Tal como se esperaba, finalmente se produjo el retiro de María Consuelo Araujo Castro de la cancillería colombiana. Su salida se produjo en el marco de la detención de su hermano, el senador Álvaro Araujo Castro, por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con los paramilitares y de la invetigación contra su propio padre por el delito de secuestro. La solución que le dió el gobierno a esta parte de la crisis es tan polémica como las causas que le dieron origen.

El gobierno nombró como remplazo de María Consuelo al ex ministro Fernando Araujo Perdomo, quien hace menos de tres meses se fugo de su cautiverio, después de permanecer secuestrado por las FARC durante seis años .

Rápidamente veamos cuál es el significado de este nombramiento:

1. Fernando Araujo es una víctima de la guerrilla. Esta es una característica que el presidente colombiano valora en sus funcionarios; él mismo es una víctima de ellas, en tanto su padre fue asesinado por las FARC.  Esta característica compartida por Araujo y Uribe los une en su  lealtad a la política de seguridad democrática y en su rencor personal contra la guerrilla. Esa condición de Araujo sin duda tendrá un valor simbólico en su gestión como representante del gobierno colombiano ante la comunidad internacional.

2. Araujo respalda el rescate por la vía militar de los secuestrados en poder de las FARC. Así lo manifestó el mismo día que llegó a  la libertad después de su penoso secuestro. Lo paradójico de la situación es que él recobró la libertad gracias a su valor personal y a la oportunidad que tuvo de fugarse del campamento guerrillero, y no como resultado de un operativo planeado y ejecutado por las fuerzas militares, como quiso presentarlo el gobierno. Aún así, su condición de ex-secuestrado de las FARC le da cierta legitimidad para buscar el apoyo internacional a las operaciones de rescate militar.

3. Con el nombramiento de Araujo, el presidente Uribe mantiene el equilibrio regional dentro del gabinete ministerial. También le da una cuota más al Partido Conservador.

Hasta aquí la maquinaria, veamos ahora algo de la sustancia.

Es lamentable que el presidente remplace a una funcionaria con vínculos tan cuestionables, por un político que tienen un rabo de paja gigantesco, el cual tarde o temprano llevará su propia humareda hasta el consejo de ministros.

Por qué el presidente colombiano tiene esa tendencia a rodearse mal? Es tan difícil encontrar funcionarios íntegros?

A continuación transcribimos un resúmen del Instituto Prensa y Sociedad sobre la investigación que realizó el periodista Ignacio Gómez, de El Espectador, sobre el caso Chambacú y la participación del entonces Ministro de Desarrollo del gobierno Pastrana, Fernando Araujo Perdomo.

El 30 de noviembre de 1992 el constructor cartagenero Héctor García Romero entregó al Inurbe (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) una propuesta para adquirir la propiedad del terreno. Cinco meses después (14 de mayo de 1993), el entonces Ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, nombró como director del Inurbe a Héctor García Romero, el mismo que le había planteado a la entidad que ahora dirigía, su interés por el lote de Chambacú. Siendo director del Inurbe, Héctor García Romero, le propuso al alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, su primo hermano, que le cambiaran la destinación de uso del suelo a Chambacú, propuesta que fue aceptada por su primo y avalada por el Concejo de Cartagena que decidió dividir el terreno en una zona de parque y otra de construcciones. La zona de parque fue cedida por el Inurbe a Cartagena en noviembre de 1993 y la de construcciones se vendió en febrero de 1995 al consorcio Chambacú de Indias S.A., en el que figuraban como socios Héctor García Romero, el embajador Luis Alberto Moreno, Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano, Martha Abondano de García; Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica, entre otros. El informe demostró que trámites como la decisión de cambiar la destinación del predio, la apertura de la licitación y el avalúo del lote, estuvo en manos de personas que después resultaron siendo los compradores de Chambacú.

A estos hechos se sumaron otros detalles que demostraron que varios funcionarios del Inurbe entre 1993 y 1995 actuaron deliberadamente para favorecer los intereses de la Familia Araujo, del ex ministro y embajador en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno y del ex director del Inurbe Héctor García Romero y su esposa Martha Abondano de García.

El 4 de marzo de 1999 se escribió en uno de los apartes del editorial de El Espectador que: “Lo que llama la atención de este negocio es que un conjunto de funcionarios oficiales -en los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana- terminaron como dueños del mismo. Es decir, quienes desde el Estado permitieron que el terreno fuera urbanizable, con el paso de los días terminaron ejecutándolos como socios de una empresa particular. Entre las determinaciones adoptadas por los actuales propietarios del terreno, cuando eran funcionarios, figura la liberación del terreno -originalmente previsto para un gran parque-, para que pudiese venderse y destinarse a la construcción”. Ese mismo día el periodista Ignacio Gómez publicó otro informe en el que mostró el rostro humano de la historia, el cual hacía referencia al drama de 35 familias que a través de distintos medios de presión del Estado habían sido desposeídos de sus predios, ubicados en el sector de Papayal, el cual hace parte de Chambacú y cuyos registros catastrales fueron borrados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (...)

IMPACTO

Un mes después de la publicación del escándalo, Fernando Araujo renunciaría al Ministerio de Desarrollo, pero sólo tres años más tarde la Fiscalía lo vincularía a él y al entonces Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, al investigación criminal por el caso.

Un día después de la publicación de El Espectador, 1 de marzo de 1999, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y el procurador general, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron la apertura de indagaciones penal y disciplinaria sobre los hechos denunciados y la designación de funcionarios para tal fin. El 2 de marzo el contralor Carlos Ossa Escobar también anunció la apertura de indagación fiscal por el caso del Banco del Estado, entidad a la que el ministro le adeudaba cerca de 500 millones de pesos.

La Procuraduría inició además investigaciones por presuntas irregularidades en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, autoridad ambiental encargada de otorgar la licencia de para la construcción del megaproyecto urbanístico de Chambacú.

El 6 de abril de 1999 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro ex funcionarios del Inurbe vinculados al sonado caso de Chambacú. Los llamados a rendir explicación ante el Ministerio Público fueron el ex director general del Inurbe y superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada; Samuel Eduardo Salazar Echeverri, ex director del Inurbe y para la época embajador de Colombia en Chile; Rómulo José Arabia Valderrama, ex subgerente especial; y Carlos Ordosgoitia Osorio, ex director regional del Inurbe en Bolívar y secretario privado del ministro Fernando Araujo Perdomo.

El procurador Jaime Bernal dijo que la decisión se tomó porque “se encontraron indicios serios de posibles irregularidades en el proceso de avalúo de Chambacú”. También anunció que se abrió investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo Fernando Araujo Perdomo.

La Comisión Sexta del Senado también citó para el martes 13 de abril al ministro de Desarrollo para que explicara sus actuaciones en el caso Chambacú, la urbanización en Montería y el nombramiento de un socio suyo en Chambacú como su representante en la junta directiva.

El 1 de mayo de 1999 El Espectador informó sobre la decisión de la Fiscalía de vincular a varias personas del caso Chambacú a una investigación penal. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre al secretario privado del Ministerio de Desarrollo, Carlos Ordosgoitia Osorio, y a los primos Héctor García Romero, ex director del Inurbe, y Gabriel Antonio García Romero, ex alcalde de Cartagena, quien el día anterior había sido capturado en Bogotá por otro proceso que se le sigue en su contra por peculado.

El 12 de agosto de 1999 se produjo la primera crisis ministerial del Gobierno Pastrana y uno de los primeros funcionarios en ser removido de sus cargo fue el ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, quien había recibido críticas de distintos sectores políticos para que dimitiera por los cuestionamientos hechos por la Fiscalía y la Procuraduría a raíz del escándalo de Chambacú, la urbanización Portal de la Almería en Montería y sus deudas con el Banco del Estado.

El 8 de septiembre se informó que la Fiscalía había llamado a declarar al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, y al ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo por el caso Chambacú y a otras 13 personas por créditos fraudulentos en el Banco del Estado.

Dos meses después, 8 de noviembre de 1999, la Fiscalía decidió que el ex ministro Araujo Perdomo; los ex directores del Inurbe: Héctor García, Jorge Gabriel Taboada y Samuel Eduardo Salazar Echeverri; y el ex alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, debían responder penalmente por posibles irregularidades en Chambacú. El miércoles 14 de junio de 2000 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, por el caso de la urbanización Portal de la Almería en Montería, pero le concedió el beneficio de libertad condicional previo el pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales (780 mil pesos).

Tres meses después, el 28 de septiembre de 1999, se dictó auto inhibitorio a favor del embajador de Colombia en Washigton, Luis Alberto Moreno, por Chambacú. Pero se continuó con la investigación en contra de Araujo, Taboada, García Romero, Salazar y Ordosgoitia.

El 4 de diciembre de 2000 el ex ministro Araujo Perdomo fue secuestrado por un grupo armado que lo interceptó en el exclusivo sector de Bocagrande en Cartagena y desde entonces son pocas las noticias que se tienen de él. Se cree que el secuestro sea obra del Frente Caribe de las FARC, pero esa organización guerrillera no ha confirmado las versiones de los organismos de inteligencia e investigación del Estado.

El proceso penal contra los implicados en el caso Chambacú ha seguido su curso y el pasado 5 de junio de 2002 la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Fiscalía que llame a juicio penal por el delito de falsedad ideológica en documento público al superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, quien se vio obligado a renunciar al día siguiente, a raíz de los cuestionamientos hechos por su participación en el negocio de Chambacú, cuando se desempeñaba como director general del Inurbe.

Con estos antecedentes se posesiona el nuevo Canciller de Colombia. Cuánto tiempo permanecerá el nuevo Canciller en su cargo?

Nota: Recomendamos leer nuestra sección de titulares de prensa nacional en Las Noticias de Colombia Hoy.