El origen del paramilitarismo es claro y sobre
ello existe consenso desde el punto de vista académico. El primer antecedente se sitúa en la conformación del grupo
Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa; posteriormente,
Gonzalo Rodríguez Gacha y Escobar promueven las “Autodefensas del Magdalena
Medio”.
En ese momento el ejército colombiano facilitó
el ingreso al país de un grupo de militares retirados israelíes, como Yair Klein, con
el propósito de entrenar al primer “grupo de autodefensa” (el mismo Carlos
Castaño tomó los primeros cursos y viajó poco tiempo después a Israel a
perfeccionar su entrenamiento militar), aunque las cabezas visibles del
paramilitarismo durante los ochentas fueron Fidel Castaño y Henry de Jesús
Pérez. Si existe interés por conocer más a fondo los vínculos entre militares y
paramilitares pueden usar este link.
Ese fue el núcleo del paramilitarismo que
desató el terror, primero en el Magdalena Medio, después en el Urabá antioqueño
y finalmente en el resto del país.El
éxito que tuvieron en el Magdalena Medio, al conseguir expulsar a la guerrilla
de una zona que se había convertido en uno
de sus principales bastiones, y consolidar su posición a través de ACDEGAM,
le demostró a los promotores de la estrategia paramilitar que sí era posible golpear a la guerrilla y fue un estímulo para que la
alianza buscara replicar la misma experiencia en otras zonas del país.
Con el nacimiento en 1984 de la Unión
Patriótica (UP), como producto de los acuerdos de paz entre las FARC y el
gobierno de Belisario Betancur, sus militantes y simpatizantes se convirtieron automáticamente
en objetivo militar; más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados como
resultado de la guerra sucia desde 1985.
La expansión del fenómeno paramilitar ocurrió rápidamente. En 1988 César Gaviria, como Ministro de Gobierno de Virgilio
Barco, denunció la existencia en el país de más de 163 grupos paramilitares a
lo largo y ancho del país.
Los grupos paramilitares sirvieron
como ejércitos privados de la “clase emergente” del momento, que no era otra
que los narcotraficantes convertidos en terratenientes y gamonales locales. Sus
enemigos eran los grupos guerrilleros (FARC, Eln, Epl y M-19), en cuanto ellos
buscaban beneficiarse de las rentas de los nuevos terratenientes a través de la
extorsión y el secuestro.
Recordemos que las Fuerzas Militares de Colombia estaban fuertemente influenciadas por los principios y prácticas de la
Doctrina de Seguridad Nacional y su enemigo era el mismo enemigo de los
narcotraficantes-terratenientes. También hay que recordar que hasta principios de los noventas Colombia era todavía un peón en el juego global de la Guerra Fría (como lo es ahora en la guerra contra el terrorismo).
La alianza
estratégica entre un sector de las fuerzas militares y los grupos paramilitares se produjo en el
nivel local, al amparo de una base legal que les permitía a las primeras apoyar la formación de “grupos de autodefensa”. En desarrollo de esa alianza los paramilitares combatieron
a la guerrilla bajo la orientación, con la complicidad o con la complacencia de
las Fuerzas Militares.Así, la órbita de
acción de los paramilitares se amplió constantemente en la medida en que los
intereses de los narcos y de las fuerzas militares se cruzaban con la presencia
de la guerrilla.
El sector anticomunista de las fuerzas militares y los grupos paramilitares acordaron
una eficiente distribución y especialización del trabajo, donde a estos últimos
les correspondió encargarse de la “guerra sucia”, entendiendo por
ello la represión de las bases sociales, políticas y logísticas de la
guerrilla, y de todos aquellos sectores que percibieran como directa o
indirectamente vinculados o afines a la guerrilla.
El silencio del gobierno de los Estados Unidos es algo que despierta curiosidad. La guerra declarada por
los Estados Unidos contra el narcotráfico, y acogida silenciosamente por los
diferentes gobiernos colombianos, no afectó sustancialmente la alianza entre
fuerzas militares y grupos paramilitares, y esta alianza no fue un obstáculo
insalvable para las relaciones bilaterales de Colombia y los Estados Unidos. Al
contrario, los grupos paramilitares terminaron por convertirse en el Sexta
División de las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos asumieron la creciente
crisis de derechos humanos en Colombia como un coste marginal de la política
antidrogas y del conflicto de baja intensidad que se libraba en Colombia.
Entre 1992 y 1993 el Bloque de Búsqueda
(Policía Nacional y Ejército), el Delta Force de los Estados Unidos y los Pepes
(“perseguidos por Pablo Escobar”, antiguos socios de Escobar) actuaron conjuntamente con el propósito de
dar de baja a Escobar. Quienes comandaban los Pepes eran Carlos Castaño y Diego
Fernando Murillo (“Don Berna”, antiguo guardaespaldas de Fernando Galeano,
socio de Escobar) y fueron ellos los responsables de aplicar las tácticas
paramilitares en la cacería de Escobar.
Delta Force, a través de procedimientos de
inteligencia electrónica, conseguía información que transmitía al Bloque de
Búsqueda y este, a su vez, la transmitía a los Pepes. Valiéndose de esa
información, los Pepes
ejecutaron extrajudicialmente a decenas de colaboradores y auxiliadores de Escobar.
El método fue el mismo que habían perfeccionado anteriormente frente a la
guerrilla en regiones como el Magdalena Medio, Urabá y los Llanos Orientales y,
sin duda, resultó efectivo para aislar a Escobar, facilitar su ubicación y
darlo de baja.
Las relaciones entre Delta Force y los
Pepes dieron origen a investigaciones en los Estados Unidos que finalmente
no arrojaron resultados concretos; los miembros del grupo que habían actuado en Colombia entre 1992 y 1993 fueron distribuidos en diferentes unidades
militares y el asunto murió ahí.
Con la inminente llegada a la presidencia de
Colombia de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, se abrió una nueva oportunidad para
Carlos Castaño. En el 2001 inició una agresiva ofensiva de medios, que no era
otra cosa que la ambientación de los eventos que se desencadenarían algunos
meses más adelante.
En septiembre de 2002 Castaño denunció que las
AUC estaban infiltradas por el narcotráfico y anunció que si llegara a ser
solicitado en extradición colaboraría con la justicia de los Estados Unidos. A
los pocos días los Estados Unidos solicitaron la detención provisional con fines
de extradición de Castaño y Mancuso.En
octubre de 2002 las AUC declaran el cese al fuego e inician negociaciones con
el gobierno de Uribe. En diciembre se produce la primera desmovilización. El
primero de abril de 2004 los Estados Unidos formalizan la solicitud de
extradición de Mancuso y el 16 de abril desaparece Castaño. Sólo en junio de
2005 los Estados Unidos piden en extradición a Diego Murillo.
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