Hemos dicho que la crisis política que está comenzando en Colombia tiene alcances insospechados. Pero para que aclaremos un poco de que estamos hablando, y para inquietar un poco a nuestros lectores nacionales e internacionales, queremos analizar las implicaciones de la situación por la que atraviesa Colombia.

Los Parámetros de la Crisis

En primer lugar vale la pena aclarar que la crisis no se produce por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención de tres congresistas de la alianza uribista. La decisión de la Corte equivale a la formalidad jurídica mediante la cual se ha manifestado la voluntad de los altos jueces de detener el maridaje entre representación política y paramilitarismo.  La crisis tiene su origen en la generalización de dicha relación y en su oficialización mediante unos beneficios de tipo jurídico otorgados al amparo de una negociación entre el alto gobierno y los líderes paramilitares. Puede parecer una sutileza, pero se trata de una interpretación que conduce a diferentes consecuencias desde el punto de vista histórico, político y jurídico.

Por tal razón, en última instancia lo que ha hecho crisis es el modelo Uribe, su forma de gobernar y uno de sus proyectos bandera, como es la desmovilización paramilitar. Porque aunque los detenidos por orden de la Corte son tres congresistas, a lo que apunta su investigación es a romper la simbiosis entre poder político y poder paramilitar. 

Se trata de una crisis porque marca un punto de no retorno y en tal sentido implica un cambio de dirección tanto en las relaciones entre paramilitarismo y gobierno-congreso, como en una política pública esencial para el gobierno como es la desmovilización paramilitar, erróneamente llamada “proceso de paz”.

Alcances de la Crisis

En segundo término vale la pena discutir cuáles son los alcances potenciales de la crisis. Ahí encontramos dos escenarios. Por una parte, uno en el que la Corte decide hacer una “operación quirúrgica”, entendiendo por ello una acción judicial limitada a casos protuberantes con un claro propósito ejemplarizante. En este caso tendríamos una crisis de corta duración, con pocos implicados, con un impacto también limitado sobre la actividad parlamentaria y gubernamental; y donde la imagen internacional del país no se vería comprometida desde el punto de vista diplomático o económico.

En el otro escenario factible, la crisis generaría un mayor impacto sobre las instituciones y sobre la sociedad colombianas. En este caso, la Corte decidiría investigar y sancionar los vínculos entre el poder político y paramilitar a nivel nacional, es decir cubriendo otras regiones del país además de la región Caribe.  Las acciones de la Corte involucrarían un porcentaje significativo del Congreso (10% a 20% de los congresistas) y estarían respaldadas y coordinadas con acciones similares de parte de la Fiscalía y la Procuraduría, en lo que atañe a funcionarios públicos que se encuentren por fuera de la competencia de la Corte. El punto de referencia para este escenario se encontraría en las declaraciones del propio Fiscal y el Ministro del Interior, cuando han dicho que las decisiones de la Corte tienen un alcance mayor que el proceso 8.000.

Consecuencias Probables de la Crisis

En tercer lugar vale la pena medir las posibles consecuencias de la crisis, especialmente las que se relacionan con el segundo escenario mencionado anteriormente.

En el orden interno, el primer damnificado de la crisis sería el Congreso y su credibilidad. De la mano de su credibilidad se afectaría la legitimidad de la democracia colombiana en su conjunto, en tanto órgano representativo y poder político. En un plano más inmediato observaríamos una reducción de su capacidad legislativa, con lo que se bloquearía o reduciría la capacidad de generación de leyes y reformas. Reformas que continúan pendientes en la agenda legislativa como la tributaria y la judicial, quedarían pospuestas por término indefinido o, cuanto menos, la capacidad del debate político se vería disminuida.  Igual podría ocurrir con el debate sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

El segundo damnificado sería el gobierno, especialmente si un porcentaje mayoritario de los acusados corresponde a miembros de la coalición uribista. Su propia legitimidad se vería amenazada, y con ella la credibilidad del presidente de la república.  No se puede descartar que en medio de las diligencias judiciales resulte salpicado algún alto funcionario del gobierno y, eventualmente, el propio presidente.  La investigación sobre el ex Director del DAS apunta hacia el entorno cercano al presidente. Finalmente, bien por las investigaciones sobre los congresistas o sobre miembros del gobierno, la capacidad del gobierno para impulsar su agenda legislativa también se podría ver afectada por la crisis.  Dependiendo de la profundidad de la crisis, también podría verse reducida la capacidad de gestión del gobierno, particularmente en áreas como la propia política de seguridad, la política social y la política exterior.

La ya debilitada alianza de gobierno podría explotar en mil pedazos. Algunos barones electorales podrán acompañar al gobierno hasta el final para saciarse de los privilegios que este podría entregar en medio de su debilidad. Pero la mayoría comenzaría a deslizarse lentamente en la medida que la crisis se profundice. Ya se sabe que Vargas Lleras ha dado muestras de un pragmatismo político que raya en el oportunismo. Sabemos que los dos Santos están atornillados al gobierno, tal vez —en ese escenario— con la esperanza secreta de que la fruta madura caiga en sus manos sin mayores contratiempos.

Asistiríamos a un fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia.  Naturalmente, si en algún momento predomina el “tapen, tapen”, el principal damnificado sería el sistema judicial en su conjunto.

Una breve mención sobre el proceso 8.000. En esa oportunidad la Fiscalía llevó la voz cantante y sin duda sus actuaciones condujeron  a una purga dentro de la clase política. Como vemos 10 años después, el Congreso no quedó blindado contra la penetración de las organizaciones criminales. Es probable que en ello influyera el hecho de que aquel proceso giró en torno a la infiltración del Cartel de Cali en la política, pero los vestigios del Cartel de Medellín, para ese momento recientemente derrotado, no fueron tocados. Y fueron justamente ellos quienes se fortalecieron a raíz de los servicios prestados por los Pepes al establecimiento y su posterior transmutación en organizaciones paramilitares de segunda generación (la primera habría sido la liderada por Fidel Castaño). De manera que es bueno que recordemos que el proceso 8.000 tuvo un alcance limitado e incompleto.

Si la Corte hace su trabajo sin sufrir zancadillas de parte del gobierno (¿alguien cree que esto sea posible?) se abriría una oportunidad de oro para la izquierda democrática, que encontraría una vía pavimentada hacía el palacio presidencial construida con el desprestigio y desgaste en que entraría este gobierno. Otro tema muy diferente sería el de las relaciones y contradicciones entre el Polo y el Partido Liberal, y al interior de cada uno de ellos. ¿Les parece que es muy prematuro para hablar de las elecciones del 2010? Que tal si recordamos que este gobierno se encuentra en una crisis de alcance nacional y hace pocos días cumplió apenas sus primeros cien días.

En el segundo escenario los empresarios colombianos deberían comenzar a pensar seriamente en las consecuencias que la crisis podría tener sobre sus negocios, especialmente si a ellos se suman dos factores netamente económicos como son la posibilidad de que se produzca una devaluación, que viene siendo contenida por muchos meses, y la posibilidad de que se produzca una desaceleración en la economía mundial, como se pronostica para el 2007. Aún sin factores económicos independientes, es probable que la sola crisis política esté en condiciones de afectar el desempeño general de la economía.

Los inversionistas extranjeros miran con cautela el desarrollo de los eventos políticos en Colombia. La firma del TLC les brinda optimismo, pero los titulares de la prensa colombiana –o mejor , la realidad que ellos registran—mina la confianza en el socio colombiano y en la estabilidad de sus instituciones. Este es un factor que ya deberían estar evaluando seriamente quienes toman las decisiones económicas en el alto gobierno, para mitigar los efectos económicos de la parapolítica.

Las agencias de cooperación internacional y elementos de la comunidad internacional como Naciones Unidas y organizaciones políticas regionales y hemisféricas son otro grupo que debe estar preocupado con los acontecimientos de Colombia. Con gran esfuerzo el gobierno colombiano ha venido sumando apoyos al proceso de desmovilización paramilitar; un proceso que al principio no tuvo ninguna acogida internacional, pero cuyas perspectivas fueron abiertas en buena medida por César Gaviria desde su posición de Secretario General de la OEA. Hoy son muchos los gobiernos extranjeros que están apoyando los programas de reinserción o que al menos comenzaban a mirar con ojos más bondadosos uno de los proyectos bandera de la administración Uribe. Esas agencia deben estar revisando en este momento su participación en dicho proceso.

La mayor paradoja de la crisis es que esta le conviene en el mediano plazo al país pero no al gobierno. La profundidad de la crisis y su impacto sobre la democracia colombiana será algo que decidirán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación.  La crisis ofrece la gran oportunidad de purgar el sistema político y blindarlo de una vez por todas contra la infiltración criminal. Lo que está por verse es hasta donde llega la independencia de poderes en Colombia.