Hoy encontramos una de esa noticias que en nuestro país ya casi no despiertan interés entre la opinión pública, principalmente en los sectores medios y altos de las principales ciudades.  Se trata de un problema que vine creciendo desde hace una década con una respuesta pobre de parte del Estado. Nos informa Caracol Radio:

El número de desplazados por la violencia en Colombia, tanto dentro como fuera del país, va en aumento, y son unas 3.500.000 personas, según dijo hoy en Quito el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres. (...)

Dentro de Colombia, los desplazados internos se aproximan a tres millones, en Ecuador son unos 250.000 colombianos con necesidades de protección internacional, y entre Venezuela, Panamá y Costa Rica hay otros 250.000, precisó Guterres.

Pese a estas cifras, que sitúan a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, después de Sudán, Guterres reconoció que "esta es una crisis un poco olvidada".

Una sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 2006 declaró que la situación en que viven los desplazados representa un “estado de cosas inconstitucional”, debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias entidades públicas.

Sólo a raíz de dicha sentencia (año 2006 !!) los programas del gobierno colombiano han  comenzado a avanzar lentamente, como se evidenció en la audiencia pública celebrada recientemente en la Corte Constitucional.

Lo importante en este momento es que persista el seguimiento sobre el gobierno de parte de la Corte Constitucional, de las ONGs colombianas y extranjeras que trabajan estos temas y de la comunidad internacional, principalmente a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por esa razón es de la mayor importancia la visita que realiza en estos momentos a nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Aprovechamos para hacer eco del editorial de la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) del 14 de marzo:

Al mismo tiempo instamos al ACNUR a actuar decididamente en la protección de las personas en situación de desplazamiento como víctimas civiles de la confrontación, a contribuir en el diseño de programas efectivos de prevención de causas de las migraciones forzadas dentro y fuera del país, y a respaldar el extraordinario esfuerzo de la Corte Constitucional para que, por fin, se supere el estado de cosas inconstitucional que agobia a centenares de miles de familias desplazadas en el país.

En este orden de ideas es muy importante que el ACNUR actúe en defensa de los derechos de las personas desplazadas en el marco de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, cuya migración forzada ocurre en medio de operaciones contrainsurgentes, por lo cual deben ser admitidas como personas desplazadas para que ejerzan sus derechos y evitar así que crucen las fronteras, se involucren en la guerra o busquen otras zonas del país para seguir sembrando coca como única opción de subsistencia.

Colombia