Gobierno incumple acuerdos frente a la Masacre del Nilo
Posted by Editor Colombia Hoy at 5/28/2008 
Categories: DERECHOS HUMANOS,GOBIERNO,organizaciones sociales
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El 16 de diciembre de 1991 fue realizada la masacre del Nilo contra el pueblo Nasa (paeces) del Norte del Departamento del Cauca. Masacre cometida con la complicidad de algunos políticos de la región, terratenientes, narcotraficantes y asesinos a sueldo y con la participación de la fuerza pública. Fueron asesinados 20 compañeras y compañeros entre jóvenes, niños y adultos. Todos indefensos. Masacrados por reclamar un espacio para poder sobrevivir.
Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.
El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.
La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.
El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.
Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.
Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.
Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar "un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas" y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.
El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.
El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.
En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.
Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.
El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.
JUNTA DIRECTIVA DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN.
RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, MAYO 19 DE 2008.
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=7813
Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.
El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.
La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.
El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.
Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.
Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.
Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar "un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas" y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.
El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.
El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.
En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.
Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.
El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.
JUNTA DIRECTIVA DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN.
RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, MAYO 19 DE 2008.
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=7813
BIOCOMBUSTIBLES: EL IGNORADO PRINCIPIO DE LA PRECAUCIÓN
El pasado 24 de Abril de 2008 se realizó en el Salón Elíptico del Congreso Colombiano el evento "BIOCOMBUSTIBLES A DEBATE", organizado por Colciencias, La Universidad Nacional de Colombia y la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, con la participación de académicos, expertos nacionales e internacionales y representantes del gremio de cultivadores y productores.
Pese a su importancia, poco o nada se ha dicho en los medios de comunicación masivos sobre las conclusiones del debate, una de la cuales, expuesta por el Director del Foro Nacional Ambiental y Ex-Ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, es que "En Colombia aún no hay condiciones para que los biocombustibles sean amigables con el medio ambiente".
7000 km2 de selva amazónica se talaron en Brasil solamente durante el segundo semestre del 2007 para sembrar soja. La caña de azúcar, en auge por causa de los biocombustibles, se expande en la Amazonía brasileña, pese a que el Gobierno afirma que esa región no es propia para esos cultivos, sostienen documentos oficiales citados hoy por la prensa local.
Con mucho más tiempo (En el Congreso de la República disponían únicamente de 15 minutos para hacer su exposición) y profundidad, los Profesores Tomás León Sicard, Director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA, Miguel Ángel Altieri, Presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y Geraldo Deffune, Investigador y Consultor de la Asociación Brasileña de Agricultura Biodinámica (ABD), hicieron su exposición el viernes 25 de Abril ante un auditorio compuesto principalmente por estudiantes y profesores de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Los planteamientos de los Profesores Deffune y Altieri le hicieron exclamar a la periodista Judith Sarmiento, moderadora del debate que "Nos dejan muy angustiados". No es para menos.
El encarecimiento de los alimentos como consecuencia del impulso -y de los subsidios que hacen más rentable la producción de alcohol que de alimentos- a los agrocombustibles es uno de los factores que con mayor dureza ha golpeado en todo el mundo y Colombia no es la excepción, con un agravante: es uno de los países de la región con la canasta familiar más costosa comparativamente, el 30% del ingreso familiar, siendo apenas superado por Argentina con algo más del 31%. Los brasileros destinan el 21% para satisfacer sus necesidades de alimentación y los mexicanos el 22%.
Recomiendo la lectura de este artículo y de la documentación aportada por el autor, son una radiografía excelente del tema de los agrocombustibles.
Ver http://sca.com.co/precaucion.php
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Todos deberiamos leer este articulo porque es una radiografía muy clara de lo que pasa y va a pasar con los biocombustibles en latinoamerica, nuestros paises van a terminar convertidos en una granja donde los paises industrializados van a producir biocombustibles para su consumo a expensas de nuestra salud y nuestras tierras y agua. Estoy reenviandolo a mis contactos, los documentos de soporte son impresionantes, hoy es Colombia mañana seremos todos. Julia Carreño
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Yo no sé si a los demás les ocurre igual pero yo siento ahora mismo una profunda lasitud de Colombia. ¿Será posible que este pueblo no tenga más alternativas que elegir entre Juan Manuel, un Lleras o Uribe? Los mismos de siempre. La familia Santos ha estado mangoneando este país desde principios del siglo XX. En este país no ha habido un sólo candidato que haya sido elegido contra la voluntad de la familia Santos. Son ellos quienes han aprobado y reprobado a todos los presidenciables. Han informado y desinformado este país según sus propias creeencias políticas. Han callado las peores matanzas de los políticos y de las fuerzas militares contra los campesinos e indígenas. Han colaborado con sus escritos y no escritos con la intolerancia que en este país ha degenarado en una violencia gratuita y cotidiana. Han aplaudido la política de las balas contra las ideas de izquierda. Un Santos está detrás del incendio del periódico de Viñes en Barranquilla que lo hicieron huir de este país. Un hombre de Letras puro al que Colombia debe tanto. Por sus consejos y sus estímulos pasaron desde García Márquez hasta León de Greiff.
Fue un Santos el que frenó la Revolución en marcha del Viejo López. Fue un Santos el primero en entregarle el país a los del Norte. Y ahora un Santos, neo liberal, de extrema derecha y guerrerista. Estos dos oligarcas bogotanos contra el mafiosos de Medellín. Por momento entiendo muy bien lo que siente Fernando Vallejo.
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