El martes 17 de abril se realiza el debate convocado en el Congreso de Colombia por el PDA sobre el paramilitarismo en Antioquia. Con este debate el PDA se le está "metiendo al rancho" a Uribe. Es un debate que ha generado gran expectativa por las nuevas revelaciones que puedan surgir sobre la parapolítica y porque es una nueva medición de fuerzas entre el gobierno y la oposición.

El senador Gustavo Petro ha denunciado que militares, prestantes empresarios, ganaderos, políticos y hasta sacerdotes, tuvieron relaciones con el paramilitarismo en Antioquia. Dónde está la novedad de esta denuncia, nos preguntamos? Sabemos que lo mismo ha ocurrido a lo largo y ancho de la geografía colombiana. La novedad en este caso es que se trata del departamento del Presidente de la República. Esta condición es causa suficiente para vetar el debate? Por qué se puede investigar el paramilitarismo en el Cesar, pero no en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Meta o Santander?

Cómo se prepara el gobierno para enfrentar el debate? Primero, haciendo un llamado a la solidaridad (ciega) paisa. Segundo, dividiendo a los auxiliadores del paramilitarismo entre parapolíticos de primera, segunda y tercera categoria. Y tercero, descalificando -una vez más- a la oposición.

Solidaridad con el Paramilitarismo? Ni Pensarlo!

El primer paso lo dio el asesor presidencial José Obdulio Gaviria cuando le dijo a la opinión que el debate busca enlodar a la dirigencia antioqueña. La señal que envió es que el debate debe entenderse como un ataque a la dirigencia paisa, que debe responderse de manera solidaria por parte del país, pero especialmente por la sociedad antioqueña.

Aquí hay que decir que si hay un rasgo que identifica a la sociedad paisa es su civismo y pujanza.  Creemos que es una sociedad madura que no come cuento y que está en capacidad de diferenciar la propaganda de los hechos. Sabemos que después de superar los peores días del narcoterrorismo, es una sociedad que además no comulga con la violencia y que no quiere hacerle esguinces a la ley.

Por eso creemos que un sector moderno de Medellín y Antioquia  será incapaz de cerrar filas en torno de dirigentes con rabo de paja simplemente porque ellos sean paisas.  Igualmente, sabemos que existe la capacidad de aplaudir al presidente en sus aciertos y de cuestionarlo en sus errores.

Paramilitares de Buena y Mala Familia

Pero además de las puntadas del asesor Gaviria tenemos también la carga de profundidad que soltó el propio presidente buscando deslegitimar a la oposición, una vez más, durante el consejo comunal en Aracataca.  Allí dijo el presidente:

Confiamos que los fallos de la justicia establezcan diferencia entre quienes han tenido que acudir al paramilitarismo en búsqueda de una respuesta humanitaria, quienes han tenido que someterse por una coacción insuperable y quienes con propósito delincuencial se aliaron con el paramilitarismo.

Y confiamos que la justicia también esclarezca lo que pasó antaño en Colombia entre las guerrillas que se desmovilizaron, que nunca dijeron la verdad, que nunca indemnizaron a las víctimas, que pasaron de cometer delitos atroces a llegar al Congreso de la República y aspirar a la primera magistratura del Estado.

Y hagamos otra reflexión: tarde que temprano el ELN y las Farc van a tener que entrar en un proceso de paz. En él no entran voluntariamente. Hacen la paz y sienten que los estamos derrotando militarmente. Por eso a esta política de seguridad todos los días hay que ponerle más ganas, apreciados compatriotas.

Y el país y el mundo deben saber que antes se amnistiaban e indultaban los delitos atroces. La Ley de Justicia y Paz no permite la amnistía ni el indulto para delitos atroces.

El país y el mundo deben saber que antes no se exigía reparar a las víctimas. La Ley de Justicia y Paz exige, como requisito para ganar el beneficio de una sentencia reducida, que los paramilitares y guerrilleros desmovilizados entreguen sus bienes para reparar a sus víctimas.

Antes no se exigía decir la verdad. Por eso nunca se supo quiénes eran aliados desde la política con las guerrillas desmovilizadas, quiénes los apoyaban en alcaldías, en gobernaciones, quiénes los apoyaban en el Congreso, quiénes los apoyaban en el sector privado. Ahora se exige la verdad.

Antes no importaba que hubieran cometido delitos atroces. Podían llegar al Congreso de la República. Ahora no. Porque hay una disposición constitucional que no hemos reformado, que dice que aquellos responsables de condenas por delitos diferentes al homicidio culposo y al delito político, no pueden ser elegidos congresistas.

Se avecinan dos semanas muy movidas por cuenta de este debate parlamentario. Si antes el gobierno se ha defendido "con pies y manos", ahora utilizará todos los recursos a su alcance -lícitos e ilícitos-  para enlodar al Polo y defender a sus caciques regionales.

Será que Petro sabe en las que se está metiendo?


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Escuche también el debate en los siguientes vínculos:

Debate, primera parte

Debate, segunda parte