Si algunos ingenuos creyeron que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el temible organismo de inteligencia adscrito al despacho del Presidente de la República de Colombia, ya había ingresado al cauce del Estado de derecho, la última investigación de la revista Semana revela que las interceptaciones ilegales a la oposición siguen siendo una práctica generalizada.

Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Entre los chuzados se encuentran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, líderes de la oposición e inclusive  miembros del gobierno. El Espectador ha publicado una lista preliminar de personalidades que estaban siendo chuzadas por el DAS.

El DAS se ha convertido en una fuente de inteligencia para los más oscuros intereses y no parece existir un control político ni técnico sobre el organismo dependiente de la Presidencia de la República. La agencia de inteligencia ha derivado en una especie de KGB colombiana y es en este momento el instrumento preferido del gobierno para controlar a la oposición legítima. 

No puede desconocerse que el DAS lleva muchos años actuando por fuera de la Constitución y las leyes, y que ha terminado por convertirse en una verdadera amenaza para la menguada democracia colombiana.

Por eso es válida la opinión expresada por el Nuevo Siglo:

La responsabilidad total y exclusiva del escandaloso caso de las grabaciones ilegales denunciadas por la revista Semana corresponde al Estado. Dentro del Estado el responsable es, desde luego, el Ejecutivo. Y en el Ejecutivo es el Departamento Administrativo de Seguridad, un despacho adscrito directamente al Presidente de la República. Y no existe excusa o decir que justifique una actitud tan irregular y tan claramente inconstitucional.

En efecto, con esa conducta se ha herido grave y malamente lo que queda de tejido democrático cada día más destrozado con arsénicos de este tipo. Ya no sólo son los “falsos positivos” que han escandalizado al mundo, o el intempestivo e irritado cambio de las reglas institucionales para favorecer reelecciones monocráticas y con ánimo perpetuo, sino que la Nación ha quedado notificada de todo cuanto viene ocurriendo de modo soterrado y evidentemente anómalo con las grabaciones ilegales generalizadas, así se quiera cerrar los ojos ante evidencias tan fehacientes. Esta, sin duda, no es la Colombia conocida, querida y tradicional, una que con todas sus vicisitudes y dificultades podía preciarse de ser abierta, democrática y libre. La férula de la intimidación por la vía de las escuchas, la información adquirida a través del prevaricato y el abuso de autoridad, la atonía cómplice frente a circunstancias tan extravagantes, la violación a la libertad de expresión y la intimidad, el uso de aditamentos extranjeros que se presumían para capturar a los delincuentes y que en cambio se vuelven contra los ciudadanos que los juzgan, denuncian y persiguen, ejemplifican protervos procedimientos que ni siquiera se practican en regímenes que los mismos colombianos cuestionan, como el de Hugo Chávez.

La investigación de Semana ya produjo el retiro del Subdirector de Contrainteligencia y el allanamiento de dependencias del DAS por parte de la Fiscalía. El Fiscal General, Mario Iguarán, ha ofrecido además beneficios legales a quienes colaboren dentro de la investigación  para establecer los autores de las interceptaciones ilegales.

Lo que ahora muchos se preguntan es qué hacer con el DAS? Como producto de un escándalo anterior ya se había creado una comisión de alto nivel con el encargo de proponer reformas a la institución, algunas de las cuales ya se estaban implementando. Es evidente que con un resultado negativo.

El DAS hay que intervenirlo y desmontarlo. Así de sencillo. Hay que hacer una purga profunda y volver a crearlo, eso sí, conservando su caracter civil, y manteniendo alejada cualquier injerencia de las Fuerzas Armadas.

La propuesta de "reestructurar" el DAS que pretende liderar el actual Director es simplemente un sofisma para tapar el escándalo actual y posiblemente continuar con los mismos procedimientos ilegales.

Lo insólito del caso es que el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, se declara una "víctima de esta infamia", siendo que según la investigación de Semana las solicitudes de infiltrar a la oposición provienen directamente del palacio presidencial. Uribe ha negado haber ordenado la infiltración.

"Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa. Los que me conocen saben que yo no actúo de esta manera", expresó el jefe del Estado.

Lamentablemente "los que lo conocen", que son 44 millones de colombianos, han sido testigos a lo largo de más de seis años de gobierno de la forma cómo Uribe tuerce la ley, miente y engaña en el ejercicio del poder.

La campaña para contrarrestar las revelaciones de Semana, como era de esperarse, ya se encuentra en curso. El argumento del gobierno es que también es víctima de una "red mafiosa" que se enquistó en el DAS. El Secretario General de la Presidencia ha dicho que "somos tan víctimas como los periodistas" (escuche el audio con las declaraciones).

El Director del DAS, Felipe Muñoz, ha dicho que desconoce si sus agentes mantienen contacto con funcionarios de la Presidencia de la República. Es evidente, después de lo que se ha revelado, que Muñoz o no sabe lo que ocurre dentro de la institución a su cargo, y en ese caso debe retirarse por negligente, o es cómplice de las infiltraciones.

Recordemos que las interceptaciones ilegales a cargo del DAS no son nuevas en este gobierno. Se trata de una situación recurrente y por tal razón no puede hablarse de que este este sea un "caso aisaldo". El DAS también se ha visto comprometido recientemente por sus vínculos con organizaciones narcoparamilitares y en casos de "falsos positivos".

Finalmente, cabe señalar que el nuevo caso de infiltraciones ilegales en el DAS se produce en momentos en que el Ministro de Defensa y el Canciller se aprestan a reunirse con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y con miembros del Congreso de ese país, en un esfuerzo por establecer lazos con la nueva administración demócrata y contrarrestar las denuncias en aquél país sobra la limitación de los derechos y las libertades civiles en Colombia.

No cabe duda que los demócratas no están viendo con buenos ojos que el organismo de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República esté interviniendo las comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación y los partidos de oposición. Eso puede sonar relativamente normal a los oídos de un colombiano promedio o del gobierno gringo hace apenas dos meses. Pero en el Congreso gringo y en la Casa Blanca de hoy eso suena simplemente como lo que realmente es: la práctica típica de un régimen no democrático tendiente a reprimir la oposición política.