Por: Rebeca Padrón Vergara
 

Nacemos libres y todos los individuos tenemos la condición de gozar de esta libertad sin sumisión alguna. Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre los demás como tampoco otros el de obedecer o ser sometidos. La autoridad, pues, no tiene otra fuente que la voluntad libre de las personas, expresada en un mandato que confiere poder a los gobernados. Y aunque la libertad es nuestra condición natural, el desarrollo de la vida en colectividad y el espacio geográfico que ocupamos necesitan ciertas regulaciones y gestiones que permitan la conservación y el crecimiento individual dentro del crecimiento colectivo y viceversa.

Esta razón es la que nos empuja a renunciar a una parte de nuestra libertad y lógicamente conferimos, a una persona o grupo, el poder para la administración y reglamentación de la cosa común y  - como en un contrato de mandato -  se fijan los límites y duraciones del poder, objeto, facultades y obligaciones previamente establecidas en constituciones y leyes, a las cuales los mandatarios deben sujetarse.

Y como el renunciamiento a parte de nuestra libertad implica una delegación de autoridad en el mandatario, igual se fijan las restricciones a esa autoridad de la manera antes mencionada ya que ningún hombre puede ser legítimamente tan omnipotente que sustituya la voluntad de los demás hombres y ningún hombre no puede ni debe entregarle su libertad y decisión totalmente y sin reservas a otro hombre así resulte de su propia libertad el no ejercer algunos de sus derechos.

Resulta pues que la autoridad del gobernante viene del consentimiento del pueblo gobernado y las condiciones que justifican o hacen necesario ese poder deben volverse necesariamente útiles al conglomerado social,  objeto del mandato y razón por la cual sometemos nuestra libertad, lo que a su vez implica nuestra responsabilidad al elegir al ciudadano o ciudadanos que vamos a legitimar.

De la misma manera actuamos cuando para redactar o modificar estas normas, la colectividad elige a quienes en su nombre han de cumplir tal menester. De ahí se colige que estos representantes no deben tener otra vocación que la de dictar las reglas y condiciones de la administración y regular los derechos y libertades para que lo autoritario del poder no aplaste al representado y sea ventajoso y útil a la sociedad.

Y esta es la explicación lógica por la que nos resulta inaceptable que sea el mandatario quien cambie las reglas del contrato a su antojo o parecer, como igualmente inaceptable el que sus gestiones o ejecuciones mandaticias sólo se hagan en beneficio de un reducido grupo de la colectividad o de empresas transnacionales, por encima del bienestar e interés de la mayoría de los ciudadanos gobernados, legitimadores del poder.

El gobernante debe procurar que su administración se haga en interés de todos y manejar los bienes nacionales como lo que son, bienes ajenos.

En Colombia sucede exactamente todo lo contrario. Una vez elegido el gobernante, en cuanto puede, suprime o modifica las normas que le estorban o le fijan límites a su autoridad. Y aquéllos, elegidos para representar a los gobernados en la creación de las leyes se tornan, una vez elegidos, en alcahuetas del gobernante, abandonando completamente la representación de los electores y la obligación de protección del interés común. Así en un sistema corrupto-clientelista de "dame tu voto te doy este cargo" se abandonan los principios que dan origen y legitiman la autoridad.

Con las manos sueltas y la representación dominada, el siguiente paso es la libre disposición de los bienes nacionales que no son otros que los que la naturaleza nos ha proporcionado en mares, suelo y subsuelo. Estas riquezas las manejan como cosa propia aunque se extraigan del espacio geográfico común, se regalan, dilapidan, se entregan a alcabaleros prostituidos para que generen utilidades a unos pocos, no sólo sin el conocimiento de los verdaderos propietarios de estas riquezas dilapidadas sino también haciéndoles asumir los riesgos y perjuicios que causan con la explotación.

Y como si esto fuera poco, cuando se trata de empresas transnacionales, perdón, de la inversión extranjera, se les ofrece el perdón de las cargas fiscales por los beneficios que obtienen y una mano de obra tan barata que la esclavitud resulta más costosa en comparación. El interés público es sometido al beneficio particular. Se dañan los grandes ríos que nutren a casi todo el país – un ejemplo con el mercurio que se utiliza en la explotación del oro -, se cava una fosa inmensa -17 veces el Canal de Panamá repetía Luis C. Galán - de donde se extrae el carbón, se dañan los campos petrolíferos para que el agua penetre y separe el crudo,  se talan los bosques para sembrar palma y al pueblo le queda el lastre de hacer frente a las grandes inundaciones y a la carencia de alimentos etc…

Las tierras fértiles, especialmente en los valles de nuestra rica hidrografía, que sembradas no sólo darían una alimentación variada y equilibrada a todos los nacionales, sino que sería buena fuente de ingresos pues estos suelos tan fértiles, explotados adecuadamente darían para consumir y exportar sus excedentes. No obstante, estos valles se llenan de semovientes que perjudican la tierra pero que al pertenecer éstos al gobernante o a sus allegados o a los representantes del pueblo gobernado hacen que toda posibilidad de cambio resulte nula.

Se destruye la biodiversidad para imponernos el monocultivo de la palma, como en otra época nos impusieron el del café. No sólo no son cultivos alimenticios sino que nos condenan a la dependencia de sus altibajos productivos, aumentan la pobreza en la diversidad vegetal de nuestros suelos, al mismo tiempo que incrementan la desnutrición  del campesino.

Se mata, se amenaza o se expulsa a los ciudadanos, grupos sociales o tribales asentados en territorios codiciados por las grandes empresas tanto nacionales como extranjeras y el mandatario que hemos elegido con el fin de que ejerza las funciones de gestor y administrador de la cosa común para el provecho y utilidad de todos los gobernados, envía a su ejército, pleno de glorias diluidas vergonzosamente en la sangre de sus connacionales, para que cuiden y defiendan los intereses privados de los antes mencionados y que se les despejen todos los estorbos - incluso humanos - al enriquecimiento rápido y sin grandes contraprestaciones.

Y se preguntará alguien ¿dónde están pues los mandantes que permiten tantos desafueros? Porque cuando tanto hombre elegido como representante está vinculado con los carteles del hampa o colecciona vínculos inconfesables, cuando sus hilos enredados en las tramas del código penal, cuando ocurren de manera reiterada los hechos antes expuestos, el problema mayor está en los mandantes que han legitimado una mala elección. Entonces ¿dónde están?

Observamos que algunos, corrompidos, están recogiendo las migajas que caen de la mesa de los Epulones. Otros embrutecidos de alcohol o de rezos y folclor, con la indiferencia de quien no ve más allá de su goce y comprensión. Otros, con la nariz cubierta y la esperanza puesta en tener un día la ocasión  de poder doblar la cerviz a cambio de un ascenso, un puesto o lo que sea. Sólo un puñado de valientes decididos a no callar, a limpiar y a replantar los valores de justicia, dignidad y paz y por ello ponen su empeño y su tranquilidad  para que otra Colombia sea posible.