Por: Alejandro Arenas




La radio, la televisión y la prensa escrita han puesto en estos días en primer plano la muerte por inanición de nueve o más niños chocoanos de ascendencia afro-colombiana. Es un debate de primer orden porque se trata de vidas humanas que apenas inician su existencia, cuando se supone que el Estado representado por el Gobierno Nacional tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos colombianos en su vida, honra y bienes.

El debate toca, pues, la efectividad de los Derechos Humanos establecidos en nuestra Constitución. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la protección de dichos Derechos en la práctica? Ante todo son los gobiernos de turno en el manejo de la cosa pública, los que están obligados a desarrollar y proteger esos principios fundamentales; en los años recientes -qué paradójico- hemos podido ver cómo en la práctica van desapareciendo.  El derecho a la vida no se garantiza, los  asesinatos de profesores, periodistas y muchas gentes de bien suceden a diario en las narices de la Fuerza Pública; el ambiente de guerrillas, paramilitares, narcotráfico y delincuencia común lo desconocen; el gobierno es incapaz de detener la violencia rampante.

El derecho a la salud desaparece cuando por obra y gracia del gobierno de Pastrana y el presente gobierno se extingue el Instituto del Seguro Social y la práctica de la  medicina se convierte en un lucrativo negocio explotado desde la sombra por ilustres financistas y por cooperativas de salud en manos de las mafias paramilitares.

El derecho a la educación no existe sino en el papel, porque el creciente desempleo impide que los padres de familia puedan costearle una adecuada educación a sus hijos. Desaparece también el Estado laico cuando desde el Ministerio de Educación se hace obligatoria la enseñanza religiosa y volvemos a la época de Rafael Núñez y la Regeneración de finales del Siglo XIX.

La Constitución de 1991, que quiso colocar a Colombia entre las naciones progresistas y de avanzada social en Latinoamérica, fue poco a poco destruida desde dentro en forma hábil y mañosa por quienes siempre han manejado al país a su antojo, desde las alturas del poder económico, clerical y político. Hemos llegado a una sociedad inane y Colombia está muriendo de inanición porque no hay comida para sus ciudadadanos más pobres que, en contraste, se sacrifican para que naden en la opulencia los más ricos, los dueños de la tierra, del ganado, de los bancos, de las pocas industrias que ya no son de colombianos siquiera sino de empresas extranjeras, en una apertura económica que demuestra, más que otra cosa, la incapacidad de la clase dirigente para manejar y para gobernar un país con muchas riquezas en sus campos, en sus ciudades, en sus selvas, en sus ríos.

Ya es hora que el colombiano de nacimiento y de corazón se determine a defender sus fronteras, sus territorios, sus hogares, sus familias, sus raíces que ascienden a la formación de la nacionalidad en las gloriosas jornadas de 1810 hasta 1819, cuando se escogió una bandera, un nombre, un futuro de libertad y de progreso social y económico. Abandonar a Colombia en manos corruptas y extranjeras es como abandonar a la madre cuando más nos necesita, porque está débil y enferma. Es negarnos a nosotros mismos en los orígenes de nuestras vidas y nuestras luchas. Sólo un gran esfuerzo generacional, popular y patriótico nos puede sacar del abismo en que nos encontramos.

Colombia