La muerte del dictador Augusto Pinochet y la forma como la sociedad chilena reaccionó frente a esa noticia es algo que debe llevarnos a pensar que muchas veces existe un abismo entre la verdad judicial y la verdad histórica.

Recordemos que el dictador no actuó en el vacío. Al romper el orden constitucional y derrocar a Salvador Allende, Pinochet contó con el apoyo de un sector mayoritario de las élites económicas y los partidos de centro-derecha.  Ellos fueron a un mismo tiempo promotores y beneficiarios del régimen militar. Durante la mayor parte de la dictadura Pinochet contó, además, con el respaldo de los Estados Unidos y el Vaticano. Por si fuera poco, el sistema internacional avaló con su silencio la ruptura del proceso democrático y las violaciones de los derechos humanos.

Pinochet fue el resultado de un pacto político y económico entre las élites chilenas que se contrapuso al pacto político y social que había sido sellado en las urnas en favor de Salvador Allende. Pinochet no fue solamente el líder y vocero de los militares chilenos de los años setentas y ochentas. Pinochet fue la cara visible de un régimen que incluía unas élites políticas y económicas corruptas, unas bases sociales ciegas y unas relaciones internacionales condicionadas por la Guerra Fría. Nunca actuó en el vacío y por eso juzgar a Pinochet hubiera significado juzgar a las redes que lo impulsaron, lo apoyaron y lo protegieron, muchas de las cuales aún siguen vivas.

De manera que no debe sorprendernos mucho que hubiera muerto sin que la justicia chilena o internacional lo condenara por sus crímenes. Ello demuestra, simplemente, que la verdad histórica nada tiene que ver con la verdad jurídica.

La verdad jurídica que prevalecerá, dirá más o menos: “Pinochet fue acusado de violar los derechos humanos en Chile pero murió sin que fuera juzgado y hallado culpable de las sindicaciones que se le hicieron. Murió amparado por la presunción de inocencia”.

La verdad histórica será el reflejo de la contradicción existente en el correlato político chileno.  Para un sector de la sociedad chilena Pinochet habrá sido el patriota que rescató a Chile de las garras del comunismo internacional y lo puso en la senda del desarrollo y la modernidad.

Para otro sector, la mayoría, Pinochet será el sanguinario dictador que violó sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos, asaltó las arcas públicas y vendió su país a los poderes económicos internacionales.

Las manifestaciones y desordenes que se han producido en Chile a raíz de su muerte son un reflejo de las lecturas contradictorias que existen sobre su paso por la historia.

La justicia no actuó con toda la fuerza que un sector hoy mayoritario de la sociedad chilena y mundial hubiera querido en el caso Pinochet. Y no lo hizo porque, así resulte difícil reconocerlo, ella es solamente el reflejo de la correlación de fuerzas que se mueven dentro de la sociedad. No es una “justicia divina”, imparcial, objetiva, diáfana. Se trata de una justicia que se mueve al vaivén de los intereses que subyacen dentro de la sociedad.

Con la muerte de Pinochet prácticamente queda cerrado ese capítulo de la historia chilena. Sus promotores y beneficiarios pueden, ahora sí, descansar en paz. La justicia dificilmente los alcanzará y en cualquier caso podrán alegar que todo el régimen se sostenía sobre la figura del capitán general.

Precisamente por esa razón despierta tanto interés y temor el Tribunal Penal Internacional; y tanto recelo las leyes de punto final.

A los ciudadanos colombianos, por ejemplo, nos conviene que el Tratado de Roma y el TPI entren a operar rápidamente en el caso colombiano y que el gobierno nacional levante las salvaguardas que ha puesto simplemente para garantizar un margen de impunidad que resulta ofensivo para las víctimas del conflicto.