Como reacción ante la publicación de la revista Semana de algunas grabaciones realizadas a los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, donde queda en evidencia que siguen delinquiendo desde su centro de reclusión, el Presidente de la República tomó la decisión de realizar una purga en la Policía Nacional. Salieron 11 generales y asumió como nuevo  Director General el general Oscar Naranjo. El gobierno reconoció también que la Dirección de Inteligencia de la Policía le realizaba seguimientos desde hace dos años a miembros de la oposición, periodistas, altos funcionarios del Estado y oficiales de la policía.

Hace tres semanas el Presidente de la República había dado a entender en una rueda de prensa que los miembros de la oposición eran objeto de seguimientos por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Posteriormente, durante su visita de trabajo a Washington, uno de los temas en la agenda de los congresistas demócratas fue precisamente el de las garantías para los miembros de la oposición en Colombia. A los pocos días de su regreso, dos oficiales de inteligencia militar fueron capturados mientras vigiliaban irregularmente la casa de algunos familiares del senador Gustavo Petro. El tema , pues, estaba en el ambiente. Además recordemos el episodio ocurrido hacia mayo de 2006, en plena campaña electoral, cuando Juan Manuel Santos acusó públicamente al senador Rafael Pardo Rueda de tener acuerdos secretos con las FARC; en ese momento Santos hizo mención a unas fuentes confiables y el Presidente dijo que no podía revelarlas.

Las preguntas que en estos momentos deben responder satisfactoriamente el Presidente de la República y su Ministro de Defensa son las siguientes:

1. Quién ordenó los monitoreos que realizaba la Policía Nacional a la oposición, a periodistas y a miembros de su gabinete? 

2. Quién recibía los informes de inteligencia? A quién le reportaba el general Guillermo Chávez, jefe de la Central de Inteligencia de la Policía, y el general Jorge Daniel Castro, Director de la Policía Nacional?

3. En qué fecha exacta se iniciaron esos monitoreos? Existe alguna relación entre estas operaciones y las acusaciones de Juan Manuel Santos contra el senador Rafael Pardo durante la pasada campaña presidencial? Era ese mismo grupo de la Policía el que le hacía seguimiento a la oposición y al que se refirió tangencialmente el Presidente hace tres semanas?

4. Quiénes forman parte de la lista de personas que han sido objeto de tales monitoreos?

5. Por qué el gobierno hace una purga en la policía por estos monitoreos cuando las filtraciones tienen que ver con los jefes paramilitares, pero no la hizo cuando se trataba de los miembros de la oposición? A quién o quiénes se busca proteger con esta purga?

Las preguntas son muy sencillas y no es necesario que el gobierno realice investigaciones exhaustivas para responderlas.

La purga interna y las investigaciones que ya se han anunciado solo buscan ocultar la identidad de los verdaderos responsables del seguimiento a la oposición, ante la evidencia de que existe una operación de inteligencia de proporciones gigantescas, y desviar la atención sobre los excesos que se cometen en Itagüí. Tendría sentido que los seguimientos y las interceptaciones se hubieran realizado a los paramilitares detenidos en Itagüí. Gracias a ellas el país se ha enterado de los delitos que se siguen cometiendo desde la cárcel y la purga en la Policía Nacional no puede ocultar ese hecho.

Son dos, entonces, los eventos que se encuentran entrecruzados: por una parte, la confirmación de que los paramilitares siguen cometiendo crímenes desde la cárcel; y por otra parte, el descubrimiento de que desde hace dos años la Policía realiza seguimientos a la oposición.

Queda claro, por la información de prensa preliminar disponible, que esos seguimientos no constituyen "casos aislados" sino una actividad generalizada y sistemática que venía haciendo el principal organismo de inteligencia de la Policía Nacional.

Aquí solo caben dos posibilidades: o bien el gobierno estaba enterado de los monitoreos y hoy está tratando de ocultar su responsabilidad ante la evidencia destapada por Semana; o en realidad el servicio de inteligencia de la Policía estaba infiltrado y respondía a intereses ilegítimos. En este último caso, los únicos que en Colombia han demostrado tal capacidad de infiltración son los narcotraficantes, los paramilitares y los servicios de inteligencia extranjeros.

Pero también hay otras preguntas:

Quién podría estar interesado en recibir información de inteligencia sobre la oposición y los paramilitares?

Y al mismo tiempo, quién asume la responsabilidad política por el conejo que le ponen los paramilitares a la Ley de Justicia y Paz en Itagüí?

Por qué el servicio de inteligencia de la Policía filtró la información a Semana y no la envió a la Casa de Nariño? El Presidente y/o el Ministro de Defensa ya conocían la información que recibió Semana?


Como en la adivinanza: Blanco es, gallina lo pone y frito se come.


Última actualización: 5/15/07 3:00 pm