El día de ayer (mayo 22, 2007) se abrió un nuevo capítulo en el proceso de la parapolítica.El Presidente Álvaro Uribe, propuso buscar mecanismos jurídicos que permitan recuperar la libertad a quienes “confiesen la verdad”, sin amnistiar o indultar delitos atroces. Recordemos que desde hace varios meses se venía rumorando la posibilidad de que el presidente lanzara una propuesta en este sentido, y era solo cuestión de tiempo para que se hiciera pública.

Las siguientes fueron las palabras de Uribe:

“Lo que si creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia. (…) ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos no es tener más gente en la cárcel para que el país tenga más guerrilla y más paras y más narcotráfico, lo que queremos es que el país nos acompañe en el proceso de recuperar plenamente las instituciones. Un país sin guerrilla, sin narcotráfico, sin paramilitares, sin corrupción y yo creo que a eso contribuye la verdad”

El presidente está proponiendo que las personas vinculadas al paramilitarismo, que no se encuentren comprometidas con delitos atroces y que confiesen su participación a los jueces, podrían ser excarceladas. Se sobreentiende que la propuesta cobijaría a quienes ya se encuentren privados de la libertad y a quienes sean detenidos próximamente en el desarrollo del proceso de la parapolítica; no queda claro si la propuesta podría cobijar también a quienes se han sometido a la Ley de Justicia y Paz, si la iniciativa de amnistía e indulto resulta más favorable.

Asumamos provisionalmente que la propuesta del presidente busca beneficiar a las personas que tienen o han tenido vínculos con los grupos paramilitares y que no se han acogido a la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo puede interpretarse la propuesta de Uribe?

Los tres puntos más sensibles de esa propuesta serían los siguientes:

• Es un golpe al sistema judicial y a la separación de poderes. Está quebrando la independencia del sistema judicial en un tema de la mayor sensibilidad e importancia. Busca desconocer el trabajo de  la Corte Suprema de Justicia, amparado en su supuesta popularidad. Con la lógica presidencial podría proponerse, entonces, que quienes confiesen un acto de corrupción u otro delito común, serán excarcelados con el solo hecho de decir la verdad a un juez.

• Es un premio para la dirigencia corrupta y paramilitar. Está lanzando un salvavidas a la clase política corrupta y paramilitar, probablemente para garantizar el apoyo del Congreso a temas que se encuentran enredados como el TLC.

• Promueve la legalización del modelo paramilitar. En lugar de buscar la sanción social y legal del modelo de dominación paramilitar impuesto mediante el terror, el presidente lo que busca es su legitimación. Los paramilitares ya le están poniendo conejo a la justicia y ahora la propuesta de Uribe busca hacer extensivo este conejo a quienes los apoyaron, financiaron, promovieron y estimularon, y a quienes se beneficiaron política y económicamente de su control territorial.

En estos momentos, de imperio de un régimen cada vez más turbio y peligroso, lo que se esperaría que hiciera en el tema de la parapolítica un presidente decente, de manera urgente e inmediata, sería lo siguiente:

• Fortalecimiento del sistema judicial. Que ayude realmente a fortalecer el sistema judicial para que este tenga las herramientas necesarias para procesar los casos de la parapolítica. En lugar de gastarse los recursos del crecimiento económico en politiquería debería ayudar a fortalecer la democracia, vía fortalecimiento de la justicia. Que garantice la independencia de la justicia.

• Desmonte de la nueva Catedral. Que revise las condiciones de reclusión de los jefes paramilitares detenidos en Itagüí y que garantice el cumplimiento del régimen penitenciario. El INPEC depende del poder ejecutivo, no del judicial. Las revelaciones de los delitos que se cometen sistemáticamente desde la cárcel de Itagüí requieren del presidente medidas excepcionales. Mientras no lo haga, ¿cómo quiere el presidente que la comunidad internacional deje de creer que está protegiendo a los paramilitares?

• Ninguna persona debe estar por encima de la ley. Que pida a la Corte Suprema de Justicia que abra investigación formal contra el Vicepresidente de la República y el Ministro de Defensa, por las acusaciones que existen contra ellos por sus eventuales relaciones con los grupos paramilitares.


La "democracia más antigua de América" se aleja a pasos agigantados del Estado de derecho. El modelo narco-parapolítico continúa ganando terreno, en detrimento del régimen democrático. El desfío que tenemos como sociedad es romper el maridaje entre poder político y paramilitarismo, no buscar su legalización.
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ACTUALIZACIÓN MAYO 26, 2007

(El Tiempo) 'Iría contra política criminal': Presidente de Corte Suprema

El magistrado César Julio Valencia Copete, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló ayer duro sobre la propuesta del Gobierno de darle el beneficio de excarcelación a cualquier persona procesada que colabore con la justicia confesando la verdad.

Valencia Copete aseguró que esa iniciativa, lanzada por el presidente Álvaro Uribe, podría resultar en contravía de la política criminal del Estado.

En declaraciones al Noticiero CM&, el presidente de la Corte Suprema aseguró, además, que la propuesta de excarcelación podría crear una imagen negativa de la justicia en los ciudadanos, quienes esperan castigos justos para los delincuentes.

"Desde el punto de vista personal, creo que esa propuesta podría, eventualmente, ser contraria a la política criminal que debe seguir un Estado", dijo el magistrado.

Y añadió: "No debe olvidarse que la sanción cumple varios efectos, entre otros, evidentemente imponer una pena y esa pena busca que la sociedad misma esté enterada de que al delincuente se le ha impuesto la sanción correspondiente a la conducta criminal".

En relación con la percepción que ese proyecto podría generar entre los colombianos frente a los procesos que la Corte lleva en el llamado escándalo de la 'parapolítica', Valencia Copete fue claro:
"Podría desestimular las expectativas que tiene el pueblo y la ciudadanía en sus jueces, en especial de cara a lo que está haciendo la Corte Suprema", dijo.

Sin embargo, el magistrado dejó claro que la Corte Suprema de Justicia no es la que hace las leyes ni la llamada a opinar sobre la benevolencia, las bondades y los defectos de determinadas leyes, o los proyectos que luego se conviertan en leyes.

"Los jueces son los que nos dedicamos exclusivamente a aplicar las leyes", afirmó .

Y agregó: "Los errores (en las leyes) no son problemas de sus jueces y la opinión pública no debe confundir una cosa con la otra".

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Imagen: Henri de Toulouse-Lautrec.