Hoy martes un tribunal de la Corte Suprema del Perú concluyó que el ex presidente Alberto Fujimori es culpable del delito de homicidio por las matanzas cometidas por militares en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y por el secuestro del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti ocurridos en 1991.

El presidente de la Corte, César San Martín, informó a la prensa que "El tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados. Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria”.

Esta es la segunda condena que recibe Fujimori, quien cumple una sentencia por usurpación de funciones, y enfrenta otros dos procesos por corrupción.

¿Qué enseñanzas le deja la condena a Fujimori a las democracias latinoamericanas y especialmente a Colombia?

En primer lugar, esta condena nos recuerda que en un Estado democrático importan tanto los fines como los medios, y que existe una relación directa entre ellos. En la búsqueda de las metas e ideales de una sociedad democrática, como la convivencia social, la paz o el desarrollo, el Estado y sus agentes temporales no pueden hacer uso de mecanismos como el terror, el crimen y la violación de los derechos humanos. El alto tribunal peruano nos está recordando, en últimas, que en aras de combatir el “terrorismo” , el Estado no puede recurrir al terrorismo de Estado. Esa lección de la justicia peruana debe aprenderla e interiorizarla el gobierno y la sociedad colombiana. 




Pero además, la condena de Fujimori también nos recuerda que la justicia del siglo XXI puede demorarse, pero existe una alta probabilidad de que finalmente llegue. La justicia cojea pero llega. Fujimori creyó encontrarse por encima de la ley durante su gobierno y aún cuando regresó en forma desafiante al Perú y no contó que su poder era temporal y que al final del camino lo estaría esperando un tribunal independiente, libre de los vicios nefastos que impuso su dictadura disfrazada de democracia, para juzgarlo por los delitos cometidos contra la sociedad peruana. El mensaje es contundente: Fujimori no estaba por encima de la ley. Esa lección debería aprenderla como una ley de hierro el señor Uribe Vélez.

Por último, esta condena nos debe permitir entender plenamente que la popularidad no equivale a legitimidad y que ella no conduce a la legalidad.  Fujimori gobernó durante diez años el Perú con mano de hierro y con una inmensa popularidad, que el percibió como un respaldo unánime a su estrategia contrainsurgente que incluía el uso de todos los medios a su alcance, aún aquellos que estaban por fuera de la ley. Fujimori convirtió la popularidad transitoria en una patente de corso para pasar por encima de la ley y quebrantar el orden institucional. Hoy se sabe que Fujimori manipuló a la sociedad peruana a través de la cooptación legal e ilegal de los medios de comunicación. El producto de dicha manipulación fue presentado por Fujimori como el respaldo a su forma dictatorial de gobierno. Que un gobernante sea popular no significa que sus actos sean legales o legítimos: ahí están Hitler, Mussolini, Pinochet y Fujimori para atestiguarlo. Un sector de la sociedad colombiana está en tránsito de aprender esta lección.

Colombia debe verse reflejada en el espejo del Perú y no debería extrañarse que en 10, 15 ó 20 años Uribe tenga que rendir cuentas ante un tribunal nacional o internacional por sus abusos de poder.

Actualización

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De la gloria al infierno

La Cantuta