Parapolítica y Lucha por el Poder
Posted by Camilo Galan at 2/7/2007 
Categories: Alternativas de Poder, Partido Liberal, Grupos Paramilitares, Polo Democratico Alternativo, PARAPOLITICA, GOBIERNO
Categories: Alternativas de Poder, Partido Liberal, Grupos Paramilitares, Polo Democratico Alternativo, PARAPOLITICA, GOBIERNO
La interpretación generalizada sobre la crisis política que vive Colombia nos dice que se trata de un conflicto entre el gobierno y la oposición alrededor de la política de sometimiento a la justicia de los jefes paramilitares, y de sus alianzas con el régimen político. Sin embargo, creo que esa lectura es insuficiente para interpretar los alcances de la crisis.
A mi modo de ver, estamos asistiendo a un enfrentamiento entre visiones opuestas sobre el orden social, la conducción del Estado y el tipo de democracia que necesita Colombia. El escándalo de la parapolítica es el escenario donde se está dando esta batalla. Allí se manifiestan unas posiciones, pero algunos de los intereses tanto del gobierno como de la oposición aún se mantienen parcialmente ocultos. El trasfondo de la crisis es más complejo de lo que se observa a simple vista.
El presidente sigue creyendo que el país se encuentra en una disyuntiva entre democracia y comunismo (ya lo degradó a la categoria de terrorismo), donde él mismo es el abanderado y defensor de la primera alternativa y la oposición lo es de la segunda. Para el gobierno la oposición le está haciendo el juego directa o indirecatmente a las FARC.
Un sector del Polo considera que detrás del discurso de Uribe hay un principio fascista, tal como lo dijo recientemente el senador Gustavo Petro. Desde ese punto de vista el país se vería abocado a una disyuntiva entre democracia y fascismo, donde el Polo representaría la primera opción y Uribe la segunda. Un sector de la oposición estaría pensando que el gobierno colombiano está abandonando el camino de la democracia y estaría tomando el del autoritarismo.
En ese contexto, pareciera que la crisis tiene elementos comunes a los conflictos nacionales propios de la Guerra Fría, así suene un poco anacrónico que en pleno siglo XXI la dirigencia colombiana lleve sus diferencias al planteamiento de una disyuntiva entre comunismo y fascismo. Por eso no sobra recordar que algunas raíces del conflicto armado y la doctrina de seguridad nacional tienen su raíz precisamente en la Guerra Fría.
Tampoco sobra recordar que muchos de los protagonistas de la vida política colombiana tienen motivos para ver el mundo en esos términos. Al fin y al cabo esa fue su escuela política y esas fueron las coordenadas mentales sobre las cuales contruyeron el mapa político-ideológico que los orienta. Por eso, un poco al márgen, nos preguntamos: qué le dirá el debate propuesto en estos términos a los colombianos menores de 25 años?
Y como se ha vuelto inevitable hacer comparaciones entre esta crisis y la del 8.000, aquí surge una diferencia sustancial. El proceso 8.000 fue- desde el punto de vista formal- un proceso judicial por medio del cual se investigaron los nexos entre el narcotráfico -particularmente el Cartel de Cali- y la dirigencia política. En realidad se convirtió en un conflicto por el poder entre las élites políticas tradicionales (el samperismo contra el pastranismo-gavirismo).
La crisis parapolítica comenzó como un proceso judicial que buscaba destapar los vínculos entre el paramilitarismo y la dirigencia política tradicional. Pero lentamente ha ido cogiendo camino también por otros cauces y amenaza con convertirse en un conflicto ideológico y una lucha por el poder entre un liderazgo tradicional (el uribismo) y uno emergente-alternativo (el Polo).
Volvamos al principio. Qué tienen que ver las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia a un grupo de congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo, con las acusaciones recíprocas entre gobierno y oposición?
Es este un debate -como parece plantearlo el Polo- sobre la relación entre el alto gobierno y el paramilitarismo en Colombia? O más bien, como quiere plantearlo el gobierno, es un debate sobre la responsabilidad que tiene la oposición -toda la oposición, incluido el partido liberal- en el auge de la violencia generada por los paramilitares y la guerrilla?
El asunto va más allá. Porque es al mismo tiempo un debate público sobre el pasado, el presente y el futuro del conflicto. La oposición inicialmente quería centrar el debate sobre el presente de la política de sometimiento a la justicia de los paramilitares, como un mecanismo legítimo de control político y rendición de cuentas.
Posteriormente el gobierno, a la defensiva, quizo centrar la discusión en los antecedentes de la violencia paramilitar y guerrillera, según un enfoque particular, que involucraba un juicio de responsabilidades a los miembros de la oposición.
Más adelante la oposición aceptó hacer una discusión sobre el pasado, pero aquella parte del pasado que involucra directamente al presidente, en cuanto promotor de las Convivir mientras fue Gobernador de Antioquia.
Y el futuro? El presidente se ha cuidado de advertir en el pasado que no permitirá que en aras de la paz se pierdan los logros de su política de seguridad. También ha dicho que los parametros de la negociación con los jefes paramilitares será el punto de partida en una negociación con la guerrilla. Y ha rematado diciendo que con su modelo de "negociación" no habrá en el futuro ex-guerrilleros (tiene en mente a las FARC) sentados en el Congreso.
El gobierno sabe que tarde o temprano esa guerrilla, de civil, jugará un papel clave en la política colombiana (hay abundantes ejemplos en el plano nacional e internacional que comprueban que eso es así). El presidente se ha impuesto como misión limitar desde hoy ese papel.
Álvaro Uribe Vélez consiguió llevar a la opinión pública, en un país tradicionalmente de centro, hacia la derecha del espectro político. La discusión que planeta el Polo y el partido liberal busca en el fondo llevar al país nuevamente al centro político. El presidente quisiera profundizar su proyecto político. La oposición quiere limitar esa aspiración y por el camino convertirse en alternativa de poder.
El asunto de la parapolítica conlleva una lucha por el poder. Lo que los actores políticos involucrados -el gobierno y el Polo- deben entender es que al país no le interesa ni le conviene que se le plantee un falso dilema entre comunismo y fascismo. O entre terrorismo y autoritarismo. El país necesita que se la hable de democracia.
A mi modo de ver, estamos asistiendo a un enfrentamiento entre visiones opuestas sobre el orden social, la conducción del Estado y el tipo de democracia que necesita Colombia. El escándalo de la parapolítica es el escenario donde se está dando esta batalla. Allí se manifiestan unas posiciones, pero algunos de los intereses tanto del gobierno como de la oposición aún se mantienen parcialmente ocultos. El trasfondo de la crisis es más complejo de lo que se observa a simple vista.
El presidente sigue creyendo que el país se encuentra en una disyuntiva entre democracia y comunismo (ya lo degradó a la categoria de terrorismo), donde él mismo es el abanderado y defensor de la primera alternativa y la oposición lo es de la segunda. Para el gobierno la oposición le está haciendo el juego directa o indirecatmente a las FARC.
Un sector del Polo considera que detrás del discurso de Uribe hay un principio fascista, tal como lo dijo recientemente el senador Gustavo Petro. Desde ese punto de vista el país se vería abocado a una disyuntiva entre democracia y fascismo, donde el Polo representaría la primera opción y Uribe la segunda. Un sector de la oposición estaría pensando que el gobierno colombiano está abandonando el camino de la democracia y estaría tomando el del autoritarismo.
En ese contexto, pareciera que la crisis tiene elementos comunes a los conflictos nacionales propios de la Guerra Fría, así suene un poco anacrónico que en pleno siglo XXI la dirigencia colombiana lleve sus diferencias al planteamiento de una disyuntiva entre comunismo y fascismo. Por eso no sobra recordar que algunas raíces del conflicto armado y la doctrina de seguridad nacional tienen su raíz precisamente en la Guerra Fría.
Tampoco sobra recordar que muchos de los protagonistas de la vida política colombiana tienen motivos para ver el mundo en esos términos. Al fin y al cabo esa fue su escuela política y esas fueron las coordenadas mentales sobre las cuales contruyeron el mapa político-ideológico que los orienta. Por eso, un poco al márgen, nos preguntamos: qué le dirá el debate propuesto en estos términos a los colombianos menores de 25 años?
Y como se ha vuelto inevitable hacer comparaciones entre esta crisis y la del 8.000, aquí surge una diferencia sustancial. El proceso 8.000 fue- desde el punto de vista formal- un proceso judicial por medio del cual se investigaron los nexos entre el narcotráfico -particularmente el Cartel de Cali- y la dirigencia política. En realidad se convirtió en un conflicto por el poder entre las élites políticas tradicionales (el samperismo contra el pastranismo-gavirismo).
La crisis parapolítica comenzó como un proceso judicial que buscaba destapar los vínculos entre el paramilitarismo y la dirigencia política tradicional. Pero lentamente ha ido cogiendo camino también por otros cauces y amenaza con convertirse en un conflicto ideológico y una lucha por el poder entre un liderazgo tradicional (el uribismo) y uno emergente-alternativo (el Polo).
Volvamos al principio. Qué tienen que ver las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia a un grupo de congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo, con las acusaciones recíprocas entre gobierno y oposición?
Es este un debate -como parece plantearlo el Polo- sobre la relación entre el alto gobierno y el paramilitarismo en Colombia? O más bien, como quiere plantearlo el gobierno, es un debate sobre la responsabilidad que tiene la oposición -toda la oposición, incluido el partido liberal- en el auge de la violencia generada por los paramilitares y la guerrilla?
El asunto va más allá. Porque es al mismo tiempo un debate público sobre el pasado, el presente y el futuro del conflicto. La oposición inicialmente quería centrar el debate sobre el presente de la política de sometimiento a la justicia de los paramilitares, como un mecanismo legítimo de control político y rendición de cuentas.
Posteriormente el gobierno, a la defensiva, quizo centrar la discusión en los antecedentes de la violencia paramilitar y guerrillera, según un enfoque particular, que involucraba un juicio de responsabilidades a los miembros de la oposición.
Más adelante la oposición aceptó hacer una discusión sobre el pasado, pero aquella parte del pasado que involucra directamente al presidente, en cuanto promotor de las Convivir mientras fue Gobernador de Antioquia.
Y el futuro? El presidente se ha cuidado de advertir en el pasado que no permitirá que en aras de la paz se pierdan los logros de su política de seguridad. También ha dicho que los parametros de la negociación con los jefes paramilitares será el punto de partida en una negociación con la guerrilla. Y ha rematado diciendo que con su modelo de "negociación" no habrá en el futuro ex-guerrilleros (tiene en mente a las FARC) sentados en el Congreso.
El gobierno sabe que tarde o temprano esa guerrilla, de civil, jugará un papel clave en la política colombiana (hay abundantes ejemplos en el plano nacional e internacional que comprueban que eso es así). El presidente se ha impuesto como misión limitar desde hoy ese papel.
Álvaro Uribe Vélez consiguió llevar a la opinión pública, en un país tradicionalmente de centro, hacia la derecha del espectro político. La discusión que planeta el Polo y el partido liberal busca en el fondo llevar al país nuevamente al centro político. El presidente quisiera profundizar su proyecto político. La oposición quiere limitar esa aspiración y por el camino convertirse en alternativa de poder.
El asunto de la parapolítica conlleva una lucha por el poder. Lo que los actores políticos involucrados -el gobierno y el Polo- deben entender es que al país no le interesa ni le conviene que se le plantee un falso dilema entre comunismo y fascismo. O entre terrorismo y autoritarismo. El país necesita que se la hable de democracia.
SEGUIMIENTO:
Transcribo a continuación la nota publicada por RCN Radio el día 8 de febrero de 2007, referente a las percepciones de los colombianos sobre la parapolítica:
"El 67,37 por ciento de los colombianos consultados por la firma Yanhaas, a instancias de Radiosucesos RCN en las cinco principales ciudades, considera que la confrontación pública entre el presidente Álvaro Uribe y sus opositores no le conviene al país.
Entre tanto, el 26,31 por ciento de los consultados considera que esa confrontación sí le conviene al país... A su turno, el 6,32 por ciento no supo o no respondió la pregunta.
Por su parte, el 70,12 por ciento de los encuestados dijo que esta confrontación pública entre el presidente Uribe y sus opositores afecta la economía nacional y el 25,88 por ciento respondió que "no".
Por su parte, el 76 por ciento de los encuestados por Yanhaas considera que este debate divide a los colombianos, mientras que el 19,7 por ciento dijo que "no". La encuesta fue realizada entre 600 personas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con un margen de error del 4 por ciento."
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De acuerdo con el editorial de El Nuevo Siglo:
"El fárrago de los extremismos
¿Quién se le mide al centro?
EL tono político es cosa de importancia en el debate democrático. Suele suceder, precisamente, que en los países de mayor civilización, donde no se recurre a las armas para adelantar las controversias, la entonación es afilada y contundente. Parecería, pues, que entre mayor el tono, mayor el grado de democracia, en el sentido que ello tiene de suscitar los disensos para corroborar una militancia, sin que, ciertamente, implique proscripción de los interlocutores o amenazas sobre los participantes.
La idea básica de la democracia es suplantar la agresión física por el discurso. Que las armas se cambien por la dialéctica. Que el belicismo ceda a la polémica. Todo ello es de lo que trata el sistema democrático, un régimen precisamente inventado para que se pueda debatir dentro de los canales de la libertad de expresión y el libre ejercicio de los conceptos.
La naturaleza discursiva de la democracia no es, pues, puramente retórica, sino que se retroalimenta del debate político. Se trata de abrir el camino a unas convicciones y de buscar el favor de la opinión pública para ganar cauda o afectos a determinadas posiciones, doctrinas o ideas. La democracia vive de esa pugna, de esa emulación doctrinaria o conceptual, que produce uno de sus atractivos más determinantes: la alternación. Y de la sucesión de ideas contrapuestas, cuyos voceros llegan al poder en uno u otro momento, nace el método del gobierno-oposición.
Hoy Colombia vive una época de transición en su sistema democrático. Por lo tanto, no es fácil avizorar el tema. Existen partidos nuevos, que tienden a consolidarse o diluirse, según el caso, acorde con una reforma política que aún no prospera debidamente, salvo por el reciente ajuste hecho por la Corte Constitucional en las bancadas parlamentarias. Existe, además, la reelección presidencial inmediata, una institución inédita que hasta ahora se desarrolla con el primer Presidente reelegido bajo esas condiciones. En medio de ello, también por primera vez se configuran fuerzas de derecha e izquierda que copan el escenario colombiano como nunca antes.
Y esa es, precisamente, la circunstancia por la que atraviesa el actual debate político que sorprende a varios colombianos y preocupa a no pocos. Mucho más si se entiende el estado de la guerra en el país, cuando se confirma la reparamilitarización de sectores de las AUC, que aglutina alrededor de cinco mil hombres-arma nuevos, mientras la guerrilla sigue su marcha incólume y las exportaciones de droga ilícita han llegado a niveles jamás previstos, hasta las 700 toneladas métricas de cocaína. Es imposible, pues, disociar el tono político de esos factores extravagantes que inciden sobre todo el cuerpo nacional.
La intención actual de los protagonistas del debate político es jalonarlo hacia los máximos extremos de la derecha y la izquierda. Cuando el Presidente acusa de “terroristas civiles".
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