El senador uribista Miguel de la Espriella reconoció que un grupo de 40 congresistas se reunió en el 2001 con la plana mayor de los paramilitares y que suscribió un documento de apoyo a un proyecto político del paramilitarismo de alcance nacional. Reconoció, además, que de dicho proyecto forman parte alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y altos funcionarios del gobierno.

Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y Mancuso, nos hablaron unos profesores venidos de la Universidad de la Sorbona y propusieron la creación de un movimiento comunal y político que de alguna manera defendiera las tesis de las autodefensas y que propendiera por un proceso de paz con las autodefensas. Esa fue una reunión que se hizo en Ralito, tengo que decirlo.

La revelación del político del Departamento de Córdoba viene a sumarse a las declaraciones que ha rendido Rafael García ante la Corte Suprema de Justicia y que se han filtrado a los medios de comunicación, en las cuales relata el nivel de involucramiento del "incontaminado" ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, con los grupos paramilitares de la región Caribe y los pormenores del fraude electoral fraguado por ellos durante las elecciones parlamentarias del 2002. García fue el Jefe de Informática del DAS y persona de confianza de Noguera en el organismo de inteligencia dependiente del Presidente de la República.

El ex-candidato liberal, Horacio Serpa, le pidió al presidente Uribe que asuma la responsabilidad política por el desenfreno paramilitar y le diga la verdad al país sobre los vínculos del paramilitarismo con la dirigencia nacional.

Señor presidente Uribe: Usted tiene cuando menos una responsabilidad política y tiene que responder ante el Congreso de la República, por qué creció tanto el paramilitarismo y por qué los partidos uribistas se infestaron de paramilitares.

Lo que viene ocurriendo es simplemente la confirmación de que los grupos paramilitares no solo infiltraron el Estado hasta sus más altos niveles, sino que ello respondía a un proyecto paramilitar —a una gigantesca conspiración— para tomarse el Estado en los niveles municipal, departamental y nacional, del cual formaban parte, además de los paramilitares, líderes políticos del nivel nacional y regional, y dirigentes gremiales. Más que una infiltración, lo que hay es una alianza político-paramilitar para manejar el Estado, donde los paramilitares con la intimidación de sus armas crearon las condiciones para que los políticos fueran elegidos y estos, una vez en el poder, legislaron y gobernaron en favor de sus patrocinadores, ofreciéndoles además cuotas burocráticas, contratos y "tajadas" de poder local y nacional para su beneficio político y económico.

Puede decirse que dicha alianza fue exitosa hasta el momento en que el modelo Uribe hizo crisis, se destapó la relación orgánica entre un sector de la dirigencia uribista y el paramilitarismo, y la Corte inició sus investigaciones sobre dicho fenómeno.

Es duro decirlo, pero la existencia de esta conspiración explica la paramilitarización del país—como política de Estado—  que hemos vistos durante los últimos cuatro años y creemos que no es exagerado afirmar que le asesta un golpe casi mortal al Estado de derecho en Colombia. La legitimidad del Congreso y del propio gobierno se ha resquebrajado. Habrá quienes cínicamente digan que esos pactos secretos se hicieron para buscar la paz de Colombia; y habrá altos funcionarios del gobierno que digan que ellos se hicieron a sus espaldas. A otro perro con ese hueso!

La crisis avanza y cada vez se acerca más a la figura del Presidente de la República. La prensa debe estar preparada, inicialmente, para nuevas bravuconadas presidenciales y el país para que se produzca una explosión autoritaria de parte del presidente.

Por lo pronto, el espíritu de cuerpo del Congreso colombiano ya salió en defensa de sus colegas investigados y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como retaliación, inició varias investigaciones contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (qué paradoja, igual que en el proceso 8.000 !).

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Por considerarlo de especial interés para nuestros lectores, a continuación citamos textualmente el artículo titulado "El Pacto del Paramillo", publicado hoy 27 de noviembre de 2006 en el diario El Nuevo Siglo:

"A mediados del 2001, se registró en esta zona de Córdoba la reunión entre cúpula paramilitar, candidatos y congresistas que luego redundó en el fraude electoral en los comicios legislativos de 2002. Intimidades de ese cónclave

CARLOS CASTAÑO tenía bajo su mando el estado mayor de las autodefensas a mediados de 2001. Sólo un año antes había descubierto su cara en entrevistas concedidas a Caracol y RCN Televisión y desde entonces se había catapultado como el líder por antonomasia de la organización paramilitar. El hecho de ser hermano de Fidel y Vicente Castaño así como de haber fundado las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá le daban cierta preeminencia. Haber contestado ágilmente a los periodistas lo había convertido en un polo de atracción.
Por eso a mediados de 2001 nadie discutía su influencia y mando dentro de la organización paramilitar. Apenas Salvatore Mancuso aparecía como uno de sus segundos y en la opinión pública no tenía el rango que después se le descubrió. Sólo quienes conocían los intríngulis internos sabían de su prevalencia. Por esa época, Vicente Castaño actuaba bajo la sombra de su hermano Carlos y se decía que era el cerebro gris detrás de todo.
En esos momentos, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) habían dejado la disgregación regional y se habían unificado en un estado mayor central, que garantizaba un mando aglutinante en medio de las operaciones zonales independientes. Es decir, que actuaban a manera de federación, que
desarrollaba actividades conjuntas como, por ejemplo, trasladar contingentes paramilitares de diferentes partes del país hacia los Llanos Orientales. De esta manera no sólo lograban el control regional en determinados departamentos, sino que igualmente avanzaban hacia la configuración de un ‘para-ejército’ nacional con operaciones puntuales.

El cónclave

En ese espectro de cosas, el estado mayor de las Auc, a cargo de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que hacían las veces de comisarios político y militar, respectivamente, decidieron citar a una reunión en la zona del Alto Paramillo para configurar una estrategia hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2002.
Se trataba de dividir las votaciones de sus áreas de influencia para garantizar la llegada al Congreso de políticos aliados de los paramilitares. Procedieron a citar entre 30 a 40 candidatos, contando aspirantes por primera vez y parlamentarios que buscaban su reelección. Y con ellos firmaron lo que Carlos Castaño llamaría el “Pacto de Paramillo”.
Según las declaraciones del condenado ex jefe de Informática del DAS, Rafael García, ese pacto habría dado lugar a una estrategia política denominada “Provincia Unida”, la cual habría sido responsable directa del fraude electoral que se presentó en los comicios del 2002 y en la cual participaron varios congresistas, muchos de ellos que aún hoy están en ejercicio.
Volviendo a la reunión en Paramillo, a ésta llegaron parlamentarios muy cercanos a las autodefensas. Aunque éstos pensaban que los encuentros citados por los ‘paras’ serían por grupos departamentales independientes, al llegar al lugar del encuentro se encontraron con que se trataba de una cita de carácter nacional. No solamente se toparon congresistas de la mayoría de departamentos de la Costa Atlántica sino también algunos del interior, inclusive de la capital del país. Uno de éstos últimos, precisamente, se mostró sorprendido pero poco a poco se fue dando cuenta de lo que pasaba y así, avanzada la reunión, cada cual fue presentando sus inquietudes electorales. También actuaron como testigos de la reunión algunos líderes gremiales.
Entre los asistentes a Paramillo habría varios de los congresistas han salido a relucir en estos días por su presunta responsabilidad en la para-política, pero en los testimonios ante la Sala Penal de la Corte rendidos por Rafael García y alias ‘Don Antonio’, mano derecha del jefe paramilitar del bloque Caribe, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, surgen muchos más nombres de parlamentarios y dirigentes políticos que firmaron el pacto con las Auc.

La ‘estrategia’ electoral

En todo caso, en la reunión de Paramillo, se procedió a analizar las aspiraciones y candidaturas por cada departamento, de manera que se pudieran conjugar debidamente las senaturías y las representaciones en la Cámara. Así se dividieron entre 400 y 500 mil votos que garantizaban a plenitud la elección y la influencia.
Incluso allí, una de las representantes de Córdoba recompuso sus relaciones con las autodefensas. Arguyó, además, no tener dinero para adelantar la campaña, dificultad que pronto fue ‘superada’. El compromiso prosperó, incluso, hasta las elecciones al Congreso en marzo de este año, cuando la dirigente intentó incluir a uno de los desmovilizados de la zona en su fórmula de Cámara, mientras ella aspiraba al Senado con éxito.
Entre tanto, a la mayoría de los parlamentarios se les pidió la respectiva cuota de colaboración que, según el mismo testigo Rafael García, oscilaba entre $800 millones para el Senado y $400 para la Cámara de Representantes.
Superadas las incidencias electorales, los beneficiarios procedieron a firmar el “Pacto del Paramillo”, en el cual se convenían una serie de políticas a seguir como resultado de la cumbre. Posteriormente copias del documento se le hicieron llegar por la secretaría de la organización paramilitar a cada uno de los firmantes.

De La Sorbona no, de Harvard

A ese Pacto es al que se refiere el senador Miguel Alfonso de la Espriella en su entrevista publicada ayer en El Tiempo. Según el parlamentario, en aquella reunión también participaron ciertos profesores de la prestigiosa universidad europea de La Sorbona para asesorarlos en la creación de un movimiento político afín a la organización armada. Al parecer tales profesores no eran de esa institución, sino de Harvard, posiblemente del Centro de Resolución de Conflictos.

Paz, tema secundario

Según De la Espriella, las autodefensas dijeron, además, que se encontraban interesadas en un proceso de paz. Ese tema se trató, pero una vez se habían dividido el mapa electoral.
Apenas unas semanas antes de la reunión en Paramillo, se había presentado un fuerte rifirrafe entre Castaño y Mancuso por los allanamientos realizados por el saliente fiscal, Alfonso Gómez Méndez, con el respaldo total del Gobierno, en varios lugares de Montería.
Mancuso le había increpado a Castaño por no contestar esa acción judicial. Y éste último le había respondido que no autorizaba ninguna retaliación terrorista.
En realidad, los únicos acercamientos de paz que se venían verificando desde finales de 1999 se referían a la vocería que, por autorización presidencial confidencial, llevaba a cabo un representante conservador de Córdoba - hoy en el Gobierno - bajo los parámetros de la Ley 418, según la cual cualquier contacto de este tipo debía surtirse con previa orden o delegación exclusiva del Presidente.
De ello sólo tenía conocimiento Castaño, que actuaba a través de otro delegado. Posteriormente el gobierno Pastrana involucró otro canal, a través de la Iglesia Católica. El asunto nada tenía que ver la división del llamado mapa electoral.

El senador De la Espriella dice en su entrevista que las Auc tocaron a todos los políticos de Córdoba. Sin embargo, de los cinco senadores actuales de ese departamento sólo dos aparecen en las investigaciones. Los otros tres, dos liberales y un conservador, o han denunciado la convivencia para-política o han respaldado totalmente a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones. Incluso uno de ellos, el senador de mayor votación liberal en el país, recientemente se enfrentó por este tema con el senador De la Espriella en presencia del propio presidente Uribe.
Tales circunstancias suelen repetirse en ciertos departamentos de la Costa, donde se han dado fuertes divisiones sobre el tema. Incluso reconocidos dirigentes de la región, como el ex senador Amilkar Acosta, no pudieron presentarse de nuevo al Congreso en 2006 por amenazas de grupos paramilitares, tal como en su momento lo testimonió ante la Corte Suprema de Justicia.
Tras el “Pacto del Paramillo”, la mayoría de los presentes en esa reunión salieron elegidos. Y luego hicieron campaña presidencial a favor de quien ganó las elecciones en 2002. Tiempo después, tanto Vicente Castaño como otros líderes paramilitares no dudarían en afirmar que el 35% de las curules del Congreso fue escogida con apoyo de las Auc.

Post-Ralito

Ya asesinado Carlos Castaño y avanzadas las conversaciones de paz Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y la cúpula paramilitar, algunos medios de prensa publicaron las conversaciones entre el estado mayor de las Auc y el Alto Comisionado para la Paz, en las que se mostraban partidarios de reformar la Constitución y dar vía libre a la reelección presidencial inmediata. Los congresistas implicados en el actual escándalo para-político votaron favorablemente la idea, así como también las cláusulas iniciales de la Ley de Justicia y Paz, las mismas que luego fueron ajustadas por la Corte Constitucional.
En estos días uno de los senadores del Cesar que más aparece en las investigaciones, hermano de la actual Canciller, sostuvo que el escándalo para-político podría llegar hasta la misma oficina presidencial. En la entrevista de ayer, el senador de la Espriella sostiene que el Jefe de Estado puede equivocarse en muchas decisiones, pero que da fe que es un hombre honesto.
Según De la Espriella, las investigaciones de los parlamentarios serán definidas por la Corte. En caso de implicación a senadores, éstos podrían desmovilizarse, dependiendo de si la Corte autoriza que lo hagan por la vía de la Ley de Justicia y Paz y no por el Código Penal. “Si su único delito es conformación de grupos paramilitares, tendrán que darle la libertad”, afirmó. Al parecer, no se referiría a la Ley de Justicia y Paz sino a la ley 782, establecida para combatientes paramilitares de escaso nivel."