Dentro del proceso conocido en Colombia como la parapolítica, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación detuvo por orden de la Corte Suprema de Justicia a los senadores uribistas Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof por sus vínculos con los grupos paramilitares.  La orden de la Corte cobija también al senador Luis Eduardo Vives y a los representantes Jorge Luis Caballero y Alfonso Campo Escobar.

La decisión de las Corte Suprema de Justicia es trascendental por tres razones principales:

1. El grupo de congresistas detenidos, y los que seguramente serán detenidos en las próximas horas, está conformado por importantes miembros de la coalición uribista. Se trata de personas que forman parte del círculo cercano del Presidente de la República y son piezas claves de su andamiaje político en la región Caribe. El significado de este hecho es tan sencillo como contundente: queda confirmado que el presidente ha estado rodeado de políticos con estrechos vínculos con los grupos paramilitares y esos mismos políticos -con el respaldo paramilitar- apoyaron sus dos campañas presidenciales.

2. El normal funcionamiento del Congreso se encuentra en peligro. Por una parte, porque crece el temor de que la decisión de la Corte sea la antesala de un efecto dominó que arrastre a un porcentaje importante de congresistas a la cárcel. Por otra parte, se han roto las condiciones para que el gobierno pueda tramitar su agenda legislativa en las recién instalas sesiones extraordinarias del Congreso. La frase que pronunció el presidente hace pocos meses ("que voten los proyectos los congresistas que no estén detenidos") no será suficiente para garantizar la gobernabilidad durante los próximos meses.

3. La permanencia en el gobierno de la Canciller María Consuelo Araujo (hermana del senador Álvaro Araujo)  es  insostenible. Si el presidente insiste en mantenerla en su cargo, la presión de los medios de comunicación y de la oposición se concentrará en exigir su salida, lo cual significará un desgaste adicional para el gobierno. Probablemente lo más sensato que podría hacer Uribe en estos momentos sería aceptarle la renuncia a la Canciller en el menor tiempo posible y nombrar en su remplazo a una figura solvente que se encuentre por fuera de toda duda. Ese es un costo político que el gobierno tendrá que asumir tarde o temprano.

Al mismo tiempo los colombianos deben recibir la decisión de la Corte como un mensaje positivo en el sentido de que la justicia se está fortaleciendo y está actuando con independencia. De otra manera no podría entenderse la detención de los senadores uribistas.

No puede desconocerse, por otra parte, que la decisión del máximo tribunal de justicia en Colombia afecta la imagen internacional del país, ahuyenta a los inversionistas extranjeros y constituye una amenaza para el cumplimiento de las metas económicas del gobierno.

Esos son los costos que debe asumir un país si realmente quiere que reine el imperio de la ley.

El desafío que tiene la democracia colombiana en los actuales momentos consiste en tramitar el proceso de la parapolítica por los canales institucionales.  Por esto entendemos que el gobierno debe permitir que la justicia opere libre de interferencias, que los medios de comunicación informen y opinen con libertad, y que la oposición pueda ejercer sus derechos políticos sin amenazas y sin coacción.

Nota: Recomendamos leer nuestra sección de titulares de prensa nacional en Las Noticias de Colombia Hoy.