La compra de votos
Por: Alejandro Arenas
La compra de votos ha sido costumbre en nuestro lindo país colombiano. Viene de atrás, de las malas costumbres republicanas cuando liberales y conservadores para mantenerse en el poder empleaban como la mejor inversión comprar a la gente del pueblo con halagos y mentiras, como las promesas de trazar carreteras, construir hospitales, escuelas, etc.
Después regalaban materiales de construcción para quienes tenían lotes y edificaban su casita o urbanizaciones enteras.
Pero lo que estamos viendo ahora es el colmo de la desvergüenza, cuando son miembros del Congreso los que se venden por un voto para reelegir presidentes. Claro que la que vendió su voto fue condenada y tal vez lo sean el ministro de "protección social" y el embajador en Italia.
Pero el beneficiado seguramente saldrá incólume, como suele suceder. El mal ejemplo cunde y un país que negocia con los votos de los más altos funcionarios del gobierno no es una democracia sino el remedo de una democracia.
A propósito, eso de la "seguridad democrática" parece un chiste, porque se entiende que los gobiernos democráticos, todos, están en la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos del país, si no, ¿para qué son elegidos?
En medio de tanta noticia negativa, sin embargo, parece que el país está resuelto a enderezar su curso y castigar a los culpables de graves delitos contra la estabilidad de una nación que está hundida hasta el cuello de sangre, de delitos, de anarquía, de miseria y explotación a las clases más pobres de una sociedad que necesita educación, empleo y servicios de salud imprescindibles. En buena hora la olla se está destapando.
La compra de votos ha sido costumbre en nuestro lindo país colombiano. Viene de atrás, de las malas costumbres republicanas cuando liberales y conservadores para mantenerse en el poder empleaban como la mejor inversión comprar a la gente del pueblo con halagos y mentiras, como las promesas de trazar carreteras, construir hospitales, escuelas, etc.
Después regalaban materiales de construcción para quienes tenían lotes y edificaban su casita o urbanizaciones enteras.
Pero lo que estamos viendo ahora es el colmo de la desvergüenza, cuando son miembros del Congreso los que se venden por un voto para reelegir presidentes. Claro que la que vendió su voto fue condenada y tal vez lo sean el ministro de "protección social" y el embajador en Italia.
Pero el beneficiado seguramente saldrá incólume, como suele suceder. El mal ejemplo cunde y un país que negocia con los votos de los más altos funcionarios del gobierno no es una democracia sino el remedo de una democracia.
A propósito, eso de la "seguridad democrática" parece un chiste, porque se entiende que los gobiernos democráticos, todos, están en la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos del país, si no, ¿para qué son elegidos?
En medio de tanta noticia negativa, sin embargo, parece que el país está resuelto a enderezar su curso y castigar a los culpables de graves delitos contra la estabilidad de una nación que está hundida hasta el cuello de sangre, de delitos, de anarquía, de miseria y explotación a las clases más pobres de una sociedad que necesita educación, empleo y servicios de salud imprescindibles. En buena hora la olla se está destapando.










Alejandro, no estoy tan optimista en cuanto a la erradicación del clientelismo y la corrupción electoral porque la sociedad se acostumbró a verlo como normal. Esto en la Costa Atlántica es una verdadera plaga. Se necesitaría 1) deslindar a los dueños de la tierra de las funciones representativas, especialmente las legislativas, 2) que establezcamos, como en Europa, el ascensor social,función que en nuestro medio cumple el delito como el narcotráfico y/o para que no sean siempre los mismos los que tengan la sartén por el mango y el mango también. Los cargos públicos se entregan mediante concursos anónimos y salvo en los ministerios u otros cargos de confianza en el ejecutivo, todos los cargos serán de carrera o de períodos fijos y no se perderían sino por incompetencia o por faltas señaladas por la ley. Así que las insubsistencias quedarán prohibidas y el funcionario al ganar en estabilidad podrá ejercer su función honestamente.
Esto es un mínimo. Castigar y no sembrar las bases de una función pública capaz y estable es como tirar pólvora en gallinazo.
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