Uribe tomó hoy la decisión de separar del servicio a 25 miembros del Ejército, entre ellos tres generales, como parte de las investigaciones internas sobre el caso de once jóvenes desaparecidos en Soacha y reportados como dados de baja en combates con la guerrilla en Ocaña.

Actualmente más de 800 miembros del Ejército y la Policía Nacional están siendo investigados por su presunta participación en "falsos positivos", según informa hoy El Colombiano.

Un informe de la Fiscalía revela un preocupante fenómeno entre las Fuerzas Armadas: 99 oficiales son investigados por asesinatos o montajes para presentar bajas enemigas como si fueran muertes en combate.

En el informe, conocido en exclusiva por la agencia AP, se consigna que entre los oficiales investigados hay seis coroneles. Además son indagados 113 suboficiales y 480 soldados. En total, entre militares y policías, los investigados por los "falsos positivos" son 803.

800 miembros de la fuerza pública presuntamente implicados en los
falsos positivos, no pueden considerarse como "casos aislados", que es
el eufemismo empleado por el Estado colombiano cuando debe referirse a las violaciones de derechos humanos, donde el autor es uno de sus agentes.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía adelanta, además, 558 investigaciones, donde se indaga por las muertes de 933 hombres y 82 mujeres (43 eran menores de edad), que fueron reportadas como "muertas en combate", principalmente ocurridas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Meta.

La medida adoptada por Uribe —de hacer esta purga dentro del Ejército— es correcta, aunque lamentablemente tardía. De haber escuchado con mayor atención las denuncias sobre los falsos positivos que se venían haciendo desde hace varios años, seguramente muchos colombianos inocentes se habrían salvado de ofrendar sus vidas ante el altar de la seguridad "democrática".

Uribe también es responsable de los "falsos positivos" por su omisión y demora para adelantar las investigaciones necesarias y judicializar a los responsables.

Habría que preguntarse también de donde surgen los falsos positivos y su relación con un concepto de la seguridad nacional donde se ha privilegiado durante los últimos años el conteo de "positivos" como indicador de éxito. Los falsos positivos son el resultado directo de una concepción y aplicación de la seguridad nacional, que no implementó desde un principio los controles necesarios para garantizar el ejercicio democrático de la fuerza pública.

Con esta decisión Uribe da un timonazo en la aplicación de su seguridad "democrática", tal vez como resultado de algunos cambios en el contexto internacional, a los que no puede ser ajeno.

El más protuberante de ellos es el inminente cambio de ideología en la Casa Blanca. Si nos guiamos por los discuros, Obama no tolerará otro Abu Ghraib y no soportará los falsos positivos en Colombia, encubiertos bajo el pretexto de que son "casos aislados".

Pero además, el cambio de posición de Uribe da cuenta de su preocupación por la creciente atención que el caso colombiano desperta dentro de la comunidad internacional de defensores de derechos humanos y la Corte Penal Internacional.

Tal vez con la decisión de hoy el mundo comience a ser conciente sobre el desastre humanitario que se oculta bajo la propaganda oficial de la seguridad "democrática", del que forman parte además de la desaparición forzada, el desplazamiento, las detenciones ilegales, la limitación de los derechos de la oposición, la violación del derecho internacional, entre otros.