Finalmente, llegó el anhelado momento para que la justicia colombiana asuma el papel histórico que le corresponde en el juzgamiento de muchísimos delitos atroces cometidos por los paramilitares colombianos. Los primeros miembros de esas organizaciones criminales comienzan a  desfilar por los tribunales de justicia y uno de los hombres fuertes del narco-paramilitarismo, Salvatore Mancuso, comenzó a rendir versión libre el día de hoy. Casualmente, también hoy comenzó el juicio contra los 15 militares acusados por la masacre de Jamundí.

Todo el debate político alrededor de la desmovilización de las AUC, la Ley de Justicia y Paz, la reparación de la víctimas y la verdad, confluye en un proceso eminentemente judicial, donde serán los tribunales especializados los que harán justicia en nombre de la sociedad colombiana. Hasta aquí casi todo suena bien. Bonito. Pero, podrá la justicia acometer exitosamente esos procesos? Tiene las herramientas necesarias para garantizar que los procesos judiciales en contra de los jefes paramilitares no conduzcan a la impunidad? Lamentablemente, no hay muchos motivos para ser optimistas.

Tal vez algo que no se ha recordado suficientemente a lo largo del proceso de desmovilización e inicio de la judicialización de los paramilitares es que la justicia colombiana continúa en cuidados intensivos. Los factores que definieron la crisis de la justicia en los noventas, y que obligaron a tomar medidas excepcionales, siguen vigentes: elevada impunidad, congestión de los despachos judiciales, falta de acceso a la justicia, hacinamiento carcelario, y un largo y doloroso etcétera.  La justicia colombiana nunca ha sido, y no lo es en estos momentos, un ejemplo de eficacia y eficiencia.

Ese es el sistema judicial donde aterrizo la Ley de Justicia y Paz que, como sabemos, será la jurisdicción responsable de investigar y juzgar los delitos cometidos por los paramilitares (se dirá que también por los guerrilleros, pero en este momento ellos siguen en el monte y en el mediano plazo no se ve que se vayan a acoger a estas normas, con excepción de unos pocos casos aislados que han desertado de sus filas). Recordemos que se trata de una ley polémica, manufacturada prácticamente a la medida de las necesidades de los jefes paramilitares mientras acordaban sus términos en Santa Fe de Ralito. Demandada ante la Corte Constitucional. Revisada y modificada por esta Corte, donde le introdujeron elementos compensatorios para reducir los márgenes de impunidad y aumentar los de verdad y reparación. Ajustada nuevamente mediante decretos presidenciales.

En síntesis, se trata de una ley cuestionada ampliamente, pero sin dudad es una ley humana.  Es decir, diseñada a la medida de las actuales realidades políticas de Colombia; es un refelejo de la actual correlación de fuerzas, es decir, de la ascendencia que tiene el paramilitarismo dentro de las altas esferas del Estado (en realidad ya no se si es al contrario y se trata más bien de la ascendencia que tienen las altas esferas del Estado sobre el paramilitarismo... o es lo mismo?). Esto para decir que, sin duda, no se trata de una ley divina o ideal. Como dije, se trata de una ley que se ajusta a las realidades colombianas.

Por si fuera poco que se trata de una ley "a la colombiana", ya se han practicado las típicas leguleyadas que harán que la aplicación de esta ley sea aún más imperfecta.  El gobierno se demoró hasta el límite para enviar el listado de paramilitares sujetos de la ley.  O fue que la Fiscalía quien se demoró en solicitar la lista? Ahí se tiran la pelota de un lado para otro y lo cierto es que del despelote solo salen beneficiados los paramilitares. De cerca de 30.000 paramilitares desmovilizados, en la Fiscalía solamente existen casos abiertos para mucho menos del 10%. Al parecer, el número de fiscales especializados es muy reducido frente a la magnitud de la tarea que deben enfrentar. Al final los fiscales naufragarán en un océano de testimonios contrapuestos y un mínimo de evidencias.

Los procesos no serán tan cortos como esperamos los colombianos y es muy probable que para el momento en que se produzcan los fallos, muchos de los acusados ya hayan cumplido sus sentencias en el periplo que ha sido Ralito, La Ceja, Itaguí e intermedias. En ese momento muchos pondrán el grito en el cielo.

El 2007 será el año de la Justicia, es cierto. Pero mejor diremos, será el año en que la justicia colombiana, además de ciega, se expondrá desnuda ante la opinión pública nacional e internacional. Para cuando comience a descubrirse su inoperancia, el gobierno colombiano, con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, podrá decir con satisfacción que es respetuoso de la separación de poderes, de la institucionalidad y del Estado de derecho. Que se trata de un problema que se encuentra en manos del sistema judicial. Que no se va a inmiscuir en sus competencias. 

Para ese momento todos tendremos amnesia y habremos olvidado los antecedentes de este proceso y la responsabilidad que les cabe al gobierno, a Uribe, a Londoño, a Pretelt, a Holguín, a Restrepo y al 40% de amigos de los paramilitares en el Congreso.

Finalmente, a esa confusión habrá que sumarle el escándalo parapolítico, cuya cronología puede verse aquí, y su desarrollo en la Corte Suprema de Justicia y los casos aislados que cursarán en la justicia ordinaria: falsos positivos, Jamundí, etc.

Ese es el panorama. Le suena muy pesimista? Déjeme su somentario en la sección de "comments", debajo de estas lineas. Puede hacerlo de forma anónima, si así lo prefiere.