El juez federal Tom Hogan declaró nulo el juicio en EEUU contra el guerrillero de las Farc, Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad", después de que el jurado no lograra un veredicto unánime sobre su culpabilidad o inocencia. "Trinidad", de 57 años, fue juzgado en un tribunal federal de Washington por cinco cargos relacionados con el secuestro en el departamento del Caquetá de tres estadounidenses el 11 de febrero del 2003 (Noticias RCN).

El  fallo de la justicia norteamericana siembra dudas sobre el carácter de la extradición de Palmera otorgada por el gobierno colombiano. La actual administración ha extraditado a más de 400 colombianos, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico. En el caso de Palmera, hasta el momento, va quedando la duda de si su extradición no obedeció principalmente a razones políticas y de Estado, y no a razones jurídicas contempladas en el Tratado de Extradición que se encuentra vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

Con la extradición al servicio de la política de seguridad, Colombia estaría adoptando una práctica que creíamos erradicada desde los tiempos de la Colonia, como es la pena de extrañamiento y el destierro, atada al delito político. Al parecer —lo digo para los que no somos abogados— en Estados Unidos también la responsabilidad penal es individual, y esto debía saberlo el gobierno colombiano cuando autorizó la extradición de Palmera. Porque una cosa es que alias Simón Trinidad pertenezca a las FARC, cosa que él nunca a negado, y otra muy diferente es que cada uno de sus integrantes pueda ser condenado por los secuestros o asesinatos cometidos por dicha guerrilla, por el solo hecho de pertenecer a ella.  Ahí el método deductivo no aplica.

Quién sabe cómo se va a tragar este sapo el gobierno, porque le va a quedar muy difícil criticar abiertamente a la justicia de los Estados Unidos. Es probable que en el último momento "aparezcan" nuevas pruebas o nuevos testigos que estén dispuestos a presentarse ante un nuevo juicio. 

Viendo la situación en perspectiva, lo mejor que podría pasar es que no solo se anule el juicio de Palmera, sino que se le declare inocente y regrese a Colombia. De esta manera, tal vez, se podría agilizar el Acuerdo Humanitario y remediar el error político que significó esta extradición. Es posible que el propio gobierno de Uribe logre sacar dividendos políticos de un eventual retorno de Palmera. Si el gobierno quiere destrabar el Acuerdo Humanitario, no debería insistir en el enjuiciamiento de Palmera en los Estados Unidos; al gobierno le conviene tener a ese preso en Colombia.