¿Por qué los congresistas de la parapolítica deben estar en la cárcel si otros políticos en el pasado habrían hecho alianzas similares con el M-19 y estos no recibieron sanción? ¿No debería, entonces, también investigarse a los políticos próximos al M-19 o las FARC? 

Estas son algunas de las preguntas que plantea el gobierno en tiempos de dificultades, cuando el lodo le llega al cuello y su legitimidad es inversamente proporcional a la popularidad que le endilgan las firmas encuestadoras de bolsillo.

Las preguntas virreinales conducen mansamente las aguas hacia la siguiente disyuntiva: o tanto los políticos amigos del M-19 y los socios políticos de los narco-paramilitares deben ser investigados y sancionados como ocurre con estos últimos; o en ambos casos la justicia debe mirar para otro lado, como habría ocurrido en el caso del M-19.  “O todos en la cama o todos en el piso”.

No es esta una maniobra nueva del gobierno. La ha puesto en práctica desde el día cero de la desmovilización paramilitar, al intentar meter en el mismos saco el delito común con el delito político; al buscar la legitimidad de sus acuerdos mediante la deslegitimación de los de 1990; al promover la idea de que existían nexos entre el narcotráfico y la guerrilla en los ochentas y de que los paramilitares fueron los salvadores del Estado frente a la barbarie guerrillera.

Hay que reconocer que en las lides de administrar verdades a medias nos encontramos frente a un verdadero maestro. Un maestro que se ha encontrado una y otra vez frente al muro infranqueable de la Justicia.

La estrategia uribista ha tenido avances y retrocesos: ha significado un palo en la rueda para el avance político de la izquierda legal; y  ha facilitado, hasta cierto punto, el proceso de legalización de los intereses narco-parapolíticos. Su único obstáculo en este último punto se encuentra en la Corte Suprema de Justicia que desde un comienzo nos ha demostrado su rectitud e imparcialidad.

No tengo la menor duda que el Iluminado debe estar pensando de dientes para adentro que los magistrados son otros “guerrilleros vestidos de civil”.

Curiosamente, el gobierno del rabo de paja siempre sale a reforzar la argumentación del “todos en la cama o todos en el piso” cuando de alguna forma los intereses de la alianza narco-parapolítica se ve amenazada: durante el proceso de “desmovilización” paramilitar al comienzo de la farsa, durante el trámite legislativo de la Ley de Justicia y Paz, y ahora durante la develación del sistema de alianzas narco-parapolíticas.

Es el momento de no tragar entero y de respaldar a la Corte Suprema de Justicia, que en estos momentos se erige como un faro en medio de la oscuridad y las cenizas humeantes de la democracia colombiana.

No es el momento de dejarse plantear falsas disyuntivas, que solo buscan llevar el  centro del debate hacia juegos retóricos y desviar la atención de los verdaderos problemas que en estos momentos tiene la justicia entre manos.


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Actualización: 05/06/08

Leemos el siguiente titular en RCN: "Uribe insta a líderes de izquierda a que cuenten "la verdad de sus delitos" "

Los señores Petro, Valencia y Cepeda simplemente deben solicitarle públicamente a la Corte Suprema de Justicia, en el caso del primero, y a la Fiscalía General de la Nación, en el caso de los otros dos, que les informe si existe algún proceso abierto en su contra. Deben insistir ante los medios de comunicación que quien administra justicia en Colombia es la Rama Judicial, no la Casa de Nariño. Y deben denunciar que quien se encuentra cuestionado en su legitimidad es el gobierno y no ellos.

Y naturalmente, deben reiterar su respaldo a esos cuerpos de la justica en las investigaciones que actualmente adelantan sobre la narco-parapolítica.

De resto: que no boten polvora en gallinazos!

Responderle muy largo al Iluminado solo sirve para alimentar la cortina de humo.

Jamás se había visto en Colombia semejante clima de hostigamiento contra la oposición!