Por: Rebeca Padrón

Encuentro inverosímil el contenido de algunas versiones periodísticas, según las cuales a raíz de las verificaciones de los desaparecidos de Soacha, se ordenó una inspección administrativa que desveló una serie de irregularidades y negligencias en la cadena de mandos del Ejército Nacional.  Se dice incluso que los veintisiete oficiales destituidos no son responsables directos de las desapariciones, sino más bien de no vigilar a sus subalternos.   ¡Pamplinas! ¿Estarán los soldados actuando por su cuenta y riesgo?

A nadie con mediana inteligencia le harán creer que la oficialidad no sabía, cuando menos, lo que ya se tornaba una rutina en la frecuencia de las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales o como lo denominan ahora "falsos positivos". Los altos mandos del ejército estaban enterados como lo estaba el Presidente de la República de que el ejército causaba, directa e indirectamente,  centenares de desapariciones de civiles. Igualmente lo sabían el ministro de Defensa y los demás ministros, el Fiscal General y el Procurador, los congresistas, los embajadores y hasta los purpurados, porque nadie conoce mejor la situación de la población colombiana, de punta cabo, como la Iglesia. Y es que las estadísticas de los "muertos en combate" nutridas por la indefensión de la población rural viene de lejos.

Desde 1.977 se mantiene una constante en desapariciones forzadas acompañadas de otros tantos delitos. Los distintos gobiernos han sido informados sobre estos hechos por organizaciones de alta credibilidad en el mundo entero como Amnistía Internacional, FIDH, Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Humans Rights, OIT o por las distintas fundaciones y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de carácter nacional como la comisión intercongregacional de Justicia y Paz o la fundación por los desaparecidos ASFADES. Son miles las denuncias.

En el año 2.006, había 7.800 desapariciones registradas en ASFADES según las declaraciones de su directora, y ésta calculaba entonces que los casos podían llegar a los quince mil ya que el temor y las amenazas impedían a numerosas familias llevar al registro las desapariciones de alguno o algunos de sus miembros, dentro de un contexto de conflicto y terror. Pero el presidente y su ministro de defensa, igual que los anteriores, lo han negado reiteradamente sin cuestionarse nunca esta conducta  encubridora ante los crímenes cometidos por uniformados.

Ante tantas denuncias ¿por qué no ordenó el señor Presidente una investigación independiente de la militar para determinar si eran ciertas o no las acusaciones? Creo tener la explicación: el gobierno sabía que estos señalamientos al ejército eran una triste y macabra realidad, y eligió entre el aporte y los resultados de la guerra contra las FARC o el desmorone moral y psicológico al aceptar que había víctimas inocentes de los actores armados. Entonces resolvió hacerse el de la vista gorda ya que lo mejor era no investigar. Así se podían seguir negando las acusaciones. Al mismo tiempo lanzaba imprecaciones contra las ONGs, tildándolas, ante el país, de facilitadoras del terrorismo por su persistencia en sacar a la luz lo que estaba ocurriendo a la sombra de "la Seguridad Democrática". Si el Presidente tuviese un mínimo de vergüenza, tendría que pedirles excusas a esas entidades que nos ayudan a rescatar la dignidad humana pisoteada. Y dichas excusas debería pronunciarlas como lanzó sus diatribas, es decir ante todo el país.

Un gobierno que vive enterado hasta del mínimo gesto que haya hecho Petro a algún supuesto testigo, que antes del estreno, se entera hasta de la mera alusión a la cocaína colombiana en una oscura pieza de teatro de París, que conoce al dedillo los nombres y los números de camisetas vendidos por fligther lovers o algo así en pro de las FARC. Y ese mismo gobierno pretende hacernos creer que no tenía conocimiento de los "miles de muertos en combate y/ o desaparecidos" "legalizados", bajo su gobierno, en su país, en su guerra,  incluso dentro de su departamento de origen. No, no nos crean tan estúpidos.

El General Mario Montoya ha sido cuestionado internacionalmente por sus aún no esclarecidas conductas en la operación "Orión" en las comunas de Medellín. El mismo Presidente Uribe en persona, se negó ante los senadores demócratas de U.S.A a investigar las operaciones del general Montoya. ¿Por qué? Si el general Montoya es inocente, mayor razón para investigar. Así se puede lavar su honor de toda sospecha o acusación.

Dice el Presidente Uribe que su gobierno es el que ha destapado estos hechos horrorosos y enfrenta la verdad. ¿No será más bien que la verdad se le ha reventado en la cara?

Las desapariciones forzadas surgieron como método militar de aniquilar al enemigo interno en la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala.  ¡Ah, si las caballerizas hablaran!. Hubo denuncias de desaparecidos en la época de Belisario Betancurt, en donde los del Palacio de Justicia son los más conocidos, y bajo el gobierno de Samper y de Pastrana. En el período de éste último ya se daban incentivos por "bajas en combate". En un principio los "desaparecidos" eran sindicalistas, estudiantes, huelguistas y líderes sociales, luego como la "baja en combate" tenía un valor apreciable para los ascensos, viajes y promociones, el monstruo se volcó hacia la población rural por ser la más anónima, la más desprotegida y la que menos interés despertaba en los medios urbanos y por consiguiente a la que más fácilmente se le podía acusar de guerrillera.

A continuación transcribo algunos apartes en el proceso abierto por las denuncias del soldado-mártir, Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, contra el general Rito Alejo del Río y compañía, el cual fue precluído por el fiscal Osorio:

(…….)

1. En el manuscrito de finales de 1998 cuyo texto se encuentra repetidas veces en el expediente No. 426 de la UNFDH y en el No. 5667 del despacho del Fiscal General, denuncia lo siguiente:

Se percibía una especie de competencia por producir el mayor número de "bajas", entre los comandantes del Batallón Coyará, siendo las "bajas" todas "leglizadas" en coordinación con los paramilitares, es decir, todo muerto debía "legalizarse" como si hubiera muerto en combate.

Un paramilitar le contó a él que un comandante de batallón o brigada le había dicho al líder paramilitar Hernán Giraldo, que si la situación de los paramilitares se ponía difícil, él los protegería incorporando trescientos paramilitares al Ejército.

Ejército y Policía están matando población civil en unión con los paramilitares, pues él lo ha visto. (….)

En julio de 1997 el Batallón Coyará "legalizó" a unos campesinos asesinados en La Llorona y los hizo pasar por "bandoleros" poniéndoles armas de paramilitares. (….)

-En Villa Arteaga también mataron a varios civiles a los cuales presentaron como "guerrilleros". Allí el Mayor Chinome le ordenó a él y a otros soldados, vestirse de guerrilleros y parar un bus cuya placa les transmitió por radio, señalándoles a unas personas que venían de Pavarandó, en determinados puestos y con determinada ropa, a las cuales hizo bajar, para que luego las mataran y las "legalizaran" en La Llorona. (….)

-"La legalización consistía en que se cogía a la gente, fuera quien fuera, los civiles, de Tierra Alta, Valencia, San Pedro, Mutatá, los hacíamos vestir de guerrilleros y les decíamos que nos iban a servir de guías para mostrarnos un sitio que no conocíamos, y más adelante los matábamos y se les cogía el dedo este (el testigo muestra el dedo índice derecho y lo curva) y con ese dedo que le poníamos en el gatillo de las armas y disparábamos después de que estaban muertos y así quedaban legalizados". Dice que las "bajas" debían quedar registradas en unas carpetas, pues cada año se elige al batallón que más bajas tenga.

Afirma al final: "sé que por esto me van a matar y quiero decirle esto a los comandantes; (….)

-Y" siempre hubo incentivos para cometer estas bajas en combate". A quien más bajas produjera se les enviaba al Sinaí. 

– En el mismo documento se agrega: "También recuerda a un soldado Palacio que mató como a 80 personas y fue enviado al Sinaí y lo tenían en el cuadro de honor de la Brigada; (…)"[1].

Miles de colombianos de las zonas rurales han sido "legalizados como bajas en combate" sin que hasta el momento la sociedad haya querido darse por enterada de lo que en silencio viene tolerando . Porque para mí el mal mayor está en la sociedad que todo lo permite. Y es que nos hemos transformado en una sociedad "desalmada". Nada puede excusar estos crímenes porque aún en el evento de que sean guerrilleros vestidos de campesinos (como a menudo se afirma), el deber entonces es el de detenerlos y presentarlos ante los jueces de la República para su juzgamiento y no ejecutándolos. Es así como funcionan las instituciones dentro de la democracia.

Ahora con las nuevas tecnologías y con el registro unificado de detenidos y desaparecidos va a resultar muy difícil que sigan los gobiernos y el país dándoles la espalda a los desaparecidos o asesinados por los agentes del Estado en esa Colombia desprotegida y miserable a la que abandonamos a merced de los violentos.

Este pueblo ha padecido y padece inmensamente pero llega el momento en que el sufrimiento es capaz de romper las barreras del miedo y entonces la verdad explota con toda su crueldad sobre nuestros rostros, encendiendo la turbiedad de nuestras almas.

Es una conducta infame la de nuestros gobernantes, el haber silenciado tantas atrocidades para que unos genocidas disfruten de sus medallas, ascensos, honores, viajes, permisos y otros, sobre la sangre, el luto y las lágrimas de numerosas familias de esta patria.

- Las desapariciones forzadas están clasificadas como crímenes contra la humanidad y no son amnistiables bajo ningún concepto al mismo tiempo que son imprescriptibles.

- Los responsables de crímenes contra la humanidad han de ser enjuiciados y las comisiones de la verdad no reemplazan el deber de enjuiciarlos.

[1] Pasión y muerte de un denunciante en Colombia