Paracos, Militares y Narcos



El origen del paramilitarismo es claro y sobre ello existe consenso desde el punto de vista académico. El primer antecedente se sitúa en la conformación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa; posteriormente, Gonzalo Rodríguez Gacha y Escobar promueven las “Autodefensas del Magdalena Medio”.

En ese momento el ejército colombiano facilitó el ingreso al país de un grupo de militares retirados israelíes, como Yair Klein, con el propósito de entrenar al primer “grupo de autodefensa” (el mismo Carlos Castaño tomó los primeros cursos y viajó poco tiempo después a Israel a perfeccionar su entrenamiento militar), aunque las cabezas visibles del paramilitarismo durante los ochentas fueron Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez. Si existe interés por conocer más a fondo los vínculos entre militares y paramilitares pueden usar este link.

Ese fue el núcleo del paramilitarismo que desató el terror, primero en el Magdalena Medio, después en el Urabá antioqueño y finalmente en el resto del país.  El éxito que tuvieron en el Magdalena Medio, al conseguir expulsar a la guerrilla de una zona que se había convertido en  uno de sus principales bastiones, y consolidar su posición a través de ACDEGAM, le demostró a los promotores de la estrategia paramilitar que sí era posible golpear a la guerrilla y fue un estímulo para que la alianza buscara replicar la misma experiencia en otras zonas del país.

Con el nacimiento en 1984 de la Unión Patriótica (UP), como producto de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, sus militantes y simpatizantes se convirtieron automáticamente en objetivo militar; más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados como resultado de la guerra sucia desde 1985.

La expansión del fenómeno paramilitar ocurrió rápidamente. En 1988 César Gaviria, como Ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la existencia en el país de más de 163 grupos paramilitares a lo largo y ancho del país.

Los grupos paramilitares sirvieron como ejércitos privados de la “clase emergente” del momento, que no era otra que los narcotraficantes convertidos en terratenientes y gamonales locales. Sus enemigos eran los grupos guerrilleros (FARC, Eln, Epl y M-19), en cuanto ellos buscaban beneficiarse de las rentas de los nuevos terratenientes a través de la extorsión y el secuestro.

Recordemos que las Fuerzas Militares de Colombia estaban fuertemente influenciadas por los principios y prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional y su enemigo era el mismo enemigo de los narcotraficantes-terratenientes. También hay que recordar que hasta principios de los noventas Colombia era todavía un peón en el juego global de la Guerra Fría (como lo es ahora en la guerra contra el terrorismo).

La alianza estratégica entre un sector de las fuerzas militares y los grupos paramilitares se produjo en el nivel local, al amparo de una base legal que les permitía a las primeras apoyar la formación de “grupos de autodefensa”.  En desarrollo de esa alianza los paramilitares combatieron a la guerrilla bajo la orientación, con la complicidad o con la complacencia de las Fuerzas Militares.  Así, la órbita de acción de los paramilitares se amplió constantemente en la medida en que los intereses de los narcos y de las fuerzas militares se cruzaban con la presencia de la guerrilla.

 

 


El sector anticomunista de las fuerzas militares y los grupos paramilitares acordaron una eficiente distribución y especialización del trabajo, donde a estos últimos les correspondió encargarse de la “guerra sucia”, entendiendo por ello la represión de las bases sociales, políticas y logísticas de la guerrilla, y de todos aquellos sectores que percibieran como directa o indirectamente vinculados o afines a la guerrilla.

El silencio del gobierno de los Estados Unidos es algo que despierta curiosidad. La guerra declarada por los Estados Unidos contra el narcotráfico, y acogida silenciosamente por los diferentes gobiernos colombianos, no afectó sustancialmente la alianza entre fuerzas militares y grupos paramilitares, y esta alianza no fue un obstáculo insalvable para las relaciones bilaterales de Colombia y los Estados Unidos. Al contrario, los grupos paramilitares terminaron por convertirse en el Sexta División de las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos asumieron la creciente crisis de derechos humanos en Colombia como un coste marginal de la política antidrogas y del conflicto de baja intensidad que se libraba en Colombia.

Entre 1992 y 1993 el Bloque de Búsqueda (Policía Nacional y Ejército), el Delta Force de los Estados Unidos y los Pepes (“perseguidos por Pablo Escobar”, antiguos socios de Escobar) actuaron conjuntamente con el propósito de dar de baja a Escobar. Quienes comandaban los Pepes eran Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo (“Don Berna”, antiguo guardaespaldas de Fernando Galeano, socio de Escobar) y fueron ellos los responsables de aplicar las tácticas paramilitares en la cacería de Escobar.

Delta Force, a través de procedimientos de inteligencia electrónica, conseguía información que transmitía al Bloque de Búsqueda y este, a su vez, la transmitía a los Pepes. Valiéndose de esa información, los Pepes ejecutaron extrajudicialmente a decenas de colaboradores y auxiliadores de Escobar. El método fue el mismo que habían perfeccionado anteriormente frente a la guerrilla en regiones como el Magdalena Medio, Urabá y los Llanos Orientales y, sin duda, resultó efectivo para aislar a Escobar, facilitar su ubicación y darlo de baja. 

Las relaciones entre Delta Force y los Pepes dieron origen a investigaciones en los Estados Unidos que finalmente no arrojaron resultados concretos; los miembros del grupo que habían actuado en Colombia entre 1992 y 1993 fueron distribuidos en diferentes unidades militares y el asunto murió ahí.

Con la inminente llegada a la presidencia de Colombia de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, se abrió una nueva oportunidad para Carlos Castaño. En el 2001 inició una agresiva ofensiva de medios, que no era otra cosa que la ambientación de los eventos que se desencadenarían algunos meses más adelante. 

En septiembre de 2002 Castaño denunció que las AUC estaban infiltradas por el narcotráfico y anunció que si llegara a ser solicitado en extradición colaboraría con la justicia de los Estados Unidos. A los pocos días los Estados Unidos solicitaron la detención provisional con fines de extradición de Castaño y Mancuso.  En octubre de 2002 las AUC declaran el cese al fuego e inician negociaciones con el gobierno de Uribe. En diciembre se produce la primera desmovilización. El primero de abril de 2004 los Estados Unidos formalizan la solicitud de extradición de Mancuso y el 16 de abril desaparece Castaño. Sólo en junio de 2005 los Estados Unidos piden en extradición a Diego Murillo.


(La anterior entrada es una versión editada de: Narcotraficantes o paramilitares: los colombianos quieren la verdad).

Información relacionada: Debate sobre el paramilitarismo en Antioquia

Debate, primera parte

Debate, segunda parte



Videos: La periodista colombiana María Jimena Duzan habla sobre el paramilitarismo. Fuente: www.nadaveo.com

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