de su democracia, de que se profundice al máximo y que se lleven hasta sus últimas consecuencias las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia durante las últimas semanas.

Ya se escuchan las voces tremendistas que claman por la rápida e indolora desactivación de la crisis política por sus eventuales efectos sobre la gobernabilidad y el clima de inversión. Lamentablemente, en este caso el remedio de tapar, ocultar y transigir no es una opción válida ni saludable para el país. Ese camino simplemente nos conducirá a mayores males en el mediano plazo, así en el corto plazo nos ofrezca el espejismo de unos estados financieros y unos indicadores macroeconómicos aparentemente saludables. 

El costo de entregar de una forma definitiva el país a un proyecto narcoparamilitar con proyecciones nacionales, no es comparable con el costo de hacer la purga política que es necesario hacer de forma inmediata. Aunque resulte doloroso, el costo de esta última opción es infinitamente menor.

De manera que las alternativas no son estabilidad económica o desastre. Las alternativas que debemos contemplar son democracia con estabilidad económica o desastre.

El gobierno no puede jugar ahora a volcar sobre la oposición la responsabilidad de la crisis política, con sus consecuencias institucionales y económicas. Se entendería que lo hiciera como una táctica de defensa política y como un recurso para ventilar sus posiciones frente a los medios. Pero no sería comprensible, no sería serio ni congruente, que buscara sentar sobre esas bases la desactivación de la crisis.

El  camino que conduce en este momento a la construcción de una democracia moderna pasa necesariamente por apoyar decididamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación; y por rechazar la narcoparamilitarización del país. Las amenazas veladas a la oposición y el desconocimiento de la historia nacional, no son fórmulas que ayudan a mejorar la situación sino a empeorarla.